Mejoras en la seguridad, pero críticas a la privacidad: el polémico sistema de vigilancia de Buenos Aires

Era 2019: Mauricio Macri era presidente de Argentina, y su correligionario en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, gobernaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, junto con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsaron el “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos” (SRFP): cámaras puestas en las calles de la ciudad que permitirían identificar rostros de delincuentes prófugos en menos de medio segundo.

Macri ya no está en la presidencia, pero Rodríguez Larreta sigue gobernando la capital transandina. En mayo de este año, el jefe de gobierno porteño anunció que el 75% del territorio bajo su jurisdicción estaba cubierto por este sistema de videovigliancia: 15 mil dispositivos estratégicamente distribuidos. “Permite actuar cuando aparece un delito, cuando se lo detecta desde las cámaras. Segundo, porque además las cámaras generan un efecto disuasivo: donde los delincuentes saben que hay cámaras, en esos lugares hay menos delitos, porque saben que los tenemos vigilados”, declaró entonces el político argentino, que además destacó la utilidad de estos registros para constituir evidencias en los juicios.

El sistema está conectado a una base de datos, la Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas), que reúne los pedidos de captura de toda Argentina. En la evaluación del sistema, Patricia Bullrich señaló: “Llevamos ya 9.960 prófugos que hemos podido devolver a la cárcel, de todo tipo de casos”. Sin embargo, en septiembre la justicia porteña declaró inconstitucional este sistema: una serie de errores habría llevado a los jueces a sostener que se trataba de violaciones a tratados internacionales, leyes de privacidad y protección de datos personales.

Hace unos días, Rodríguez Larreta afirmaba en el programa “A Dos Voces”, que se emite por el canal Todo Noticias: “Hoy Buenos Aires es la ciudad más segura de toda Latinoamérica”. Aunque no es completamente cierto, la capital transandina es una de las ciudades con menor tasa de homicidios “dolosos”, o sea, con intención: se ubica tercera, solo bajo La Paz y Brasilia, según indica el medio Chequeado.

Julio Burdman, cientista político de la Universidad de Buenos Aires, comenta la situación: “El tema de la seguridad de Buenos Aires experimenta en el largo plazo algunas mejoras, pero sigue siendo una ciudad donde la seguridad podría mejorar. Lo que disfruta la ciudad de Buenos Aires es la comparación con el conurbano, la comparación con el Gran Buenos Aires, que son zonas infinitamente más inseguras, y eso a la ciudad le da un prestigio en materia de seguridad pública”.

En las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, quien se presentó como candidato a diputado por la alianza opositora Juntos por el Cambio fue Diego Santilli, el cual venía de ser ministro de Justicia y Seguridad en la ciudad de Buenos Aires. “Él hacía campaña prometiendo que siendo diputado por la provincia, iba a promover leyes como las que se utilizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por lo tanto, todo esto sigue siendo muy importante en la imagen pública de los políticos de Juntos por el Cambio y el PRO en particular, porque más allá de los datos objetivos, hay una sensación de que la administración de la seguridad es mucho mejor en la ciudad”, comenta Burdman.

Por eso mismo, políticas como el sistema de vigilancia en Buenos Aires mantienen cierto prestigio. Fuentes desde el gobierno de la ciudad, en conversación con La Tercera, comentaron algunos de los resultados del reconocimiento facial en la mejora de la seguridad porteña: “El sistema de reconocimiento facial de prófugos permitió la identificación de 2.046 personas buscadas por la justicia, en casi un año de funcionamiento. Esta respuesta positiva del sistema resultó trascendente a la hora de poner a disposición de la justicia a 470 personas con detención inmediata por delitos graves como homicidios, abusos sexuales, estafas, robos en todas sus modalidades”.

A mediados de este año, se supo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había conseguido, gracias a los sistemas de videocámaras, acceder a los datos biométricos de cerca de siete millones de personas: esto, sin que hubiera requerimiento judicial para esto. El juez Roberto Gallardo abrió una investigación, luego de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino presentara un recurso de amparo contra el sistema.

