Poca gente y altos requisitos: Las razones tras las crisis de los seremis y el desierto de nombramientos de jefaturas

Es comentario obligado entre los dirigentes de Chile Vamos. A casi un mes de asumir el Gobierno, aún quedan vacantes cargos en las Secretarías Regionales Ministeriales, luego de que al menos 20 nombramientos hayan sido revocados en los últimos días. Las razones de las crisis serían temas personales de los originalmente designados –"gente que consideraba, por ejemplo, que el sueldo era muy bajo y lo revisaron después de aceptar", detallan en La Moneda-. O algo tan simple como no cumplir con los requisitos fijados por la ley.

La última baja fue la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, Alejandra Westermeyer, quien dimitió luego de constatar que no cumplía con la experiencia profesional necesaria para desempeñarse en el rol asignado.

El punto es que este tipo de situaciones deben ser visado por las unidades jurídicas de cada ministerio. De hecho, en el Gobierno sostienen que sí se hizo y que María Fernanda Garcés Ramírez, Jefe de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres elaboró una minuta donde especificó cuál era el nuevo piso fijado por la reforma a la Ley de Alta Dirección Pública de octubre de 2016 para la designación de los Seremis. Esta reforma introdujo cambios y estableció, por ejemplo, que los nominados tengan un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres de estudios profesionales o técnicos en una institución de Educación Superior. Esta es la base, pero cada cartera suma condiciones. Así, por ejemplo, en el caso de Energía, la carrera debe durar al menos 10 semestres. A lo anterior, se suma la experiencia laboral que también cambia dependiendo del área. "Para el resto de las autoridades, existen menos condiciones, incluso para ser ministros, subsecretarios o intendentes hay que cumplir con menos pasos", plantean en el Gobierno.

Con esos antecedentes, Julio Isamit, jefe de gabinete de la Segpres, y la ministra vocera, Cecilia Pérez, iniciaron el reclutamiento de personas en lo que fue considerado como la búsqueda del último eslabón de funcionarios de confianza política presidencial. Fueron 275 nombramientos en todo el país, con una tasa de falla cercana al 10%.

Antofagasta fue la región más damnificada: En Gobierno había asumido Margarita Moll (RN) quien en horas fue reemplazada por Francisco Salazar (RN). Luego cayó Ignacio León de Hacienda –investigado por una muerte en 2017- y Leonardo Ledezma de Justicia. Luego Sonya Giménez (RN) Deporte y Juan Enrique Jara (IND).

Y así se fueron sumando otras regiones: Iquique, Bío Bío, La Araucanía, Aysén, Magallanes. En el Ejecutivo recalcan que de todas las bajas, ya hay 15 que están "parchadas" y que el resto está en proceso de conseguir reemplazos.

Pero hay otro conflicto: las jefaturas de servicios. En regiones como La Araucanía, donde figura en la cabeza como Intendente el abogado Luis Mayol, se han designado 23 cargos de 70 que responden a puestos de confianza. La razón, comentan en el Ejecutivo, es que las autoridades actuales se niegan a renunciar y, por lo mismo, las direcciones jurídicas estarían trabajando en revisar fórmulas para proceder con remociones.