Ministro García y crisis en la construcción: “400 empresas se acogieron al reajuste retroactivo para poder terminar las obras”

Uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria fue la construcción. Según cifras a octubre de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), una decena de constructoras se declaró en quiebra o en reorganización; hubo 370 obras en riesgo, más de $ 5.000 millones en deudas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), empleos menos, una banca en alerta. Paralizaciones, alzas de costos y baja en ventas.

Y hay más. La crisis de octubre de 2019 ralentizó la actividad, lo que se profundizó con la pandemia. El sector estuvo paralizado entre 3 y 4 meses. Y retomar las obras implicó abultados costos de cara a cumplir los protocolos sanitarios. En la CChC estiman, además, que la industria perdió unos 400.000 empleos. Muchos dejaron el rubro impulsados por las ayudas estatales y los retiros de los fondos de pensiones. Quienes quisieron seguir, exigieron mejoras salariales. Estimaciones indican que el costo de mano de obra se elevó un 14% por sobre la inflación, con los consiguientes retrasos en los desarrollos.

Y ante ese panorama, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, sostiene que “el año pasado fue una época difícil para la industria de la construcción”. García ya había dicho a Pulso Domingo que “desde enero del 2021 hemos observado un alza en el precio de los materiales de la construcción a nivel mundial, hecho que se consolidó en septiembre del mismo año. Esta situación ha impactado fuertemente a la industria de la construcción en Chile y el mundo”.

¿El MOP está al debe?

Recibimos contratos con empresas abandonadas que venían de la administración anterior y tuvimos también contratos abandonados en nuestra propia administración. En 2021 fueron 47 las empresas en liquidación y/o quiebra; 96 obras paralizadas de 39 empresas en el área vial y arquitectura, entre otras. Tomamos la medida adecuada y creo que más que decir lo que tenemos al debe, las medidas que tomamos el año pasado fueron responsables y decididas para sostener a la industria de la construcción. Esto nos deja en mejores condiciones para que este año no tengamos que contener la crisis -luego del aumento del costo de los materiales- sino que al contrario, que sea un año en donde se está estabilizando la economía; que podamos mirar al futuro con obras públicas que superen la administración y que sean las que Chile merece para las próximas décadas.

Parte de esas medidas fue el reajuste retroactivo de contratos de construcción, ¿no?

Eso fue lo que aplicamos durante 2022. A enero de este año, 400 empresas se acogieron al sistema de reajuste retroactivo, lo que involucró casi 83 mil millones de pesos. Esa inversión nos permitió que obras que estaban en situación muy difícil, porque sus contratos que tenían un año o más se vieron afectados por el alza de materiales y estaban en malas condiciones para terminar las obras, pudiesen obtener las condiciones para terminar sus obras y los contratos en tiempo y calidad.

¿A qué áreas afectó mayormente?

Todas las obras públicas tradicionales, como caminos, bordes costeros, puentes. Excepto agua potable rural. Y como vimos que el año pasado varios contratos fueron abandonados, las obras paralizadas y las empresas dejaron el contrato por no poder financiarlas, esta medida no sólo impidió que en el segundo semestre tuviéramos menos contratos paralizados, sino que le permitió a la industria fortalecerse y estar en mejores condiciones para enfrentar un año 2023 con una de las carteras más ambiciosas en la historia en cuanto a recursos.

En 2022 se retrasó seis meses más la construcción del Puente Chacao. ¿Cómo avanza ese proyecto?

El puente Chacao es el puente colgante más largo de Sudamérica, por lo tanto, es una obra de infraestructura de altísima complejidad que se vio afectada por el periodo de pandemia. Y ese atraso y aumento del plazo de entrega tiene que ver con los impactos que tuvo esta obra desde el exterior y coordinaciones que la pandemia impidió para ir en la velocidad adecuada. Hoy estamos trabajando estrechamente para que la obra pueda ofrecer su servicio en el plazo próximo, pero por sobre todo, nos encontramos trabajando para que el estándar de esta obra sea de altísima calidad. Tanto en seguridad como en servicio. Por el momento, reconocemos que este retraso tuvo que ver con razones externas y no de otro tipo.

Y frente a este retraso, ¿cómo ha actuado el ministerio para que la comunidad no se vea afectada por la falta de conectividad?

Por el momento, el puente está funcionando como siempre lo ha hecho: con un sistema de barcazas que es continuo las 24 horas del día. Por lo tanto, la conectividad entre el continente y la isla de Chiloé está asegurada y de eso no hay riesgo. Nosotros estamos avanzando en el puente y en las conectividades futuras y es por eso que es una obra tan importante. Esta obra no había sido visitada nunca por los alcaldes de la isla y hace poco meses atrás los invitamos a ir. Les mostramos la obra, pero también hablamos de las inversiones complementarias que estamos haciendo en las localidades aledañas al puente para que también se sientan beneficiados por una inversión por parte del Estado.

¿Cuáles son esas inversiones?

En Chacao, un sector que está al lado del puente y que podríamos decir mira una gran obra de infraestructura, no ha tenido ningún tipo de beneficio. En el mes de noviembre, tal como lo habíamos comprometido a principio del 2022, iniciamos la pavimentación de dos caminos en ese lugar y estamos trabajando también inversiones de agua potable y de otro tipo que permita que estos lugares no miren el desarrollo por la ventana, sino que también sean parte. Yo puse la primera piedra con las comunidades de allá. Son proyectos que las comunidades venían esperando hace más de 20 años.

Cuando asumió como ministro se habló de que uno de los grandes desafíos que debería enfrentar durante su gestión sería la sequía y escasez hídrica. ¿De qué forma se ha intervenido en ese escenario?

