Nadie se salva de la ofensiva migratoria de Trump: el drama de las familias deportadas por las políticas del republicano

Franco Caraballo fue capturado durante un trámite migratorio, al igual que Gladys y Nelson González, que fueron deportados a Colombia pese a haber vivido en Estados Unidos desde 1989. Shirly Guardado fue detenida en su trabajo. Camila Muñoz, al volver de su luna de miel. Ma Yang, que vivía en Milwaukee, fue deportada a Laos, un país del que no es y no conoce. Ninguno se salvó de la deportación masiva emprendida por el presidente Donald Trump.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -la temida ICE de los migrantes-, la administración Trump detuvo en sus primeros 50 días de gestión a 32.809 migrantes, de los cuales casi la mitad eran delincuentes convictos. Y el 16 de marzo deportó a más de 200 a una cárcel de El Salvador, bajo una ley de guerra del siglo XVIII, acusándolos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

Ya durante el fin de semana pasado, CBS News anunciaba otra de las medidas de Trump enmarcadas bajo el plan “Estados Unidos Primero”: se revocará el estatus legal de más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ingresaron a EE.UU. bajo el programa CHNV, implementado por el expresidente Joe Biden. Un total de 532.000 inmigrantes ingresaron al país bajo esa política, que se suspendió poco después de que el presidente Trump asumiera el cargo.

Pero a partir de abril los inmigrantes perderán permisos de trabajo y protección contra la deportación. Las autoridades instaron a autodeportarse en un plazo de 30 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permitirá a los migrantes registrarse para autodeportarse mediante la app CBP Home, pero advirtió que priorizará la detención de quienes no busquen beneficios migratorios alternativos como asilo.

El presidente Donald Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que él captura a delincuentes. Pero los familiares de varios detenidos rechazan esa acusación.

Franco, barbero venezolano de 26 años y en proceso de asilo desde 2023, acudió a una cita que tenía en la oficina de ICE en Dallas, Texas, en febrero. No salió más. “No he hecho nada, soy una persona sana”, le dijo por teléfono a su esposa, Johanny Sánchez, venezolana de 22 años, quien incluso debía dormir en un auto por falta de recursos. Franco le contó que le colocaron un uniforme rojo, que distingue a los migrantes peligrosos.

El día anterior a su deportación Johanny ya no tuvo noticias de él. “Mi abogado habló con ICE y le dijeron que Franco fue deportado (a El Salvador), que no tenía antecedentes penales, pero que sospechan que era miembro del Tren de Aragua, por sus tatuajes”, comentó su esposa. Franco lleva tatuados un reloj con la hora de nacimiento de su primera hija y una rosa.

Gladys y Nelson González, quienes vivieron en Estados Unidos durante 35 años y criaron a tres hijas estadounidenses, fueron deportados a Colombia luego de un proceso migratorio lleno de irregularidades y obstáculos legales. “Cuando mis padres abandonaron Bogotá, la ciudad y el país eran conocidos como la capital mundial del asesinato”, escribió Stephanie. “Huían de la violencia desenfrenada del narcotráfico en la que se veían obligados a vivir”, añadió.

Los padres de Stephanie buscaron la ciudadanía durante décadas, pero fueron víctimas de fraudes por parte de abogados migratorios y un sistema que ignoró su arraigo y sus contribuciones a la comunidad. Fueron detenidos inesperadamente en un trámite rutinario y pasaron tres semanas en custodia antes de ser deportados a Colombia.

“Mis padres amaban este país, sacrificaron todo su dinero para tratar de obtener la ciudadanía, pero el sistema les falló”, dijo Stephanie a la cadena CNN. “Deberían, en el peor de los casos, haber tenido la dignidad de arreglar sus asuntos y volar de regreso a un país en el que no han vivido desde la década de los 80, y no haber sido arrojados a un centro de detención que no es más que otro nombre para una cárcel, sin saber cuándo serían liberados”.

