Milei obtiene su primer triunfo en el Congreso y logra media sanción de proyecto para desregular la economía

Legisladores argentinos debaten sobre el proyecto de reforma económica del presidente argentino Javier Milei, conocido como "ley ómnibus", en el Congreso, el 31 de enero de 2024. Foto: Reuters

Con el apoyo de opositores dialoguistas, peronistas no kirchneristas y radicales, La Libertad Avanza logró la aprobación de la Ley Bases, y se apresta para la discusión en el Senado. De salir indemne en la Cámara Alta, Milei lograría contar con facultades delegadas, avanzaría en las privatizaciones y en una reforma laboral.


Ya en la mañana del martes, en La Libertad Avanza se podían observar sonrisas en el Congreso argentino. Y es que la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos, una versión acotada de la llamada “ley ómnibus”.

La sesión se anticipaba como maratónica, y así lo fue. Tras casi 30 horas de debate, el gobierno de Javier Milei, el Presidente de Argentina, logró la media sanción de su proyecto para la desregulación de la economía trasandina, piedra angular de su promesa política. Ahora, una nueva tanda de discusiones y negociaciones se avecina con su paso al Senado.

La alegría oficialista, visible en la transmisión del órgano legislativo transandino, iba más allá de una victoria por la aprobación general: también lograron aprobar en la discusión particular de la ley muchos de los puntos claves para el proyecto libertario, entre ellos las facultades delegadas para el Ejecutivo de Javier Milei, la posibilidad de privatizar numerosas empresas estatales -y participar en conjunto con privados en otras- y avanzar en una reforma laboral.

Los congresistas libertarios Romina Diez y Bertie Benegas Lynch durante el debate sobre el proyecto Ley Bases, en el Congreso, el 30 de abril de 2024. Foto: Reuters

En el detalle, la aprobación particular de estos temas le permitirá a Milei ampliar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que ya le entrega facultades extraordinarias. Además, contará con la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central, detalló La Nación. Para aprobar este último punto, el oficialismo cedió con la creación de una lista de una quincena de organismos públicos que no podrán ser disueltos por el Ejecutivo.

Con 142 votos a favor, 106 rechazos y 5 abstenciones, esta versión más pequeña de la rechazada a principios de año se erige como una de las principales victorias en cinco meses de gobierno mileísta. Congresistas que habían descartado apoyar la propuesta inicial de la Casa Rosada, ahora decidieron dar su voto a los importantes cambios que Milei busca implementar en Argentina.

La votación general recibió el voto en contra de Unión por la Patria, la Izquierda, dos socialistas santafesinos, diputados que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y los que dan cuentas a la cordobesa Natalia De La Sota. Al contrario, los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano, que meses atrás rechazaron el conjunto de leyes propuesto por Milei, ahora optaron por la abstención. Otros dos radicales decantaron por la abstención en vez del rechazo. Pero el bloque completo del PRO, así como casi la totalidad del radicalismo, se cuadraron con el gobierno.

En el entorno del mandatario, un funcionario cercano a Milei aseguró poco antes de las 9 hora local -indudablemente satisfecho, añadió La Nación- que iba “todo más que bien. Ya sabíamos el resultado”. Durante la mañana, el mandatario se limitó a retuitear publicaciones relativas a la aprobación del proyecto, pero en la tarde, se refirió a lo ocurrido.

“Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter. También se refirió al Pacto de mayo, señalando que “con este primer paso, estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de Mayo en La Docta, Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina”.

El entonces candidato presidencial argentino Javier Milei sostiene una motosierra junto a Carolina Piparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, durante un acto de campaña el 25 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Respecto a la Ley Bases, el gobierno, mediante su Oficina del Presidente, planteó de forma oficial que agradecía a los diputados ”que colaboraron en su elaboración, defendieron la norma en el recinto, y apoyaron con su voto las reformas que nuestro país necesita”.

También señalaron que “el pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en pos del futuro y el desarrollo de la Patria. La regencia de los protectores del statu quo concluyó el 10 de diciembre”.

Es la segunda ocasión en que el gobierno intenta que aprueben su reforma insigne para cambiar el modelo económico y político de la nación vecina. En el verano, el mismo Congreso ya le había aprobado en general la ley ómnibus, pero en la discusión particular, la mayoría del corazón de la propuesta fue rechazada de lleno, no solo por el kirchnerismo, sino también por parte de la oposición “dialogante”, agrupada en sectores del radicalismo, el provincialismo y el peronismo no kirchnerista.

Esta vez la situación se augura distinta, pues tras meses de discusión entre las provincias y el gobierno nacional, muchos de los congresistas que responden a los gobernadores -ninguno de La Libertad Avanza- aprobaron que esos votos claves en Diputados fueran positivos para la administración Milei.

Vale recordar que el bloque oficialista duro es muy reducido dentro del Congreso, y solo toma peso al sumarlo con el bloque del PRO, del expresidente argentino Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La otra gran porción de los asientos está ocupada por Unión por la Patria, que aglutina al kirchnerismo y otros sectores de la izquierda local. Por tanto, el tramo decidor en la aprobación y el rechazo de las propuestas radica en la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal, junto con diputados satélites a esos espacios políticos. Y en la votación, que todavía se discute, nuevamente fueron claves.

