“No se garantizan higiene y abrigo”: Comité para la Prevención de la Tortura alerta sobre precarias condiciones en cárceles

Este miércoles el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) dará a conocer su segundo informe anual sobre “Prevención de la tortura y situación de las personas privadas de libertad en Chile”, donde dan cuenta de que, a pesar de existir avances en la materia, aún se observa que en varios penales y centros administrados por el Estado no están garantizados los servicios básicos para que los internos puedan cumplir sus condenas.

En el informe, de 272 páginas, al cual tuvo acceso La Tercera PM, se analizaron cuatro grandes temáticas: muerte en lugares de privación de libertad; el crítico uso del aislamiento en la gestión penitenciaria; migración, inseguridad y derechos humanos; y la “invisibilidad” de las mujeres en el sistema. Y para ello, como se advierte, realizaron inspecciones en terreno y entrevistas entre el 26 de mayo de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

Así, en primer punto, indicaron que a modo general se puede concluir que en distintos recintos “no se garantiza la satisfacción de necesidades básicas, especialmente las relacionadas a higiene y abrigo”.

“Muchas personas no cuentan con ropa interior de recambio, abrigo o útiles de aseo personal, entre otras carencias materiales, por lo que tienen que conseguirse con compañeras/os o solicitar a familiares, en caso de que cuenten con redes. Al ingreso no se garantiza tampoco, en todos los casos, acceso a la información mínima sobre el funcionamiento del penal”, se afirma.

En el mismo sentido, los profesionales manifestaron que en muchas dependencias “las personas conviven hacinadas, muchas veces teniendo que dormir en el suelo, compartiendo colchón o construyendo catres que de ninguna forma garantizan la seguridad y el descanso”. Si bien se valora que exista segregación de ciertas poblaciones consideradas “más vulnerables”, también se hace presente que no hay una labor enfocada en atender necesidades especiales que pudieran tener.

Asimismo, el CPT constató que las enfermerías observadas se encontraban en mal estado en general. Según se describe en el documento, estas dependencias no contaban con el equipamiento e insumos necesarios e incluso presentaban problemas de limpieza, “lo que produce que su uso sea limitado y no proporcionen las condiciones adecuadas para entregar prestaciones de salud”, sostienen.

Considerando el escenario, Sebastián Cabezas, presidente del CPT, aseguró que “se requiere un esfuerzo mayor para proteger a las personas que están privadas de libertad, en custodia o cuidado, sobre todo en lo referente a que todos los órganos del Estado construyan una cultura de trato digno. Esas personas merecen un trato digno y ser tratadas con respeto. Hay mucho espacio para mejorar”.

“El Estado no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar, lo que constituye un mensaje complejo, y por eso es importante hacer esfuerzos para lograr a avances, más cuando este año se conmemoran los 50 años del golpe militar”, complementó.

En esta oportunidad, el comité abordó especialmente la situación de las mujeres privadas de libertad, ya que, como aseguran, “las cárceles han sido concebidas por y para los hombres, con regímenes, políticas y condiciones de encierro que ignoran las particularidades propias del género femenino, profundizando aún más su invisibilización”.

De las observaciones realizadas, de acuerdo con el escrito, se constató falta de integración y problemas de coordinación entre el sistema penitenciario y la red pública de salud, la escasa dotación de profesionales de la salud al interior de las unidades, una bajísima oferta de tratamientos por afecciones de salud mental, trabas burocráticas para la acreditación de alguna condición de salud y, especialmente, falta de diagnóstico y atención oportuna a enfermedades o dolencias.

Se advierte, asimismo, que como el 57% de las mujeres que están privadas de libertad lo están por infracción a la ley de drogas, enfrentan prisiones ‘preventivas’ que el organismo considera excesivas.

