Ministerio de Seguridad: proyecto estrella de Tohá queda a un paso de ser ley a pesar de rebelión regionalista

El resultado de 35 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones no fue fiel reflejo del momento de nerviosismo que vivieron este martes en el Senado la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y su par de la secretaría general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).

Con esa votación, la Cámara Alta finalmente aprobó, tras un tenso debate, el informe de la comisión mixta, integrada por diputados y senadores, que desde agosto trabajó para lograr un texto consensuado que destrabara la ley que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Dado que se trataba de una norma de quórum especial (mínimo de 26 senadores), hasta minutos antes de la votación, el gobierno no estaba seguro de que contaría con el respaldo de la sala, a pesar de que había un acuerdo técnico entre equipos del oficialismo y la oposición para destrabar esta iniciativa considerada el “buque insignia” de la agenda legislativa de Seguridad impulsada por Tohá.

En las últimas horas, se había desatado un fuerte lobby de gobernadores regionales que se declararon contrarios a este proyecto, ya que, a juicio de ellos, debilitaba el proceso de descentralización.

Sin embargo, a pesar de esta presión pública, con la aprobación del Senado, ahora corresponde que el informe, que resuelve los últimos nudos de la reforma, sea votado este miércoles en la sala de la Cámara.

Con ello, la ley que crea una secretaría de Estado -especializada en combatir la delincuencia, dirigir a las policías y mantener el orden público- quedaría en condiciones de ser revisada por el Tribunal Constitucional y su posterior promulgación y publicación por el Presidente Gabriel Boric.

Si bien esta reforma ingresó en 2021, durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se transformó en el proyecto estrella de Tohá cuando asumió en septiembre de 2022, ya que la creación de este ministerio era una antigua idea de las administraciones de la Concertación desde 1990. Incluso, la expresidenta Michelle Bachelet lo incluyó en su primer programa de gobierno en 2005.

No obstante, al margen de las diferencias ideológicas, la creación de esta cartera tenía una complejidad técnica, ya que no había acuerdo en cómo implementar la dirección de las policías a nivel regional y local, ya que Carabineros y la PDI son instituciones que tienen un mando nacional, a diferencia de otros países.

Por lo tanto, cómo resolver esa disyuntiva regional fue el principal problema de la tramitación.

Para salir de esa encrucijada, Tohá propuso empoderar al delegado regional presidencial como coordinador político en cada zona, a modo de que ejerza como jefe directo del futuro secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad, una suerte de sheriff, según la antigua usanza anglosajona, quien estará a cargo de conducir y atender a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El problema de esa fórmula es que molestó a grupos regionalistas, entre ellos los mismos gobernadores, ya que, a juicio de ellos, ese diseño implicaba regresar al modelo del antiguo intendente, quien -al igual que el delegado- era un funcionario designado por el Presidente de la República.

Este reclamo regionalista, que ya había sido levantado la semana pasada por la senadora y jefa de bancada DC, Yasna Provoste, fue formulado también por un grupo de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, Enrique van Rysselberghe y David Sandoval, además del independiente RN, Alejandro Kusanovic.

Fueron precisamente sus discursos los que alarmaron a los ministros, que temían que ese reclamo pudiese expandirse a otras bancadas. Incluso, en vista de la preocupación, Tohá pidió usar la palabra dos veces para despejar dudas y también hacer una severa advertencia. “¡Qué señal estamos dando en este debate! Si vamos a desentendernos de todo el esfuerzo que hemos hecho por años, los ciudadanos... que esperan acuerdos de nosotros, van a sacar muchas conclusiones que a nadie del sistema político van a dejar bien parados. Ni al gobierno, ni a la oposición ni al Parlamento... Pero si hoy el camino que se opta es quedarnos sin Ministerio de Seguridad, la señal es que la política no se la puede con los temas que son prioridad”, dijo la ministra.

