¿Podrán cobrar las deudas? Empresas de factoring del caso Frei advierten complejo escenario para recuperar montos

¿Podrán cobrar las deudas? Es la principal pregunta que por estos días se repiten ejecutivos y abogados de los factoring que se han visto implicados en el caso Frei. Desde que se abrió la causa -tras la autodenuncia que a mediados de agosto realizó Francisco Frei ante la Fiscalía por una serie de ilícitos que habría cometido en contra de su hermano, el expresidente Eduardo Frei- los montos que reclaman estos acreedores suman más de $ 2 mil ochocientos millones de pesos.

Sin embargo, la duda de los factoring se refiere a la eventual recuperación de los dineros que exigen las demandas en las que figura el expresidente y la sociedad de su familia (Inversiones Saturno) como aval y codeudor solidario, las que alcanzan $ 1.600.739.976. Es que -según se establece en la autodenuncia de Francisco Frei y en la querella de su hermano Eduardo en su contra- el hermano menor de la familia habría utilizado los fondos solicitados a factoring y bancos a nombre de Inversiones Saturno para financiar sus negocios personales, falsificando firmas y huellas dactilares, sin el consentimiento del expresidente. Uno de los objetivos habría sido la operación de Almadena, compañía que reúne los intereses de la familia Frei Parada, la cual solicitó su liquidación voluntaria debido a la imposibilidad de responder a sus obligaciones.

Para cercanos a Inversiones Saturno, los dineros solicitados por Francisco Frei a través de letras como representante de Almadena, consignando al exmandatario como aval, son obligaciones por las cuales el ex director de TVN debe responder. Por lo mismo, la defensa de la familia Frei Larraechea apunta a exigir la nulidad de las facturas y pagarés en tribunales, aludiendo que el origen de dichos documentos es producto de una estafa y que finalmente no se prestaron los servicios que justifiquen el pago de los millonarios montos. Con ello, los acreedores se podrían enfrentar a un complejo escenario.

"Estamos viendo que se está pidiendo la nulidad procesal por vicios en la notificación. En juicios de cobro de facturas, como el nuestro, siempre existe la incerteza de que los deudores reclamen por la no prestación del servicio o no entrega de las mercaderías, pero estas discusiones llegan a tribunales cuando no hay pago por parte de los deudores. Hay que tener en cuenta que el negocio se hizo considerando a Francisco Frei como gerente general de Inversiones Saturno y fue un negocio lícito y en pleno y válido ejercicio de administración", acotó Jorge Ahumada, abogado de Logros Servicios Financieros SpA.

Mientras el representante legal de Factop, Darío Cuadra, explicó que durante siete años el factoring mantuvo una relación comercial y recientemente las letras de cambio fueron protestadas. "El resultado de una eventual condena de Francisco Frei por estos supuestos actos que según ellos (familia Frei Larraechea) se han ejercido de manera ilegal, nosotros creemos que no nos afectaría en nada, porque los mandatos están otorgados de manera correcta. Francisco Frei actuaba en representación de Inversiones Saturno de manera correcta", explicó el abogado.

Las primeras luces de la estrategia legal que lleva adelante la familia Frei Larraechea la expuso en la querella que presentó Eduardo Frei en contra de su hermano. En el escrito, los abogados Juan Domingo Acosta y Alejandro Laura, en representación del ex mandatario, señalaron: "En el caso de las tres facturas emitidas a Inversiones Saturno S.A., que se dicen factorizadas, cabe señalar que no obedecían a servicio alguno contratado por nuestra representada a Almadena S.A. (eran "ideológicamente falsas) y, consiguientemente, Inversiones Saturno S.A. nunca adeudó dinero por ellas".

"La sociedad no prestaba servicios; no vendía mercaderías y; consiguientemente, no existía razón alguna para que ella emitiera ni recibiera de terceros facturas, ni contrajera deudas en Bancos u otras instituciones ni realizara otras operaciones comerciales", consignó la acción penal, que agregó más adelante que "en la mayoría de los casos ni siquiera ingresaron a la caja de la sociedad". Sin embargo, en los casos en que sí constan ingresos en las cuentas corrientes de Inversiones Saturno S.A. son los de las empresas Garko SpA, Comercial Vedeseta Limitada y Finameris", sostuvo el mismo escrito del exmandatario. Dichos factoring demandaron a la sociedad de los Frei Larraechea por impagos que suman en total $ 458.535.506.

Otro ingrediente del complejo escenario que advierten los factoring, radica en cierta jurisprudencia establecida en tribunales. Entre 2016 y 2019 una serie de sentencias de juzgados civiles y la Corte Suprema han desestimado sus demandas en al menos seis ocasiones, en las cuales el deudor ha reclamado que las facturas son falsas o que finalmente no se prestó el servicio que justifique el pago de los préstamos. Todos los fallos señalan que -en estricto rigor- correspondería a una obligación nula.

Entre los fallos que apuntan los factoring se cuenta uno de la Tercera Sala de la Corte Suprema en que desestimó el recurso de casación presentado por Bice Factoring que aseguraba ser propietario de una factura emitida a Ingeniería y Construcciones Joigmar Limitada por el servicio de mejoramiento de calles en la comuna de Maullín, por un monto de $84.474.220.

En este caso el demandado (Joigmar) alegó la nulidad de su obligación de pago hacia el factoring, asegurando que si bien existió un contrato de obra entre ésta y la municipalidad de Maullín, el Gobierno Regional de Los Lagos sólo pagó una de las cuotas del financiamiento total y luego abandonó la obra. Por esta razón, el municipio puso término anticipado al contrato y se aprobó su liquidación, desconociendo Ingeniería y Construcciones Joigmar Limitada la existencia de obras ejecutadas por el monto cobrado.

Consultados por La Tercera PM, abogados especialistas en litigios de alta complejidad en materia civil plantearon distintas opiniones sobre el futuro de las demandas de estos acreedores.

Luis Felipe Castañeda, socio fundador de Castañeda Abogados explicó que "los factoring no se ven impedidos de exigir el cobro de sus facturas, porque podrían ir en contra de la persona que cometió el delito, si es que existe una sentencia condenatoria penal. Con ello el autor del delito está obligado a reparar todos los perjuicios civiles que hubiese causado a terceros".

"Desde esa perspectiva sí habría una acción que podrían tener los factoring en contra de quien realizó la estafa. El punto es que, por experiencia, quien ejecutó un acto de esta naturaleza ya no tiene patrimonio del cual cobrar. Por lo mismo, la posibilidad de recuperación patrimonial es casi nula. En la práctica es posible que ocurra una remisión consecuencial", concluyó el abogado y experto en procesos de quiebras y reorganización concursal.

Cristián Gandarillas, abogado socio de Gandarilllas, Montt, Del Rio, sin pronunciarse sobre el caso concreto de la familia Frei, sostuvo: "Me parece que los factoring se están viendo perjudicados por actuaciones de algunos deudores que buscan excepcionarse del pago de sus obligaciones alegando que no se han prestado los servicios o bien que han existido situaciones irregulares entre el emisor y el deudor; lo cual no debiera ser oponible al cesionario o factoring en la medida que la factura haya sido irrevocablemente aceptada o se haya tenido por tal en los supuestos legales".

Por su parte, el abogado Ricardo Reveco, socio del estudio Carey sostuvo que "el factoring es un mecanismo de financiamiento legítimo y necesario. Por lo tanto, hay que cuidarlo y regularlo apropiadamente. Lo que creo, es que en el último tiempo, se ha mal utilizado el mecanismo del factoring por algunos deudores inescrupulosos".