Devastada por la separación, Stephanie y su hermana están recaudando fondos para ayudarlos a adaptarse a su nueva vida en Colombia y esperan que puedan regresar algún día, aunque la ley lo impide por al menos 10 años.

Shirly Guardado, hondureña de 27 años, estaba en su puesto de trabajo cerca de Houston, Texas, cuando agentes de migración se la llevaron por supuestamente estar involucrada en un accidente de tránsito.

“Ella no es una delincuente. Es mi esposa. Es la madre de mi hijo. Siempre ha seguido las reglas, no tiene ni una multa de tránsito. Es una ciudadana ejemplar a la que admiro”, explica a SwissInfo su esposo, Ayssac Correa, de 25 años, sargento del Ejército estadounidense.

Shirly ingresó al país irregularmente hace una década, pero tras casarse con Ayssac hace tres años iniciaron los trámites para su permanencia legal. Sin ella en su casa en Spring, Texas, Ayssac cuida del hijo de ambos, de 10 meses. “No duerme tan bien porque está acostumbrado a dormir en la cuna junto a mi esposa y a mí”, cuenta.

“Puede que la liberen. Pero tengo que prepararme por si la deportan”, explica Ayssac. Si eso ocurriera, iniciarían un largo trámite para que regrese legalmente. “Durante esos tres o cinco años mi hijo no tendría a su madre”, declaró.

Camila Muñoz, peruana de 26 años, fue interceptada en febrero en un aeropuerto de Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos, cuando regresaba a Wisconsin tras su viaje de luna de miel con Bradley Bartell. Si bien su visa estaba vencida, ya había iniciado trámites de residencia. Está detenida en Louisiana. “Todavía estoy un poco en shock”, confiesa su marido.

Bradley votó por Trump. “No diría que me arrepiento, me quejo del sistema. Trump lleva dos meses y el sistema lleva mucho más. Le pediría que arregle el sistema judicial”, asegura. Para el abogado de migración David Rozas, quien asesora a Bartell, lo que está ocurriendo “es lo más aterrador” que ha vivido en sus dos décadas de carrera.

“Los migrantes han sido la columna vertebral de este país. Y que vayamos a deportar a quienes cumplen con trabajos que los estadounidenses han decidido no realizar, hace que la gente se sienta muy traicionada”, considera.

Ma Yang, una mujer de Milwaukee y madre de cinco hijos, fue deportada a principios de este mes a Laos, dejando atrás a su familia en Estados Unidos. Yang, de 37 años, nació en un campo de refugiados en Tailandia y era residente permanente en EE.UU. hasta que fue condenada por un delito relacionado con cannabis, con lo cual su estatus migratorio se puso en riesgo.

A pesar de cumplir su condena en prisión, fue deportada. Yang, quien nunca había estado en Laos ni tiene conexiones allí, está en una instalación gubernamental cerca de Vientiane, la capital de Laos, enfrentando barreras lingüísticas y médicas, ya que inicialmente estuvo sin acceso a insulina para su diabetes. No está claro por qué Laos aceptó la deportación de Yang a pesar de que ella no era del país.

En la única entrevista que otorgó la semana pasada a un periódico local, Milwaukee Journal Sentinel, Yang dijo que la administración Trump la había “enviado de regreso a morir”. “¿Cómo puedo arrendar, comprar o lo que sea sin papeles?”, dijo Yang. “Ahora mismo no soy nadie”. Su situación legal es incierta, y los abogados de inmigración señalaron que la mujer podría pasar décadas antes de que tenga alguna posibilidad de regresar.

Según reportó el diario británico The Independent, su familia está recaudando fondos para traerla de regreso a casa con sus cinco hijos. Su pareja de muchos años, Michael Bub, lanzó una campaña en GoFundMe para ayudar a Yang a regresar a casa, donde pertenece, a quien describió como una “querida madre, hija, hermana y prometida”.