OEA y el caso de Nicaragua: el dispar rol del organismo en las crisis de la región

Las protestas en Nicaragua contra el Presidente Daniel Ortega, que se han cobrado ya más de 350 vidas, cumplen tres meses sin que la situación en el país lleve camino de normalizarse. En medio de este escenario, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se apresta a votar hoy una resolución de condena contra la represión por parte de entidades del gobierno nicaragüense y la violencia que se vive en el país centroamericano.

De acuerdo a información publicada en el diario La Prensa, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, señaló que se contaría con 21 votos para aplicar una resolución de condena al gobierno de Ortega. Sin embargo, los votos de acuerdo con el diplomático dependen del quórum en la participación de los países miembros. Con todo, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, se mostró optimista de que se vote a favor de la resolución. Así lo manifestó hoy en su cuenta de Twitter, donde escribió que la resolución condena "el genocidio y la violencia liderados por Ortega".

La prensa nicaragüense recordó que en otros casos la presión de la OEA ha surtido efecto, como en el caso del régimen de Anastasio Somoza. El 24 de junio de 1979, el organismo aprobó una resolución en la que se exigía su reemplazo definitivo e inmediato, así como un plan de pacificación de paz con un gobierno representativo de la oposición. Somoza, presionado por la comunidad internacional y la ira popular, aceptó la resolución y abandonó el poder.

En su momento, la OEA también intervino en Honduras. En julio de 2009, suspendió la participación de ese país en el organismo interamericano como respuesta al golpe de Estado que sacó del poder al Presidente Manuel Zelaya. Fue la primera vez desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001 que los países miembros de OEA decidían suspender a un Estado miembro, si bien existía el precedente de la exclusión de Cuba en 1962. Recién en 2011 la entidad reincorporó a Honduras, tras considerar que el país centroamericano cumplió con una serie de condiciones para volver a participar plenamente en el organismo, como el levantamiento de cargos judiciales que pesaban contra Zelaya, quien regresó al país desde su exilio en República Dominicana.

Pero esa no fue la única vez que se invocó la Carta Democrática Interamericana. La primera vez fue en 2002 para defender a Hugo Chávez de un intento de golpe de Estado en Venezuela. También se recurrió a esta cláusula en Bolivia (2003, 2005, 2008), en Nicaragua (2004 y 2005), en Perú (2004) y en Ecuador (2005, 2010).

En el último tiempo, la crisis en Venezuela ha copado la atención de la OEA. De hecho, en junio pasado la organización condenó la "farsa electoral" cometida en mayo por el régimen de Nicolás Maduro y ratificó la existencia de una "alteración" en el orden constitucional, al aprobar una resolución que dio los primeros pasos para la histórica suspensión de Venezuela de la OEA.

La resolución, presentada por Estados Unidos junto con algunos de los países más influyentes del continente, fue aprobada por 19 votos a favor, cuatro votos en contra y 11 abstenciones. Según el diario El Nuevo Herald, la resolución es vista como el primer paso hacia la suspensión de Venezuela al tenor con los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana, que deberá aprobarse en otra sesión a ser convocada en un futuro con dos tercios de los votos.

Sin embargo, ya en abril de 2017 la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado que el gobierno de Maduro daría inicio al procedimiento para formalizar el retiro del país de la OEA y que dejaría de participar en sus reuniones.