“El objetivo de esta ley es hacer una reforma del Estado”, dijo el diputado libertario Gabriel Bornoroni, quien añadió que el proyecto es “para los trabajadores de la Argentina”. También celebró que se van a “disolver organismos” para “terminar con el Estado elefante”.

En las antípodas, la congresista y excandidata presidencial Myriam Bregman disparó: “Lindo regalito les están haciendo a los trabajadores, les están dejando el presente para el 1 de mayo. La verdad, escandaloso”.

Manifestantes protestan frente al Congreso el día del debate sobre el proyecto de reforma del presidente argentino, Javier Milei, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

En respuesta al acuerdo fiscal en discusión, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un megaparo de transporte aéreo, terrestre y marítimo programado para el próximo lunes 6 de mayo.

La discusión pasa ahora al Senado, para lo que el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró ya estar trabajando. “Es un primer paso para impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”, celebró en X. “Seguiremos trabajando para su tratamiento y aprobación en el Senado convirtiendo finalmente en realidad la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pilar central para el resurgimiento de la Argentina”, añadió.

Victoria oficialista

La aprobación general estaría vacía sin que sea despachada con la votación particular de las normas, y así ocurrió con algunos de los elementos más importantes de la reforma. Nada más terminar la primera discusión, y pese a los reclamos opositores, se inició el trabajo punto por punto. De los 232 articulados de la norma, los relativos a las facultades delegadas, las privatizaciones, la reforma del Estado y la reforma laboral ya fueron aprobados, lo que es, a vista de la prensa local, una victoria clara del libertarismo.

En una muestra de que la derrota del verano caló en el oficialismo, este cedió hasta el último momento en temas complejos en los que estaba dispuesto a entregar, siempre que el corazón de su reforma se mantuviera. Pero en otros puntos centrales, como el impuesto a las ganancias, que ha sido duramente debatido entre la Casa Rosada y las provincias, la incógnita aún se mantiene activa.

Además de la ampliación de las facultades del Ejecutivo, Milei logró que se aprobara el capítulo referente a las privatizaciones de las empresas públicas por un amplio margen, con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones. Esto, principalmente, porque la amplia lista de 41 compañías que originalmente el gobierno quería que se incluyeran, fue reducida a una mucho más acotada.

De igual manera, cuenta con importantes empresas, tales como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, donde las tres podrían ser privatizadas en su totalidad. Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse) y Corredores Viales S.A., en tanto, podrían ser privatizadas de manera parcial.

Una pequeña victoria opositora, que contaba con amplio rechazo incluso en los sectores dialoguistas, era lo concerniente al Banco Nación y sus empresas subsidiarias, lo que quedó fuera del proyecto. Otra mayor, sin embargo, fue la aprobación en la reincorporación del impuesto al tabaco, pese a la negativa oficialista. Con 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones, se incluyó a pedido de un congresista radical un tributo discutido en la semana luego del fuerte lobby que las tabacaleras hicieron, detalló Clarín. El término es reincorporación porque, inicialmente, el tributo estaba incluido en el proyecto de enero, pero desapareció en el trayecto. Ahora será votado en el Senado.

Por otro lado, la administración Milei se anotó una alegría con la aprobación de una reforma laboral que apunta a “flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas”, detalló La Nación. Con esto, se pretende extender a seis meses el plazo de prueba para los nuevos trabajadores, lo que se podría ampliar hasta los ocho meses e incluso un año entero en el caso de las pymes, dependiendo del tamaño de estas.

El diputado Rodrigo de Loredo, de la UCR, en el debate de este martes. Foto: Reuters

Uno de los puntos señala que no se puede “contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba”, y que “el uso abusivo del período de prueba para evitar la efectivización de trabajadores será sancionable”. En dicho tiempo el trabajador tendrá derecho a prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo.

También se eliminará el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados. Sin éxito, los radicales intentaron sancionar los bloqueos a empresas, además de eliminar la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo, pero los libertarios bloquearon la iniciativa.

En cuanto al incentivo a los sectores hidrocarburíferos, mineros, agroindustriales y forestales, entre otros, se aprobó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dirigido a proyectos superiores a los 200 millones de dólares. Sectores opositores criticaron lo que, a su parecer, serán beneficios fiscales excesivos para grandes empresas y multinacionales que ingresen en el régimen.

Al respecto, Margarita Stolbizer, exmiembro de la UCR, aseguró que con esto “se promueve un desguace del Estado. Todas las obligaciones son para el Estado y las garantías son para los privados”. En la misma línea, el radical Fabio Quetglas añadió que la medida “favorece a los sectores concentrados”, mientras que desde el kirchnerismo, Leila Chaher apuntó: “Esto es anarcocapitalismo”.

Uno de los últimos puntos debatidos, que emergía como uno de los más álgidos de la jornada, era la reforma al impuesto a las Ganancias, ampliamente debatido con las provincias y los sectores “dialoguistas”. El resultado fue un éxito oficialista, con 132 votos afirmativos, 113 negativos y cuatro abstenciones.

En resumen, se fijó un gravamen de $1.800.000 de pesos argentinos para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados. Con esto, unos 800.000 trabajadores que estaban exentos del impuesto, ahora deberán pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%, detalló Clarín.

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