“No prestamos el cuerpo”: ministra Orellana toma posición ante el debate sobre alquiler de vientres que se abrió en España

A un día de conocerse que la actriz, empresaria y presentadora española Ana Obregón se convirtió en madre de una niña por vientre de alquiler a los 68 años de edad, un tenso debate ético y político se desató en España, país donde tal práctica está prohibida por ley desde 2006, causando ecos en los miembros del gobierno y en todo el mundo.

Por ejemplo, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, aseguró que esta práctica es una “forma de violencia contra las mujeres” que se alimenta de la pobreza de las gestantes. Mientras que la titular de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, María Jesús Montero, también censuró este procedimiento, calificándolo como “una forma más de explotación del cuerpo de la mujer”.

Pero la polémica no sólo se encapsuló en España. A través de un hilo de Twitter, este jueves la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, salió a la palestra para condenar los hechos al argumentar que la desregulación de este proceso “habilita la explotación sexual de mujeres, la trata y la venta de niños/as”.

En este contexto, la titular expresó que en marzo de este año viajó a Nueva York para participar en la sesión número 67 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) donde advirtió en representación del gobierno del Presidente Boric “sobre los peligros de la gestación subrogada para fines comerciales”.

“El tema de la #csw67 fue la tecnología y mi posición fue clara: no ‘prestamos el cuerpo’ y es indispensable erradicar la violencia en todas sus formas, incluidas las que se abren hoy”, expresó la ministra. Y complementó: “Con la dolorosa historia de nuestro país respecto a la violencia contra mujeres rurales, empobrecidas o enfrentando violencia a quienes se engañó para traficar niños y niñas, no podemos dejar de advertir desde el sur global el peligro de estas prácticas”.

La ministra Orellana viajó al encuentro junto a la delegación chilena compuesta por la embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez; la senadora Yasna Provoste; la alcaldesa de Camiña, Evelyn Mamani; la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías; asesoras de género de los ministerios del Interior, Transportes, Ciencias y Agricultura; y representantes de organizaciones de la sociedad civil (ONG Amaranta, Observadoras Ley de Aborto, Asociación doctora mamá, Fundación Kodea e ISP), junto a quienes manifestó su preocupación por el vínculo entre crimen organizado, las nuevas tecnologías y la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes donde recalcó que “esta conjugación ha derivado en el grave problema de gestación subrogada con fines comerciales. Desde Chile hacemos un llamado a los países para regular los marcos legislativos y normativos para prevenir y sancionar estas violencias”.

La maternidad subrogada o el hecho de «alquilar un vientre», es el procedimiento mediante el cual una pareja o personas individuales, que son incapaces de sostener un embarazo, solicitan a una tercera que les permita usar su vientre como medio para el desarrollo del embrión. Las razones pueden ser varias: problemas de salud, por ser ambos del sexo masculino o por simplemente no querer pasar por el proceso.

El Código Civil chileno dificulta esta práctica al reconocer como madre a la mujer que da a luz. En rigor, la legislación establece que la “maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en la partida”, documento legal que el equipo médico completa luego del parto y que permite a la mayoría de los chilenos hacer la inscripción de sus hijos. Frente a esto, las parejas deciden viajar a otros países que sí permiten el alquiler de vientres, tales como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Ucrania, Giorgia, entre otros.

Actualmente en Chile no existe ninguna norma que regule o detenga el arriendo de vientres para el desarrollo de un embarazo. En noviembre de 2017, los diputados Miguel Ángel Alvarado y Loreto Carvajal, ambos del PPD, ingresaron un proyecto de ley que pretendía regular los vientres de alquiler. La iniciativa permitía que mujeres de entre 25 y 45 años, inscritas en un registro de gestoras, pudieran disponer sus vientres de forma gratuita y altruista para parejas en busca de la paternidad y maternidad.

Pero no ha sido la única propuesta que los políticos han lanzado sobre el tema. En 2008 la bancada UDI presentó un texto para intentar penalizarlo, con sanciones de presidio mayor en su grado medio a la madre gestante, a aquellos que entreguen el material genético y a los facultativos que lo faciliten.

No fue hasta 2018 que el tema volvió a colocarse sobre la mesa, luego de que se conociera el caso de que una pareja de chilenos fue detenida en Perú tras intentar salir del país con sus dos hijos gemelos nacidos bajo la condición de vientre subrogado o vientre de alquiler. En ese entonces, la senadora Ximena Rincón anunció la presentación de un proyecto de ley que buscaría legalizar dicha figura en Chile para proteger a los niños y niñas y así evitar que “inescrupulosos lucren con la situación”.

La senadora Yasna Provoste (DC) también firmó parte de ese proyecto de ley. Consultada al respecto, la excandidata presidencial señaló a La Tercera PM que este proyecto se inició “porque consideramos necesario regular una situación de hecho que ya es una realidad en Chile, que parejas van al extranjero, arriendan un vientre y luego vuelven al país. Es una parte oscura en la legislación, ya que no se prohíbe pero tampoco tiene una reglamentación”.