“Produce el temor de ser víctima de ‘balas locas’”: la arremetida del gobierno contra “el pistolero de La Reina”

Durante la noche del pasado 18 de febrero, a eso de las 22.00 horas y aparentemente sin razón alguna, Juan Carlos Orión Aramayo Baltra sacó de entre sus vestimentas un arma de fuego y percutó diversos disparos en la vía pública, causando daños en la señalética que se encontraba en el lugar. Esto, mientras caminaba tranquilamente por calle María Monvel.

La situación generó alarmas de inmediato entre los vecinos y, por lo mismo, dos individuos que lo conocían y que tomaron conocimiento de la situación ingresaron una denuncia en la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina.

Así, tras recibir los antecedentes, el fiscal Marcelo Miranda solicitó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago orden de entrada y registro para acceder a su domicilio. Hizo presente en dicha solicitud que el individuo en cuestión registraba una serie de armas de fuego, “algunas de ellas de alto poder destructivo, como es el caso de fusiles”.

El persecutor agregó, en el mismo sentido, que existía un peligro concreto y temor justificado de que los hechos podrían repetirse.

Dadas las circunstancias del hecho y que una vez ejecutada la orden de entrada y registro durante la jornada del 24 de febrero se constató que Aramayo Baltra sí contaba con un armamento de grueso calibre, no solo la Municipalidad de La Reina decidió querellarse, sino que el gobierno -a través de la Delegación Presidencial de la RM- también sumó su propia arremetida.

En concreto, se trata de una querella de siete carillas donde dan cuenta de que el sujeto revestiría un peligro para la seguridad de la sociedad y lo señalan como responsable de los delitos de disparos injustificados y tenencia ilegal de armas.

Asimismo, apuntan a su cónyuge, Pamela del Carmen Muñoz Hernández, a quien se le incautó una pistola marca ERKE AG.SUHL, calibre 7.65, la cual no se encuentra inscrita.

En medio del documento ingresado por la delegación, al cual accedió La Tercera, la entidad no solo describe los delitos en que Aramayo Baltra habría incurrido y las razones que llevan a la interposición de la querella, sino que también se detallan los efectos que la conducta del imputado tendrían.

Así, se indica que, “en el caso en concreto, el delito de disparos injustificados produce, en la población en general, el justo temor a ser víctima de lo que comúnmente se denomina “balas locas”, que corresponden a disparos injustificados que se realizan en la vía pública y que tienen su origen en enfrentamientos entre bandas rivales, disputas territoriales, demostraciones de poder de fuego, entre otros, y que ocurren de manera constante y reiterada en el tiempo, alterando y afectando significativamente la vida barrial de las personas”.

Este tipo de acciones, agregan, genera alteraciones en la forma de vida de los vecinos, “ante la pérdida de seguridad personal y comunitaria, llegando incluso a tener que blindar sus casas o poblaciones enteras, como es el caso de la Villa Los Jardines II, aledaña a la Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín”.

“En ese contexto, los hechos que se denuncian en esta querella y que tipifican el delito de disparos injustificados, son hechos que, por sus características y forma de comisión causan en la población o en un sector de ella el justo temor de ser víctimas de delitos”, resalta el escrito.

Dado lo anterior, desde la Delegación Presidencial pidieron al Ministerio Público que se oficie al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para que realice peritaje balístico a la evidencia que se pudo haber levantado desde el sitio del suceso, “para que se determinen calibre y tipo de arma utilizada y se busquen restos biológicos o posibles huellas dactilares, y se compare con las armas incautadas desde el inmueble del querellado para determinar si las municiones fueron disparadas con algunas de ellas”.

Asimismo, pidieron que la misma unidad realice peritaje balístico al arma incautada a la esposa de Aramayo, “para que señale si se encuentra apta para ser utilizada, si presenta alguna modificación en su estructura o funcionamiento, y toda aquella otra información que pudiese ser de utilidad para los hechos que se investigan”.

Junto con ello, que también se recaben registros audiovisuales de las cámaras de vigilancia existentes en las cercanías del inmueble del imputado.

Y por último, consideraron de importancia que se oficie a la Dirección General de Movilización Nacional para que remita información respecto al registro de las armas incautadas y si los imputados tienen o no permiso de porte o tenencia de armas.