“Ni un edificio más”: la última defensa de Ripamonti (RD) al “Alto Santorini”

Desde 2019 la Municipalidad de Viña del Mar mantiene una causa en la Corte de Apelaciones de Valparaíso patrocinada por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Esa fundación busca que se declare ilegal el permiso de edificación entregado a la Constructora e Inmobiliaria Vimac, titular del proyecto “Alto Santorini”, estructura que hoy tiene construido al menos seis pisos del proyecto detrás de la torre Kandinsky, donde se produjo el primer socavón, en agosto de 2023.

Tras años en que la exalcaldesa Virginia Reginato defendió la legalidad de la construcción, la actual edil, Macarena Ripamonti (RD), ha mantenido pendiente la causa, que en más de una ocasión ha sido prorrogada. La acción legal, que de alguna manera tiene atada de manos a la edil por la crisis de los socavones en el Campo Dunar de Concón, la ha obligado a defender ante la justicia el permiso de edificación pese a sus últimas declaraciones.

“Lo puedo decir con seguridad y depende mí: no se va a construir ningún edificio más” en terreno dunar, dijo la alcaldesa viñamarina tras el socavón al costado de una torre del edificio Euromarina II, el pasado 9 de junio.

Desde el miércoles pasado, los vecinos del edificio comenzaron a retirar muebles, camas y cuadros de los departamentos, luego de que un documento emanado por la Municipalidad de Viña del Mar, y respaldado por estudios del Servicio de Vivienda y Urbanismo, confirmara la inhabitabilidad por riesgo de colapso de la estructura. Un escenario complejo con el que ha tenido que cargar la edil a pocos meses de las elecciones por el sillón municipal, al cual aspira a ser reelecta.

Pero lo anterior no es el único problema con que ha tenido que lidiar la edil. Una torre a medio construir, a pocos metros del Campo Dunar de Concón y detrás de la torre Kandinsky afectada por el primer socavón, ha sostenido un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde 2019 hasta la fecha, y que se mantiene paralizado por la Corte Suprema a la espera de una evaluación ambiental.

Respecto a la instancia en la Corte de Apelaciones, el reclamo de ilegalidad ingresado el 16 de diciembre de 2019 y que patrocina el abogado Gabriel Muñoz, busca declarar ilegal el permiso de edificación entregado en ese entonces por la administración de Reginato y por la Dirección de Obras Municipales a cargo de Julio Ventura.

“Concretamente, solicito acoger el reclamo, dejando sin efecto por vicio de ilegalidad el decreto alcaldicio impugnado, resolviendo en su reemplazo acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto por mi representada en contra de la Resolución Nº 804, decretando en definitiva la invalidación del Permiso de Obra Nº 161 de 2019, en base a los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer”, dice el documento ingresado en esa fecha.

Se trata de una iniciativa que apunta a la construcción de dos edificios independientes de 28 y 10 pisos con destino habitacional y comercial, respectivamente. Se emplaza en un predio de 5.721 metros cuadrados ubicado en el extremo sur del Campo Dunar de Concón, a menos de un metro de distancia de los límites del polígono del Santuario de la Naturaleza.

La Municipalidad de Viña del Mar ha tenido que defender en más de una ocasión el permiso de legalidad del edificio, la última vez dos meses antes del primer socavón en el edificio Kandinsky, en 2023. En la comparencia ante la Corte, la representante del municipio, María Trinidad Alomar Merino, descartó la necesidad de una autorización ambiental para el edificio y afirmó que “el permiso de edificación se otorgó conforme a la legislación urbanística vigente al momento de su otorgamiento”.

Pero tras los últimos hechos la alcaldesa ha tenido que resolver al menos tres crisis por socavones en el sector dunar y descartar tajantemente que seguirán las construcciones en el sector. De hecho, en privado, desde el municipio asumen estar a favor del último informe fiscal realizado en la misma que apunta a la teoría del riesgo en el sector, y que meses atrás el Concejo Municipal de la comuna aprobó realizar un estudio de riesgos para ser incluido en el Plan Regulador Comunal, que estará a cargo de la empresa XTerrae Geologia Limitada por el monto de adjudicación de $6.940.903.

Al ser consultados, el municipio descartó entregar declaraciones sobre el futuro de ese proceso judicial. Esto ha significado que mantendrán en cautela todo lo que tenga que ver con la tramitación de la instancia judicial. Pese a eso, han insistido que mantendrán “irrestrictamente” lo dicho por la alcaldesa en las últimas semanas sobre no llevar a cabo más construcciones.

Mientras, desde la Inmobiliaria Vimac -involucrada directamente- y Muñoz han remarcado que la alcaldesa Ripamonti, hasta la fecha, ha defendido la legalidad del permiso de edificación.

En los últimos actos, la Corte prorrogó la instancia de alegatos a la que debía presentarse nuevamente la Municipalidad de Viña del Mar. De hecho, en su último anuncio, la abogada y representante del municipio, María José Corvalán, dijo: “Vengo para alegar en la vista de la causa fijada para el día jueves 27 de junio de 2024, en el número 1 de la tabla radicada de la Segunda Sala, por el lapso de 15 minutos, por la reclamada I. Municipalidad de Viña del Mar”.