Partido de Pedro Castillo advierte sobre ley de medios en Perú tras divulgación de escuchas por caso de corrupción

A casi un mes de la segunda vuelta en Perú, que dejó por virtual ganador al izquierdista Pedro Castillo, con un 50,1% de los votos frente a la derechista, Keiko Fujimori, que obtuvo un 49,8%, el país sigue sin proclamar al próximo mandatario. Mientras las autoridades del Jurado Nacional Electoral (JNE) continúan decidiendo sobre las apelaciones a las actas, un nuevo torbellino político ha envuelto al partido Perú Libre (PL), que planteó la creación de una ley de medios justo cuando se publicaron interceptaciones telefónicas legales de funcionarios de PL acusados por un presunto caso de “financiamiento ilegal” a la campaña electoral del profesor rural.

“Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores”, acusó ayer Perú Libre mediante un comunicado en sus redes sociales.

Horas antes, la prensa local reveló una serie de escuchas en el marco del caso “Los dinámicos del centro”. La investigación dirigida por el ministerio Público sostiene que liderados por colaboradores del exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como militantes del partido obtenían dinero ilícito para “financiar la campaña política de turno en esta gestión 2019-2022″.

Durante la jornada de ayer y tras dos días de reprogramaciones, la fiscalía sustentó las acusaciones contra los dirigentes de Perú Libre basado en las conversaciones telefónicas y en el testimonio de tres aspirantes a colaboradores eficaces. La fiscal Bonnie Bautista señaló que las actividades de “Los dinámicos del centro” “se habría incrementado en abril de 2021 a consecuencia de que este partido político pasa a segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma”.

De acuerdo a la trama, los personeros haciendo uso de su cargo ofrecían el “direccionamiento y favorecimiento” en la contratación de personal afines al partido y colaborar en los trámites y/o emitir licencias de conducir para obtener “favores a la campaña de Perú Libre”.

Uno de los colaboradores señaló que diariamente beneficiaban a entre “35 a 45 personas” para los exámenes de manejo y “30 a 40 diariamente” para la prueba de conocimiento, el monto mínimo que cobraban por cada postulante era de US$ 128. La fiscalía acusó que haciendo un conteo en una semana habrían recaudado por lo menos entre US$ 8.900 a US$ 10.200.

Según el diario El Comercio, cuando se recibió la orden para favorecer a más personas también existieron “ofrecimientos a otros investigados de que cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de la República van a hacer todo lo posible por liberarlos”.

Hace semanas, la justicia estaba llevando adelante una serie de procedimientos para cercar a los acusados. La semana pasada, una veintena de personas ligadas al partido fueron detenidas por la policía nacional por ser partes de una “presunta organización delictiva articulada por funcionarios y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del GORE en Junín. Según el diario Gestión, hasta la fecha permanecen prófugos los principales dirigentes de PL.

En un ambiente tenso y dividido ante la ausencia de proclamación de un ganador -que podría conocerse recién para el 15 de julio- y después que el Presidente Francisco Sagasti rechazó el pedido del fujimorismo de solicitar una auditoría electoral internacional, el candidato Pedro Castillo negó cualquier tipo de acusación y defendió que se someterá a todas las investigaciones.

“Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol. Eso lo rechazo rotundamente. Esta campaña la hizo el pueblo. Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria”, defendió Castillo.

Sin embargo, un paso más allá fue Vladimir Cerrón, sentenciado a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser hallado culpable por un caso de negociación incompatible, y que está a la espera de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. El fundador de Perú Libre acusó que hay “una persecución política con cara de legalidad” contra el partido.

A través de una publicación en su perfil de Facebook señaló que “La mafia en el otorgamiento de licencias de conducir debe ser la modalidad de corrupción más antigua y vigente en el país” y defendió que el nuevo Congreso debe crear “una comisión investigadora orientada a destapar la politización de la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial, en aras de una sociedad transparente”.

No obstante, en un intento por poner paños fríos, el vocero de la futura bancada de Perú Libre, el congresista Álex Paredes apuntó a que “No sé quién maneja (la cuenta de Twitter. Las cosas que se tengan que hacer dentro del Congreso, una probable ley frente a los medios u otros sectores pasarán por todo el procedimiento parlamentario. Que no se hagan interpretaciones de que ese es el parecer de todos. No ha habido una reunión, por lo menos de los congresistas, para manifestar algún punto de vista sobre el tema”.