“En Chile, el tiempo promedio de permanencia de las mujeres en prisión preventiva es de 6,7 meses y las mujeres condenadas por delitos de droga cumplen condenas que su­peran los 5 años, pese a la baja efectividad que tiene el tiempo de sanción en la reducción de la reincidencia y el alto costo para quienes experi­mentan el encarcelamiento, su entor­no más cercano y la sociedad en su conjunto”, aseguran.

En relación al trato que reciben mujeres encarceladas que están embarazadas, se hace presente que reciben controles prenatales periódicos, aunque se detectaron -como se lee- barreras para la realización de ecografías debido a problemas en las derivaciones a centros de salud.

Igualmente, agregan que “se verificó que, en general, la población gestante cuenta con escasa información sobre los controles y estado del bebé y también sobre los protocolos respecto al parto y posparto en prisión. También se detectaron casos de mujeres con escasas redes de apoyo que no contaban con artículos básicos como pañales, ropa, sábanas, entre otros. Esta necesidad suele ser cubierta gracias a regalos de otras mujeres privadas de libertad o funcionarias”.

De acuerdo con lo señalado en el informe, entre 2019 y mayo de 2022 se reportan un total de 749 muertes de personas privadas de libertad. De estas, la gran mayoría corresponde a las ocurridas en residencias para personas mayores, con el 75% del total, seguido de las muertes reportadas por Gendarmería (19%), mientras que el resto (6%) se distribuye entre muertes ocurridas en recintos de Carabineros de Chile, diferentes establecimientos para NNA y en lugares de atención a salud mental y/o discapacidad.

Frente a eso, el comité sostiene que “si bien es importante registrar e investigar los fallecimientos, los órganos del Estado deben desplegar toda su acción para evitar que las muertes ocurran. Una lección importante en tiempos de emergencia sanitaria es considerar las condiciones particulares que afectan a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y, particularmente, a los sistemas de salud que deben enfrentar tales situaciones”.

Por lo mismo, recomiendan revisar y corregir los registros, manteniendo un reporte riguroso y constante entre las instituciones participantes, para asegurar la veracidad de la información y, de ese modo, poder contar con panoramas certeros que permita la toma de decisiones informada y basada en evidencia precisa.

Asimismo, se insta a mantener sistematizados los casos, categorizando los motivos de las muertes para afinar y facilitar los análisis, y también generar geolocalización y descripción de los lugares donde se presentan los decesos, lo que permitirá reconocer las causas o patrones.

Agrega, en el mismo sentido, que se deben promover capacitaciones y/o actualizaciones a los funcionarios, con el fin de que puedan comprender la labor investigativa de las entidades pertinentes ante muertes ocurridas. Y por último, se pide al Ministerio Público avanzar en la investigación de todos los casos de fallecimientos al interior de los distintos recintos donde se encuentran personas bajo control, custodia y/o cuidado del Estado.

La tarde del lunes 13 de marzo el Comité para la Prevención de la Tortura se reunió con el ministro de Justicia, Luis Cordero, para ponerlo en conocimiento de los hallazgos, y de acuerdo con lo comentado por el secretario de Estado a La Tercera PM, “comparten la preocupación”.

“Ayer recibí al Comité de Prevención de la Tortura para conocer su trabajo y los resultados del informe que darán a conocer este miércoles. Fue una reunión de trabajo en la que compartimos la común preocupación sobre la situación penitenciaria del país. Fundamentalmente, en lo referente al aumento significativo que estamos teniendo de personas privadas de libertad, las condiciones en las cuales esas personas se encuentran y el acceso a servicios de salud, particularmente en las condiciones médicas en que ellas se encuentran”, comentó.

Y agregó: “Nosotros les informamos cuáles han sido las medidas de protección, de seguridad y de las observaciones que se han venido formulando en el tiempo, especialmente aquellas que guardan relación con mujeres privadas de libertad y en especial a aquellas en periodo de embarazo o lactancia. Una de las conclusiones que sostuvimos en esta conversación es que preocuparse de la dignidad en las cárceles es también ocuparse de la seguridad”.