Se habló de “espionaje” por parte del gobierno porteño, y de hecho se encontró en la base de datos del sistema los datos y registros del Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la recientemente fallecida líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, además de cientos de personalidades vinculadas a los derechos humanos, política y justicia. De hecho, no había juez en Buenos Aires que pudiera hacerse cargo de la investigación, ya que todos formaban parte de las personas registradas por el sistema.

Según el diario Página/12, el dispositivo se había instalado originalmente para encontrar a los prófugos, y eso no superaba un universo de 50 mil personas. Sin embargo, se supo que el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires había realizado casi 10 millones de consultas entre abril de 2019 y marzo de 2022.

El historiador y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Pedrosa, comenta los supuestos espionajes del gobierno de Buenos Aires: “Yo creo que la política, con el tema de los espías, siempre hay un juego psicológico. Denunciar eso dentro de la comunidad política y elite social recuerda un poco a la dictadura, y por lo demás, me parece que es ridículo hacer seguimiento a CFK y Alberto Fernández, porque todo el mundo sabe lo que hace Cristina y lo que hace Alberto, que es público”.

Además del espionaje, los defensores de la infancia también tenían sus reparos para con el sistema. En octubre de 2020, el entonces director de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco, se refirió a las falencias de la videovigilancia y los registros de menores en el Conarc, donde habían entrado hasta 166 niños y niñas. “Al publicar los datos personales de estos niños y niñas en línea, el gobierno nacional pone en riesgo su acceso a la educación, al trabajo y a la vivienda por el resto de sus vidas”, señaló Vivanco.

“En Argentina hay mucha sensibilidad con el tema de los datos. Siempre que surja o hay cruza de datos por parte del gobierno, aparecen voces muy críticas en los medios de comunicación, las ONG, la sociedad civil, etc. Esto tiene que ver tanto por el celo que existe sobre el funcionamiento de la actividad de inteligencia, que es muy criticada y ha atravesado sucesivas reformas para dar cuenta de estas críticas, como por la situación que afecta a Macri y Larreta (en Buenos Aires), que son gobiernos que acumulan muchos datos”, comenta Burdman.

Ejemplos de esta suspicacia hacia la recolección de datos en Argentina existen muchos: durante la presidencia de Macri, señala Burdman, hubo una corriente de opinión muy crítica de la acumulación de datos por la institución administradora de las jubilaciones. “Se decía que tenían muchos datos que eran utilizados políticamente para las campañas. Por ejemplo, también había contrarios al censo de la población, y de hecho hubo muchas actitudes de boicot al censo, sobre todo por parte de opositores al gobierno nacional en aquel momento, al gobierno actual del Frente de Todos. Entonces, respecto a la información que recopila el Estado, en Argentina hay una sensibilidad que, reitero, no creo que sea única, pero acá está muy presente”, comenta el cientista político porteño.

Finalmente, el 7 de septiembre la jueza porteña Elena Liberatori dictó la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), ya que se implementó “sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes”.

La resolución indica al respecto: “Resulta de prístina claridad que el SRPF posee inconsistencias y errores en los procesos administrativos de alta y baja modificación, observando también vestigios del entorno de desarrollo que deberían encontrarse solucionados al momento de implementarse en modelo de producción”.

La jueza también destacó un informe de la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma, donde se citaron varios casos de personas detenidas erróneamente “como consecuencia de alertas impartidas por la utilización del SRFP, es decir, por falsos positivos”. Aquello configura, señala Liberatori, una detención arbitraria que atenta contra el principio de inocencia.

Con esto, se declaró “la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del SRFP sin orden judicial constatable”. Consecuentemente, la Ciudad Autónoma debería deshacerse de todos los registros biométricos obtenidos en estos tres años.

“En Argentina la política está muy judicializada, así que cuando hay una medida un tanto polémica, en seguida la oposición -sea a nivel nacional o a nivel ciudad- la judicializa, y siempre hay un juez que está dispuesto a parar alguna ley. Entonces yo creo que no hay mucha explicación, sino la disputa política para explicar la inconstitucionalidad de esto”, considera Pedrosa.