Primer golpe de Contraloría a Vodanovic: le da 30 días al alcalde de Maipú para recuperar $ 247 millones pagados a un contratista durante la gestión de Barriga

Contraloría sigue sumando informes que dan cuenta de irregularidades en la Municipalidad de Maipú. Luego de que a fines de agosto la entidad cifrara en $ 31 mil millones el déficit en la corporación municipal durante la administración de Cathy Barriga, y recientemente detectara pagos no justificados a 46 proveedores por casi $ 900 millones en el año 2020, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez alertó sobre errores en el manejo del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic (RD).

De acuerdo con el informe 563 de 2022, emitido tras una auditoría a los contratos de obra ejecutados por Maipú entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, bajo la gestión del actual jefe comunal se incurrió en falencias que han implicado que, a la fecha, la empresa contratista que debía ejecutar la obra “Diseño, Construcción o Montaje de Estanques y Ejecución de Obras Complementarias, PD 2017-2018, Módulo C”, adeude al municipio $ 247.851.097, por lo que le da un plazo de 30 días para reintegrar ese monto.

Según señalan en el escrito, aún cuando dicha obra fue encargada y adjudicada por la administración anterior, en este periodo “la entidad edilicia no acreditó la adopción de medidas o inicio de acciones con el objeto de resarcir el daño causado al patrimonio municipal y perseguir la responsabilidad pecuniaria del contratista”.

Si bien Contraloría da cuenta de que el municipio habría intentado realizar gestiones contra la empresa, aclara que esos procedimientos “no se ajustaron a los principios de eficiencia, eficacia, economicidad y control que rigen a los órganos de la Administración del Estado, establecidos en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575, incumpliendo con el deber de las autoridades y funcionarios de velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos”.

Asimismo, y aunque se recalca que desde la administración de Vodanovic sostuvieron que se estampó una demanda contra los aludidos, los examinadores establecieron: “Deberán acreditar el efectivo cobro de los $ 247.851.097 y el ingreso de dicha suma en arcas municipales, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. En caso contrario, se procederá a interponer el respectivo reparo. A su vez, los hechos descritos deberán ser incorporados en el procedimiento disciplinario que incoará ese municipio”.

En medio del informe, cabe hacer presente, se detalla que “los problemas en la ejecución del contrato comenzaron a evidenciarse una vez vencido el plazo contractual, esto es el 21 de agosto de 2021, al tenor de lo indicado en el libro de obras, en el cual se registró a mediados del mes de septiembre del mismo año poco personal en la ejecución de las faenas, robos de cableado y, finalmente, el abandono de la obra por parte del contratista el día 29 de octubre del mismo año”.

Consultados al respecto, desde el municipio aseguraron a La Tercera PM que “se dispondrá la realización de sumarios y se adoptarán las medidas administrativas que dispone la Contraloría. Respecto al reintegro, se presentaron acciones judiciales contra la empresa contratista y acciones administrativas ante la Comisión para el Mercado Financiero, contra la aseguradora que se negó a pagar la garantía de fiel cumplimiento del contrato”.

En el marco del mencionado análisis, Contraloría también advirtió nuevas irregularidades cometidas en el marco de la gestión de Cathy Barriga, quien estaba a la cabeza del municipio cuando se pactaron las tres obras analizadas en el marco de citada auditoría.

Entre otros elementos, se constató que se autorizó la licitación, adjudicación y la posterior entrega del terreno para ejecutar las obras del contrato “Diseño, Construcción o Montaje de Estanques y Ejecución de Obras Complementarias, PD 2017-2018, Modulo A”, sin tener certeza sobre la situación del predio donde se emplazarían los trabajos, lo que se tradujo en un término anticipado de dicho acuerdo por causales ajenas al contratista.

Asimismo, se agrega que “el contrato de comodato fue suscrito por la Municipalidad de Maipú y el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano en una data posterior a la solicitud de dicho término anticipado”. Por lo mismo, junto con velar porque aquello no vuelva a ocurrir, se instruyó la realización de un procedimiento disciplinario.

Se detectó, igualmente, que se realizó la inspección técnica de ciertas obras a través de servidores contratados a honorarios, lo que vulnera la normativa. Esto, tras decretos firmados en 2019 y 2021. Por esta razón, el ente contralor comunicó que el municipio deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles la adopción de las medidas necesarias para que tal función sea desempeñada por personal que cumpla con los requisitos que la normativa aplicable exige.

Por otra parte, hacen presente que respecto a la obra “Centro de Terapia para el Adulto Mayor”, se detectaron filtraciones de agua desde el patio interior hacia el estacionamiento subterráneo, y que si bien la impermeabilización de dicha área no estaba contemplada en el proyecto primitivo, el contratista presentó una nota de cambio con tal de “evitar problemas futuros”, lo que no se acogió.

Según se argumentó en ese momento, se diseñaría y ejecutaría una solución de cubiertas en una data posterior a la recepción definitiva del proyecto, pero hasta la fecha de la visita eso no se había concretado. En atención a ello, Contraloría les exigió “acreditar el inicio de las gestiones que solucionen los problemas de aguas lluvia en el estacionamiento del edificio y eviten el deterioro de la construcción, en un plazo de 60 días hábiles”.