Nueva ofensiva de abogado de Piñera contra fiscal que indaga muertes por Covid: lo acusa de ocultar antecedentes

Una audiencia de cautela de garantías presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Samuel Donoso, el abogado del Presidente de la República, Sebastián Piñera. En esta causa la fiscalía investiga la presunta responsabilidad del Mandatario y otras autoridades de Salud, por un supuesto actuar negligente que habría derivado en la muerte de personas que padecían Covid-19.

Se trata de un caso que se abrió luego de que el 3 de julio el senador Alejandro Navarro presentara una querella en contra de Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, por los supuestos ilícitos de negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación ideológica de instrumento público. En la presentación, Navarro acusó a las autoridades en relación a “la cuestionable elección de metodologías alternativas que subvaloró la cantidad de enfermos y fallecidos” y a “las medidas tomadas por el gobierno para combatir la pandemia” a nivel nacional.

Posteriormente, ingresó al mismo tribunal una segunda querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de Piñera, Mañalich, Zúñiga y Orlando Durán, exjefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La acción legal imputa los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, en relación a las presuntas irregularidades en las contrataciones de hoteles que son usados como residencias sanitarias; además del ilícito de denegación de auxilio y abandono de servicios vinculado a las supuestas estrategias fallidas implementadas por el gobierno.

El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Marcelo Carrasco agrupó ambas querellas y ahora estas se investigan en forma conjunta.

En el marco de este caso -por el cual este martes el fiscal y la PDI fueron a incautar antecedentes al Ministerio de Salud- Donoso acusó al Ministerio Público de no estar entregando la información de la investigación necesaria para ejercer su derecho a defensa.

Así, indicó que luego de que el tribunal determinara el 19 de agosto pasado que la fiscalía le debía dar actualización del expediente de la causa todos los lunes de cada semana, acusó que el Ministerio Público “no ha proporcionado a esta defensa copia íntegra de la carpeta investigativa, así como tampoco ha procedido a dar fiel registro de todas las actuaciones efectuadas en el Sistema de Información y Atención a Usuarios (en adelante “SIAU”), y que por lo tanto esta parte no ha podido acceder a copia íntegra de la carpeta investigativa ni al registro íntegro de movimientos de la causa, siendo esto esencial para poder ejercer de manera razonable y oportuna el derecho a defensa”.

En ese sentido, el defensor dijo que “que la mala praxis del Ministerio Público ha podido ser constatada por esta defensa durante las casi tres semanas en que se ha debido dar cumplimiento a la resolución del tribunal (...) pues no obstante ser insistentemente solicitado, el Ministerio Público ha hecho caso omiso a las intenciones de este interviniente”.

Luego, dio ejemplos de los supuestos incumplimientos, señalando que “en ninguna de las dos entregas que se realizaron previamente, es decir los días 24 y 31 de agosto, contenían información relativa ni a la entrega ni menos registro de la declaración de la testigo Johanna Acevedo (exjefa de Epidemiología del Minsal y actual jefa de la División de Planificación Sanitaria), quien declaró vía zoom los días 5 y 13 de agosto del año en curso, catorce días antes de la primera entrega y cuya declaración no fue incluida en ninguna de las entregas antes aludidas, lo cual conculca sin lugar a dudas el derecho a defensa de este interviniente”.

Añadió que la fiscalía “justificó la no incorporación de esta declaración (...) porque faltaba la firma de la declarante, razón que no explica en lo absoluto su no incorporación”.

Para quienes presentaron las acciones en contra de Piñera, la acusación del abogado del Mandatario es una estrategia para desacreditar el trabajo del Ministerio Público, en la misma línea de la solicitud realizada al fiscal Nacional Jorge Abbott para que Marcelo Carrasco no siguiera a cargo del caso.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, señaló que lo que está realizando Donoso “es totalmente inconducente y contrario al espíritu que anima a esta parte querellante en cuanto a la necesidad de que los tribunales y los fiscales utilicen todas sus atribuciones en función de investigar los graves ilícitos que están siendo sometidos a su conocimiento. Sin embargo, la defensa del Presidente lo que hace es un intento de amedrentar y hostigar al fiscal a objeto de inhibir el avance de la investigación, lo es una intromisión a las competencias y atribuciones propias del Poder Judicial como del Ministerio Público”. En esa línea, dijo que espera que la cautela de garantías sea rechazada.

En tanto, Alejandro Navarro dijo que “la audiencia de cautela de garantías del 22 de septiembre solicitada por la defensa de Sebastián Piñera, no tiene presente de que desde el 6 de junio la fiscalía ha solicitado diversos oficios a las seremías y a las instituciones del Estado para hacer avanzar el proceso". Sin embargo, indicó que aún no habido respuesta a esos requerimientos.

Ramón Sepúlveda, abogado que representa al alcalde de Recoleta Daniel Jadue, en otra querella de similares características, indicó que la defensa de Piñera también presentó “una cautela de garantía que no tenía ningún mérito, porque como expuso el fiscal Marcelo Carrasco y la fiscal Ximena Chong, las copias se encontraban a disposición de los abogados en el sistema de la fiscalía, de donde ellos al igual que todos los usuarios a nivel nacional deben descargar las copias, salvo excepciones en las que se entregan materialmente”. ,

Así, apuntó a una “estrategia que busca entorpecer el actuar del Ministerio Publica que tiene una gran carga de trabajo y que además busca obtener condiciones privilegiadas para sus defendidos”.

La audiencia quedó fijada para el 22 de septiembre a las 11.00.