El pasado lunes, cerca de las 10 horas, la magistrada Marcela Dattas, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitó identificarse a cada uno de los abogados involucrados en el caso por los supuestos actos de corrupción que lleva adelante el Ministerio Público en contra del exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera.

Cuando le tocó el turno al exjefe comunal, que cumple prisión preventiva desde el 26 de julio en la cárcel Santiago 1, tomó la palabra y habló fuerte, sin vacilaciones. Repitió su nombre dos veces a la jueza, y fue así como comenzó la audiencia que había sido solicitada por su defensa y en la que se buscaba sacarlo de la cárcel. El resultado de la audiencia no fue el esperado y la jueza rechazó modificar la medida cautelar que pesa sobre el exmilitante del Partido Socialista, que está formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos.

Por tercera vez, la petición planteada por sus abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fue desestimada por el tribunal, ya que para la magistrada la libertad del exalcalde constituye “un peligro para la sociedad”. En medio de la audiencia surgió un antecedente que hasta ahora era desconocido y es que el fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, Víctor Núñez, oponiéndose a la petición de la defensa, entregó antecedentes al tribunal en que se acusa a Aguilera de presentar pruebas falsas en el proceso para justificar con ello su crecimiento patrimonial que -a juicio del investigador- no está justificado.

“Su libertad es un peligro para la seguridad de la investigación, ya que no debemos olvidar que el imputado Aguilera ha pretendido justificar algunos de los delitos que se le imputan con la presentación de documentos públicos falsos. Partió incorporando como elemento de descargo la famosa compraventa de un inmueble anterior que habría justificado los dineros futuros, donde se determinó que era una promesa de compraventa falsa, porque incorporaba cláusulas que se hacían cargo de hechos futuros y de años posteriores, en circunstancias que esto se habría suscrito en 2014″, apuntó el fiscal en la audiencia.

El persecutor explicó a la magistrada que pese a que la defensa en un principio aseguró que la documentación era verdadera, tiempo después, durante el proceso, presentaron otra que resultó no ser falsa. Ahora, sostuvo, diligencias que se han desarrollado posterior a esta entrega de documentos -explicó Núñez-, como el interrogatorio a uno de los notarios que aparecen avalando el trato, confirmaron sus sospechas: se trata de falsificaciones.

En esa línea, el Ministerio Público insistió en que se han agravado las circunstancias que pesan sobre el exalcalde de San Ramón a partir de la presentación de antecedentes falsos. A renglón seguido, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Cristián Ramírez, sostuvo que las propias declaraciones de Aguilera no han contribuido a aclarar los hechos por los cuales se le imputa. Muy por el contrario, “sigue sosteniéndose en cuestiones que rasgan en lo absurdo”, dijo.

“Esto de que era necesario que para que a Aguilera le pudieran otorgar un crédito hipotecario debía tener ciertos saldos de dinero en su cuenta corriente, eso es falso. Sabemos que para que se conceda un crédito hipotecario, lo que piden es demostrar ingresos. Aquí al imputado Aguilera se le ha imputado por lavado de activos”, destacó el querellante.

Frente a los cuestionamientos y las nuevas acusaciones de la fiscalía, el abogado Mario Vargas, que representa al exalcalde Miguel Ángel Aguilera, respondió que “desde un inicio nuestro cliente nos ha manifestado que los documentos presentados son verdaderos y efectivamente la casa fue vendida, creo que no es prudente que el Ministerio Público afirme que los documentos son falsos cuando estamos en medio de una investigación y aún faltan diligencias importantes para acreditar, si estos documentos privados son o no verdaderos, eso no va en línea con la objetividad que uno espera en la investigación. A mayor abundamiento, las diligencias que nosotros hemos solicitado no han sido realizadas y consideramos fundamentales para aclarar estos hechos”.

Añadió que actualmente su cliente padece enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, trastorno del sueño, colon irritable, rinitis alérgica, este conjunto de patologías que han ido deteriorando su salud en este tiempo de privación de libertad.

“Creemos que la jueza erra en su resolución que plantea que existe peligro de fuga, sin embargo, esta investigación lleva más de cuatro años y mi representado siempre estuvo vinculado a la investigación, incluso cuando se investigaba por delitos más graves, como era malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Finalmente, el exalcalde Aguilera fue formalizado por delitos que tienen penas muy inferiores a lo investigado y siempre estuvo presente en la investigación descartando el peligro de fuga”, acotó.

“Nuestro representado siempre ha sostenido su inocencia y nuestra intención es ir a juicio oral, sin embargo, estar con una medida cautelar tan excesiva como la prisión preventiva atenta justamente con el derecho al juicio oral, el ejemplo lo vemos en esta misma causa, donde el coimputado, que arriesgaba las mismas penas, solo fue dejado en libertad al aceptar hechos que en su propia declaración negó, ese efecto produce la instrumentalización de dicha medida cautelar”, concluyó.