Otra esquirla de la fuga de Karen Rojo: abren investigación para establecer responsabilidad de fiscales ante escape de la exalcaldesa

Era una excelente condena que se vio empañada por una negligencia. Esta semana la mayoría de los fiscales regionales del país estaba en Santiago debido a que había consejo general, una reunión que se hace periódicamente y en la que abordan su política criminal de persecución. El miércoles 23 varios investigadores felicitaron el trabajo del Ministerio Público de Antofagasta, luego que se diera a conocer que la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo y, con eso, quedaba firme una condena efectiva de cárcel por un escándalo de corrupción en el norte del país. “¡Bravo Alberto!”, le dijo uno de los jefes a Alberto Ayala, fiscal regional de esa zona. Para nadie es un misterio en esa institución que los cuestionamientos a su labor están marcados en cómo se finalizan judicialmente las causas por los denominados delitos de “cuello y corbata” y, en particular, aquellos que involucran a políticos. El caso entonces se volvía en un importante éxito en la era de Jorge Abbott, pero la alegría les duró sólo un par de horas. La propia Karen Rojo amargó los festejos: se declaró en rebeldía y huyó de Chile. Incluso una de las esquirlas de esta situación, llegó hoy al seno del Ministerio Público con la apertura de un sumario para indagar la eventual responsabilidad de los fiscales para propiciar este escape.

La exjefa comunal cruzó la frontera aérea sin ningún contratiempo. Lo hizo con rumbo a Países Bajos, con un pasaje de más de $900 mil pesos que compró el martes 22 y que pagó en efectivo. En el control migratorio de la PDI pasó su pasaporte, el sistema no arrojó inconveniente alguno. Pese a que desde hace más de un año había sido condenada a presidio efectivo, 5 años y un día, como autora de fraude al fisco, no contaba con ninguna medida cautelar. Ni firma, ni arraigo, que es la prohibición de salir del país. La primera versión que se entregó de la Fiscalía responsabilizaba al Poder Judicial. “Pedimos cautelares, el tribunal las concedió y fue la Corte de Antofagasta que revocó”, explicaba una fuente al ser consultada el motivo por el cual Rojo pudo escapar sin impedimentos legales.

Sin embargo, al revisar el expediente virtual se constató que dicha revisión de cautelares fue hace cuatro años, en 2018, cuando Rojo era aún imputada, ni siquiera estaba acusada, no había ido a juicio y menos había sido condenada a ir a la cárcel, como finalmente ocurrió. Todos estos cambios en su situación procesal ameritaban que el Ministerio Público tomara resguardos. “¿Qué hace alguien que nunca antes ha estado preso ante la posibilidad de que lo priven de libertad?... obvio, una posibilidad es irse”, dice un juez de garantía quien explica que el Poder Judicial en estos casos no puede ordenar de oficio una medida cautelar. Las fallas, entonces, habrían estado en manos de los mismos que la persiguieron y que lograron, tras varios años de investigación, derribar ante tribunales su presunción de inocencia y sentenciarla.

Este viernes 25 en la mañana tras realizar consultas a sus asesores del área Jurídica, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió abrir una investigación sumario administrativa y así despejar cuáles fueron los pasos en falso que permitieron este escenario. El fiscal que tramitó el caso es el fiscal Jefe de Antofagasta Cristián Aguilar, pero el titular de la acción penal ante la justicia, es decir el responsable de la indagatoria, es el fiscal regional Alberto Ayala.

Consultados por La Tercera PM por esta situación, el organismo respondió a través de un comunicado que: “efectivamente el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación administrativa para establecer si tuvo la Fiscalía Regional de Antofagasta algún tipo de responsabilidad en no asegurar que la acusada, hoy condenada por fraude al fisco, Karen Rojo, cumpliera la pena efectiva de 5 años y un día ratificada por la Corte Suprema el pasado miércoles 23 de marzo. La investigación administrativa será instruida por el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat”.

Al interior de la Fiscalía es tema lo ocurrido en el norte. Un investigador experto en causas de Alta Complejidad comenta que existe una herramienta que se llama “alerta de autoridad o encargo de autoridad”. Para esto no es necesario que un tribunal dicte una medida cautelar. La idea es que un fiscal o incluso la propia policía pone una especie de “alarma” en el sistema informático del Departamento de Policía Internacional de la PDI. Lo que se pide es que cuando esa persona esté pasando por el control migratorio se llame a un fiscal o un policía. Esto no significa que a priori esa persona quede detenida, pero en el caso que se necesite -como era este- da tiempo para que el Ministerio Público pueda pedir una orden de captura y así frustrar la fuga. Eso, según los antecedentes policiales, tampoco se hizo.

Del destino de Karen Rojo poco se sabe. Desde ayer la policía revisa los videos del aeropuerto y está solicitando las imágenes del Aeropuerto de Schiphol, terminal aéreo que era el destino de los boletos que compró la ex alcaldesa. Un cercano comentó que ya no está en Ámsterdam y que los planes eran ir a un pueblo del este de Países Bajos. No se habría llevado su celular. Éste estaría en manos de su familia.

Entre los cercanos a la alcaldesa hay tensión. Saben que ahora son también un blanco investigativo, ya que en algún momento ella podría buscar contactarlos y así entregar una pista de su destino. La situación impacta además por los nexos judiciales que posee. Su hermana, Lorena Rojo, es jueza en el Tribunal Oral de Copiapó. Desde esa perspectiva no se entiende su decisión. Si bien la condena era a cárcel efectiva, con buena conducta, al año ya podría haber estado postulando a beneficios carcelarios, comenta un magistrado de Antofagasta. Con todo, el miedo a ser “un ícono de la corrupción” y enfrentar el encierro la llevaron a tomar una drástica decisión que hoy la tiene en la mira de la justicia y de Interpol.