A mediados de la semana pasada, el empresario y coleccionista Raúl Schüler Gatica (75) contestó la demanda que presentó el 4 de septiembre el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que exige una indemnización de $485 millones por el daño ocasionado a una serie de monumentos nacionales.

La historia comenzó el domingo 25 de noviembre de 2018. Ese día, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresaron al fundo del empresario, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal. ¿La razón? Incautar una serie de estatuas de mármol y hierro. Se trataba de obras de cuantioso valor patrimonial, que habían sido sustraídas de las regiones de Santiago y Valparaíso. En el predio, los efectivos encontraron también dos cofres de plata que habían sido robados desde la Iglesia de San Francisco y armamento de la Guerra del Pacífico.

Ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, Schüler presentó su contestación a la demanda del CDE. Mientras, en un carril paralelo en el Juzgado de Garantía de Graneros se tramita el conflicto con el Ministerio Público y se espera que el próximo 19 de noviembre se realice la audiencia de preparación de juicio oral.

Al igual que en sede penal, el empresario negó ser un “coleccionista sofisticado, experto en arte y antigüedades e inmerso en un gran círculo de coleccionistas”, como lo calificó el CDE en su demanda. En su contestación, Schuler dijo “no contar con profesión o estudio”, “ni conocimientos de artes y antigüedades”, definiéndose como “un agricultor”, cuyo rubro durante los últimos 25 años le sirvió para dedicarse a la compra y venta de terrenos en la Región Metropolitana.

“El demandado nunca supo ni sospechó que el origen de las piezas de arte pudiese ser ilícito. Tampoco tenía cómo ni por qué saberlo. De hecho, esta pieza (Estatua La Industria), al igual que las demás, se mantuvo expuesta a la vista de todos en La Punta, cuyo emplazamiento en el inmueble del demandado consta incluso en el reportaje realizado por la revista Tell Magazine en su edición de marzo del año 2013”, sostuvo la contestación de Schuler a la que tuvo acceso La Tercera PM.

En el Fundo de La Punta, los detectives encontraron 31 monumentos arqueológicos, 19 monumentos paleotológicos y 5 monumentos históricos. Entre ellos, se cuenta la “Estatua La Industria”; “La Polimnia” y una escultura perteneciente al mausoleo de la “familia Valenzuela Darlinghton”, entre otros.

En su escrito -que cuenta con 71 páginas -, Schüler no solo negó haber sustraído las obras de arte, sino que culpó al Estado de Chile por “falta de servicio”. Esto, pues a su parecer tanto el Consejo de Monumentos Nacionales (Fisco de Chile) como el Gobierno Regional no se percataron ni persiguieron la sustracción de las piezas de arte, lo que -según él- ocurrió con anterioridad a su compra “hace largos años e incluso décadas”. Por otro lado, han actuado “en forma tardía e ilegal, ya que recién en 2020 presentan acciones judiciales prescritas”.

“La persecución de delitos, como el hurto o el robo de especies, le corresponde exclusivamente al Estado de Chile, a través del Ministerio Público. No puede así pretenderse que nuestro representado supiera o haya debido saber el origen ilícito de piezas adquiridas en el comercio formal y autorizado por la autoridad competente”, sostuvo la defensa de Schüler integrada por los abogados Luis Eduardo Toro y Nicole Nannig del estudio Barros y Errázuriz.

“Si se reducen o no piezas originales, hurtadas o robadas, es el Estado de Chile quien debe velar por su recuperación y retiro del comercio. Ello no puede exigirse a un particular que, como miles de otros ciudadanos, compra muebles en establecimientos comerciales, partiendo de la base que, tratándose de comercio regular con las autorizaciones administrativas para su funcionamiento, se está comprando objetos lícitos”, dijo en el escrito. “Cuando en estos lugares se redujeran objetos robados, la carga de perseguir esos delitos no puede ser de los ciudadanos, no puede imputarse o atribuirse a éstos la falta del servicio del Estado en sus labores de policía y vigilancia”, recalcó la contestación de Schüler.

“El Fisco de Chile se demoró más de 30 años en percatarse de que las piezas de nuestro representado podrían ser Monumentos Nacionales y que, a su juicio, estaban en un mal estado de conservación, retraso que lo llevó a interponer una acción que se encuentra irremediablemente prescrita”, advirtió el documento.

En su contestación, el empresario -a través de su defensa- sostuvo que es “un ciudadano de ocupación agricultor, con un buen pasar y que ha desarrollado un gusto por las estatuas y objetos de arte”, y por ello ha comprado múltiples obras “siempre en comercios establecido y pagando con cheques” de su cuenta corriente de BancoEstado.

“El demandado comenzó a adquirir desde hace más de 30 años las piezas, en locales comerciales formales y establecidos, por las cuales pagó un justo precio mediante cheques debidamente documentados, en la más absoluta buena fe y en completo desconocimiento que las mismas podrían si quiera tratarse de Monumentos Históricos, Públicos o Arqueológicos”, añadió el escrito.

Para la defensa de Schüler, “el CDE no sólo tiene la carga de acreditar la calidad de Monumentos Nacionales de todas y cada una de las piezas objeto de autos, sino que deberá acreditar además que el demandado conocía o debía conocer el origen ilícito de las mismas al momento de su adquisición en el comercio establecido”.

De igual manera, acusó negligencia en la conservación de los bienes, puesto que el CDE acusa daño a las obras de arte, pero al mismo tiempo las mantiene desde el año 2018 en un depósito apiladas sin instalarlas en los lugares que fueron sustraídas.

A su parecer, el CDE no cuenta con la legitimidad para presentar su demanda y al mismo tiempo el monto solicitado es “desproporcionado”, pues no detalla el supuesto daño moral que sufrió el Fisco de Chile.