Sus palabras fueron secundadas por los discursos de algunos senadores, entre ellos los UDI, Iván Moreira y Luz Ebensperger, además de Francisco Huenchumilla (DC) y Matías Walker (Demócratas), quienes llamaron a sus pares a la responsabilidad.

Hasta ese minuto había, incluso, senadores que se oponían a permitir que se abriera la votación o que se extendiera la sesión, lo que al menos ponía en riesgo que esta iniciativa se votara este martes.

No obstante, los llamados finalmente tuvieron efecto y la reforma se aprobó con una mayoría más holgada de la esperada, a pesar de los reparos técnicos.

En tanto, una ley corta para corregir la reforma que crea el Ministerio de Seguridad exigieron ayer algunos gobernadores regionales que se reunieron este martes, durante una hora y media, con la ministra del Interior.

“No tenemos acuerdo con la ministra en esta materia. La ministra habla de colaborar, no de coordinar, y esto no tiene que ver con adjetivos más, con adjetivos menos. Creo que todos los gobernadores tenemos una opinión unánime que esta figura, lo que hace es que debilita el proceso de descentralización”, dijo tras la cita Rodrigo Mundaca (independiente Frente Amplio), jefe regional de Valparaíso y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.

Incluso, debido a la resistencia que generaba el proyecto hubo gestiones con senadores para rechazar el informe o bien exigir el envío de un veto presidencial para corregir la norma, medidas que fueron desestimadas por la falta de apoyo en el Parlamento.

En respuesta a las críticas, desde el Ministerio del Interior dicen que la nueva secretaría de Estado nace “con una serie de objetivos muy claros, pero no es la instancia encargada de resolver los temas pendientes en materia de descentralización”. De hecho, existe una agenda y desde el Ejecutivo han promovido varias iniciativas que van en esa línea, como el royalty y los proyectos que entregan competencias en prevención del delito para los gobiernos regionales, el que fortalece a los municipios y el que regula las finanzas regionales.

“Somos partidarios de construir un acuerdo amplio respecto del modelo de descentralización del país, puesto que la creación de los gobernadores regionales electos no resolvió adecuadamente esa materia. Las inquietudes y propuestas de los gobernadores son recibidas con el máximo interés por el Ejecutivo, pero no parece adecuado que se elija el último día de tramitación para plantear por primera vez sus opiniones y críticas. Se ha trabajado por años en esta iniciativa y se ha debido sortear diferencias y dudas entre los diversos sectores buscando acuerdos y flexibilizando posturas. El texto en votación es resultado de ese trabajo y lo responsable ante la ciudadanía es aprobarlo”, sostienen desde Interior.

El fin de semana, el Consejo Asesor para la Política de Descentralización, instancia creada por el Presidente Boric para asesorar al Ejecutivo, también emitió una declaración contra el proyecto.

“El proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, tal como está, más parece una medida que fortalece el centralismo en las regiones de lo que favorece a la descentralización del Estado, en una materia tan sensible como esta. En definitiva, se incorpora un seremi de Seguridad Pública y se refuerzan las competencias de los delegados presidenciales -figura que se prometió eliminar gradualmente- y que en este proyecto de ley aparece fortalecido”, decía la declaración firmada por académicos y figuras políticas como Amaya Álvez (exconstituyente), Yasna Cortés, Gonzalo Delamaza, Adriana Delpiano (exministra), Sergio Galilea (exintendente), María Ignacia Jiménez (exministra), Ramiro Mendoza (excontralor), Egon Montecinos, Julieta Suárez-Cao, Ismael Toloza y Heinrich von Baer.

La alusión del Consejo Asesor apuntaba a un compromiso del Presidente Boric de empoderar a los gobernadores eliminando precisamente a los delegados.

Sin embargo, la fórmula de la ministra Tohá para destrabar el Ministerio de Seguridad iba en el sentido contrario. De hecho, al defender el proyecto, dijo que la idea era convertir al delegado regional (el exintendente) en un “presidente chico” en cada zona.