Cuando asumimos la administración nos encontramos con una crisis hídrica en una situación crítica. En el país ya no hablábamos de sequía, sino del impacto del cambio climático y eso se ha visto fuertemente en la zona central de Chile. Ya se hablaba de potenciales medidas de racionamiento en el verano anterior y no sucedió. En un trabajo muy estrecho con la Dirección General de Aguas y con diferentes acciones en las regiones, realizamos las medidas paliativas a tiempo para que este verano no hubiese racionamiento en grandes ciudades como el área metropolitana de Valparaíso y Coquimbo-La Serena que tienen problemas serios de racionamiento.

Como gobierno estamos abordando la crisis hídrica y el recurso hídrico de una manera radicalmente distinta. Y es por eso que estamos impulsando los consejos de cuencas en todas las regiones del país que permitan conectar a todos los actores relacionados con una cuenca, un río desde la cordillera hasta el mar, los que tienen derechos de agua, las comunidades, las autoridades locales liderados por los gobernadores regionales de manera que en conjunto vayan construyendo la visión de esa cuenca. Hoy hemos impulsado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y otros una cuenca piloto por región, lo que nos va a permitir impulsar el modelo que durante este 2023 impulsaremos como proyecto de ley para institucionalizar los consejos de cuencas.

En el mes de marzo del 2022 se aprobó el Código de Aguas que llevaba 12 años en tramitación. ¿Cómo ayuda esto?

Eso nos entregó herramientas que ya estamos ejerciendo, de intervención de ríos cuando no hay acuerdos entre los diferentes regantes, acuerdos que nosotros promovemos hasta la última instancia. Pero si no se llega a ellos, la Dirección General de Aguas puede intervenir. También hemos fortalecido la fiscalización en la extracción ilegal de agua.

¿De qué forma?

Hemos aumentado nuestros equipos a nivel nacional y nuestro equipo tecnológico de manera que el año pasado aumentamos en un 20% las multas por extracción ilegal de agua. Hay obras que no han tenido los permisos adecuados. De extracciones ilegales a través de mangueras, de tranques con superficies y volúmenes mayores a los autorizados y este verano decidimos impulsar un plan de fiscalización focalizado en ríos y lagos del sur de Chile, ya que muchas residencias se está extrayendo ilegalmente agua que pertenece a todos los chilenos. No es una buena noticia que hayamos aumentado la cantidad de multas. Lo que queremos es que la gente cumpla el código de aguas y esta fiscalización también la estamos acompañando con una nueva entrega de información, porque gran parte de estas multas se dan por desconocimiento sobre el tema.

¿Cuántas multas han cursado por mal uso de aguas?

En 2022 aumentamos en un 6% las fiscalizaciones respecto de 2021 y cursamos 494 multas por un total de 66.842 UTM. Si bien esto habla de mejoras en nuestros procesos de fiscalización, también nos hace dimensionar que hay muchas empresas y personas que no cumplen con la normativa. En esto quiero ser claro, el agua es un bien escaso que debe ser cuidado por todas y todos y vamos a fiscalizar y aplicar todas las multas correspondientes a quienes realicen extracciones ilegales de agua; construyan obras no autorizadas o no cumplan con la normativa.

¿Cree que como sociedad estamos atrasados en enfrentar el problema?

Hay medidas que ya deberíamos haber estado tomando. En algunos casos impulsar plantas de desalación donde no tenemos otras fuentes de agua. Avanzar más decididamente en el tratamiento y regeneración de aguas con las empresas sanitarias, algo que ya estamos trabajando con ellas para avanzar. Medidas como desincentivar el alto consumo de agua en las ciudades y tener una gestión integrada de cuencas. Cada una de ellas se podría haber hecho antes.

¿Cómo se avanza con las plantas desalinizadoras?

En desalación estamos avanzando en dos frentes. Por una parte, hay una iniciativa legal que ya venía de la administración anterior y a la que estamos haciendo varias indicaciones de manera de tener más herramientas como Estado para su planificación, para medir los estándares de impacto ambiental y también para el rol que debe tener el Estado para impulsar plantas en muchos casos. Por otra parte, ya estamos trabajando en zonas donde podemos tener desaladoras multipropósitos, donde una minera que requiera agua desalada pueda liberar el agua dulce que estaba ocupando para volver al cauce y ser utilizada por diferentes usuarios, ya sea de agua potable rural o agricultores. Y también, que las plantas de desalación no solo entreguen agua industrial para la minería, sino también que genere agua potable para las comunidades aledañas.

Es una energía cara de aplicar. ¿Se tiene presupuesto para ello?

Estamos analizando diferentes frentes. Por una parte, estamos viendo en conjunto con las empresas sanitarias desaladoras de volúmen mucho mayor para las ciudades que requieren, principalmente en el norte, la desalación como fuente principal de agua ya que no tienen otra alternativas. Pero también estamos evaluando plantas más pequeñas para comunidades costeras o agrupaciones de agua potable rural donde ya no pueden extraer agua de las propias cuencas como el sector de Petorca.

¿Se puede llegar a un racionamiento en 2023?

No me puedo adelantar a situaciones hipotéticas. Lo que sí es que el plan que se elaboró en Santiago y en donde participó activamente el gobernador metropolitano -y que también se está aplicando en Valparaíso y entre Coquimbo y La Serena con las empresas sanitarias- son planes preventivos frente a la situación de emergencia. Estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar los racionamientos, pero tenemos que ver primero cómo se comporta este invierno de manera de poder hacer la gestión de recursos hídricos adecuados para evitarlo.