“No se ajusta a los principios de transparencia”: cómo operaba la triangulación que permitió contratar a funcionarios públicos con dineros de fundaciones

Si bien fue el jueves 31 de agosto que Contraloría evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antogafasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí. El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

“Dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo señalado da cuenta del uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, se lee el documento de Controlaría.

Esta situación, calificó el organismo fiscalizador, “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Además, se advierte que debió haber una obligación “de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia”.

Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Se trata de Camila Fernanda Prado Barrías, de profesión administradora pública de la Universidad de Antofagasta, de la cual egresó el 2017. Ese mismo año comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo. El 2021 comenzó a ser “analista de gestión” en el Serviu de Antofagasta. En su LinkedIn se define como “con experiencia activa en proyectos. Caracterizada por excelente rendimiento, funcional, integración, y aceptación de usuarios”.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas. Sin embargo, la institución asegura que fue contratada el 1 de agosto de 2023 en la repartición en la que trabajaba.

Misma situación que Karla Paulina Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico. Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico, figura contratado Adolfo Enrique Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones, Camila Constanza Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Nattaly Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para la Corporación Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Asociación Campamento de Ideas.

Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, por su parte, estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, según Contraloría, “para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”. También prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Otra de las personas por las cuales Contraloría cuestionó que estuvieran contratadas en las fundaciones mientras trabajaban en la Seremi, es Claudio Andrés Cárdenas Campillay, quien es diseñador gráfico pero que aparece como contratado en la Fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Carolina Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta de la Universidad de Antofagasta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza, así como también en la Municipalidad de Sierra Gorda.

En la Fundación ProCultura, figura como contratado el abogado Wilson Ernesto Ahumada Zepeda, sin embargo este se desempeñaba en la seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana Ivania González Cortés, quien también es egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta y fue candidata a consejera constituyente, es militante de Revolución Democrática y “se ha desempeñado como asesora jurídica de fundaciones en el marco de la colaboración con organismos de Estado y como investigadora académica (en pasantía) en el Primer Tribunal Ambiental”, según detalló en el Match Constituyente de La Tercera.

Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras, quien recibió su sueldo desde la Fundación Superación de la Pobreza. Según dio a conocer este medio en junio pasado, Fuica es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, pero además fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, además trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la fundación en junio.

En esa fundación, también estaba contratada Ignacia Carolina Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio. Según su LinkedIn, es diseñadora gráfica y trabajó hasta junio pasado en la Seremi como analista urbano, donde debía “realizar control y seguimiento de las gestiones asociadas al área técnica constructiva, apoyar técnicamente la coordinación Regional de la Secretaría Ministerial de Antofagasta”.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas, Diego Exequiel Barrera Venegas. Además de Marcela Paz Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

De aquí en más, en Teatinos N°56 esperan cambios y subsanar las irregularidades detectadas, en 30 días más, pues no sólo se identificaron problemas a nivel regional, sino que a “nivel central” -es decir el Ministerio de Vivienda- también fue duramente cuestionado por no intervenir prácticas que, a juicio de Contraloría, están en el borde de la legalidad.