Millonarias compras de exclusivas casas: fiscalía pone en la mira a general (R) Martínez y abre causa por lavado de dinero

La salida del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, tensionó a gran parte de los funcionarios militares: renunció cuando entregaba su cuenta pública, luego de ser citado a declarar como inculpado por la ministra en visita, Romy Rutherford. Ese mismo día dio a conocer un informe sobre derechos humanos sin la autorización del gobierno de turno y para rematar se negó a ir al despacho de la jueza, pidió declarar en la casa institucional, aunque pese a todo esto finalmente fue procesado igual por la magistrada.

Fue una serie de trámites y diligencias que comenzó el 2 de marzo, cuando Martínez renunció a la institución que lideró por cuatro complejos años. Hasta ahora se le atribuye autoría por el presunto fraude al Fisco de más de $44 millones en el uso irregular de pasajes aéreos cuando iba a misiones en el extranjero y también debió estar en prisión preventiva por cinco días, antes que la Corte Marcial ordenara su libertad bajo fianza. A dos meses de iniciada lo que sus cercanos califican como “una procesión judicial”, el exjefe del Ejército deberá sortear un nuevo escollo.

Hace dos semanas llegó hasta la Fiscalía Centro Norte un documento firmado por la ministra Rutherford. En la misiva, la jueza ponía a disposición del Ministerio Público el “Oficio Reservados N° 108/2022 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, el cual daba cuenta de un reporte que la entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda, había enviado al tribunal militar el 9 de marzo. En el texto se dan cuenta de elementos que, según los antecedentes recopilados, permitiría sostener la existencia de indicios del delito de lavado de activos. Como la magistrada solo puede indagar delitos consagrados en la Justicia Militar (como el fraude o la malversación, por ejemplo), la norma que sanciona el ingreso de dinero ilegalmente obtenido al mercado, debe ser pesquisada por la Fiscalía.

Analizados los antecedentes, según explicaron fuentes del caso, la Fiscalía Centro Norte decidió abrir una investigación por lavado de activos, la que ya está en manos del fiscal jefe José Morales. El persecutor ya lleva dos indagatorias de este tipo en contra de los antecesores de Martínez: los generales retirados Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. El primero, incluso, ya fue formalizado por lavado de activos junto a su esposa Anita Pinochet.

Conocedores de las pesquisas dan cuenta que ya activaron la primeras diligencias en esta nueva arista que complica el escenario judicial del excomandante en Jefe. El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la UAF instala sus sospechas en la compra que hizo Martínez de una casa en Chicureo por más de $700 millones, la cual habría adquirido luego de vender otra propiedad por $430 millones. En particular lo que se busca despejar es de dónde sacó el general (R) la diferencia para adquirir ese inmueble y si, por ejemplo, dicho dinero podría tener un origen ilícito desde arcas fiscales.

Por lo mismo, el Ministerio Público ya pidió a distintas entidades financieras los antecedentes relativos a los movimientos de dineros de Martínez, especialmente la inversión de los $430 millones en fondos mutuos con los que contaba antes de comprar la residencia en Chicureo.

Según un informe del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, también del 9 de marzo, adjuntado en la causa, Ricardo Martínez Menanteau y su esposa María Militzer Puiggener son dueños en la proporción de un 50% cada uno de la parcela N° 105, de la Hijuela Quinta La Solución, comuna de Colina, Región Metropolitana, que adquirieron por la suma de UF 23.900 ($764 millones).

Además, este mismo reporte despachado por Rutherford a la Fiscalía detalla otra millonaria adquisición: una exclusiva propiedad en el Condominio Fray Martin, en la comuna de Las Condes, la que fue comprada por el matrimonio en 2015 en un precio de UF 26.520 ($848 millones).

Al ser consultado por la apertura de esta nueva investigación penal, el abogado del general (R), Juan Carlos Manríquez, indicó que “estimamos que es una excelente oportunidad para terminar d una vez con estas conjeturas que carecen de fundamentos. El patrimonio personal del general Martínez y de su familia es complemente legítimo y lícito, trazada con una auditoria de una gran profundidad elaborada por los más reputados profesionales en la materia, que el tribunal sabía que sería entregada a la mayor brevedad y que ahora aportaremos al Ministerio Público”.