“No me dejó del todo satisfecho”. Así, el convencional y periodista Patricio Fernández (Colectivo Socialista) definió lo que se votó ayer por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional sobre libertad de expresión. La instancia aprobó en particular -el paso previo a la votación en el pleno- una serie de normas sobre medios de comunicación que marcan un cambio sustantivo respecto de lo que establece la Constitución actual sobre este tema.

Por ejemplo, un punto que fue discutido entre los convencionales de la comisión fue el inciso sobre la presencia de pueblos originarios en medios de comunicación públicos y privados. En concreto, éste plantea que el Estado velará y promoverá “la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados, en sus respectivas lenguas”, sin individualizar si se refiere a los que utilizan espectro electromagnético -de propiedad estatal- de los que no. Junto con esto, el mismo inciso sostiene que el Estado debiese adoptar “medidas eficaces para garantizar el establecimiento de medios de comunicación indígenas propios”.

Esta idea fue aprobada con 25 votos a favor y ocho en contra. Fernández, quien votó en contra, explicó esta mañana en Radio Duna que se opuso a esa norma debido a que la preocupación por el pluralismo no requiere especificaciones puntuales. “Hay una tendencia (...) que lleva a muchos a buscar destacar y hacer notar reiteradamente, por ejemplo, lo que se refiere a los pueblos originarios”, dijo.

En ese sentido, hay un cambio de paradigma en comparación a la Constitución vigente, ya que esta solo establece principios y no hay alguna norma que establezca algún tipo de promoción o postura activa del Estado ante un contenido específico en medios públicos y privados.

Por su parte, la también periodista y convencional Beatriz Sánchez (Frente Amplio) señaló que desde su colectivo consideran como algo central garantizar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, reconoce que se debe superar “la concepción anticuada que lo reduce solo al derecho a informar sin censura previa y a recibir información”.

Sánchez explicó que “en un país como Chile, con alta concentración en la propiedad de los medios y el centralismo de los mismos, debe resguardarse el pluralismo y la diversidad como factores esenciales de la libertad de expresión y la democracia”. Por lo mismo, ella sostuvo: “Necesitamos un rol más activo del Estado y no meramente pasivo, limitado a no censurar. Esto no es nada tan novedoso, está señalado en informes de 1987 ante la CIDH”.

Esta discusión se dio en medio del debate sobre el artículo de libertad de expresión en la comisión, el que ya fue despachado. Entre sus incisos, hay ideas como el derecho a fundar medios de comunicación -como también lo hace la Constitución vigente- , la prohibición de la “propaganda” en favor de discursos de odio y la responsabilidad de los medios de “asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones”.

Además, en lo aprobado se abarca la idea de que el Estado debiese promover y respetar la existencia de medios públicos, regionales, locales y comunitarios, “asegurando el acceso y participación equitativa (...) en un sistema de medios (...) diverso, pluralista, transparente, inclusivo, intercultural, plurilingüe y descentralizado”.

También se postula que la ley promoverá la información comunitaria de los pueblos y su presencia en el sistema de comunicación y la promoción de los derechos humanos. Junto con estos, los convencionales de la comisión propusieron que el Estado debiese garantizar y fomentar la “educación mediática con perspectiva de género, derechos humanos, descentralizada y plurinacional”.

Además, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó un inciso para el artículo 6 del informe que buscaba establecer que las personas jurídicas puedan tener y crear medios de comunicación. Como solo quedó la palabra ‘personas’, según lo ya aprobado en titularidad, algunos constituyentes -como la periodista Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND)- alertaron que los medios que pertenecen a una empresa podrían correr riesgos.

En este sentido, esta tarde los convencionales de Vamos por Chile que forman parte de la Comisión de Derechos Fundamentales emitieron un comunicado que explica que todos los medios de comunicación, así como cualquier otra persona jurídica, estarían “expuestos y desprotegidos ante la autoridad estatal”, pues esta podría “intentar censurar sus contenidos y los medios no tendrían fundamento jurídico para defenderse, porque ya no estaría dentro de sus derechos la posibilidad de emitir opinión como persona jurídica”.

La Comisión de Derechos Fundamentales también aprobó -por 18 votos a favor y 15 en contra- una indicación presentada por la convencional Dayyana González (Pueblo Constituyente) que apunta a la prohibición por ley de “la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.

La propuesta fue respaldada por convencionales del Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Chile Digno, la Coordinadora Plurinacional y escaños reservados. En tanto, fue rechazado por la derecha, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales.

Con respecto a la indicación que busca prohibir la “propaganda” en favor de la guerra o los discursos de odio, la convencional Rebolledo consideró que, en la práctica, el texto “tiene bien poco de libertad de expresión”. Esto, según explicó, porque la restringe más allá del consenso internacional. “Podría suceder que un periodista sea censurado por hacer una nota respecto de la Guerra Santa, ya que la mirada occidental es muy distinta a la de un musulmán de línea extrema. Este podría sentir que se ha incitado al odio hacia su creencia”, comentó.

Para Rebolledo, una de las indicaciones aprobadas más complejas es la que hace alusión al negacionismo, debido a que el Comité de DD.HH. de la ONU no recomienda penalizar expresiones sobre hechos históricos. “¿Qué harán los historiadores? Ya no podrán escribir respecto de hechos pasados que involucren violaciones a los DD.HH. En otras palabras, estarán a merced de lo que el legislador interprete que sucedió 40 años atrás”, cuestionó.

Por su parte, la constituyente y periodista Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) señaló hoy por Twitter su postura en contra sobre lo relativo a negacionismo. “No comparto la sanción al negacionismo. A mi juicio, es más eficiente y democrático enfrentarlo con debate público y, sobre todo, educación desde la infancia”, comentó.

Asimismo, hubo reacciones en redes sociales sobre este punto. Uno de ellos fue el abogado Felipe González, relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, quien hizo ver que la norma sobre negacionismo no se ajusta a estándares internacionales.

En tanto, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, cuyo informe de artículos se votará entre este jueves y viernes en el pleno, también aprobó una serie de iniciativas sobre el tema. Por ejemplo, planteó ideas como que los pueblos y naciones “tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación e información, en sus propias lenguas”. También se postula que el Estado estaría encargado de fomentar y facilitar la creación de medios de comunicación, “asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos”.

Sobre este último punto, el abogado y convencional Ricardo Neumann (Vamos por Chile), quien integra esta comisión, reconoció que normas de derecho a la comunicación permiten un buen nivel de libertad y pluralismo, pero el artículo sobre educación mediática es contradictorio, pues este establece que “la labor informativa debe subordinarse a ciertas perspectivas ideológicas, como la de género, restringiendo la libertad de información que se consagraba en los artículos anteriores”.

El artículo 8 del informe de Sistemas de Conocimientos, el último referido a los medios de comunicación, señala que toda persona “ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información” tendría derecho a que su rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio, propuesta similar a la presente en la actual Constitución.