Protocolo de acoso en entredicho: Cámara revisará instrumento tras desestimar denuncia contra diputado

Aún no había sido notificado formalmente cuando a principios de septiembre de 2019 la prensa acreditada en el Congreso Nacional ya conocía los principales detalles de la denuncia por acoso sexual que un extrabajador del diputado independiente Pedro Velasquéz había interpuesto en su contra.

El hecho, recuerdan en la Cámara de Diputados, dejaría en evidencia desde el principio las "falencias" del protocolo que busca prevenir y sancionar el acoso sexual al interior de esa corporación y que fue impulsado tras el icónico mayo feminista de 2018, durante la presidencia de la diputada Maya Fernández (PS).

La denuncia, que constituía la primera acusación de esa naturaleza hacia un parlamentario remeció a la Cámara Baja y puso a prueba el instrumento que, según reconocen en la corporación, presentó "graves vacíos" e hizo casi imposible, por ejemplo, cumplir con criterios básicos como la confidencialidad, el debido proceso y la no revictimización.

Es así que luego de que la Cámara Baja resolviera en enero desestimar esa y otra denuncia de las mismas características en contra de Velásquez, que la Comisión de Régimen Interno de la corporación decidió en su última sesión hacer una completa revisión del protocolo de acoso sexual.

La definición, según presentes, se dio precisamente luego de que la diputada Fernández –quien asumió la investigación del caso- advirtiera a sus pares las dificultades que tuvo para lograr acreditar la veracidad de los testimonios.

"Se acordó que en marzo deberíamos recoger toda la información de los casos investigados para ver si efectivamente el protocolo permite ser de verdad un instrumento que facilite las investigaciones y eventualmente llegar al fondo del asunto y sancionar", explica el presidente de la testera Iván Flores (DC) a La Tercera PM.

La diputada Andrea Parra (PPD), quien también integra la instancia, asegura que "sin duda estos casos son complejos de abordar, particularmente porque para poder tener sanciones efectivas, deben haber pruebas que permitan acreditar las denuncias y llegar a sanciones con un sustento real. En este caso (el del diputado Velázquez) nos dimos cuenta que hay cuestiones que revisar".

En la Cámara advierten que la investigación del caso fue compleja desde el principio. Sobre todo, porque tanto el acusado como el denunciante abordaron los detalles del proceso en diversos medios, vulnerando el principio de confidencialidad que quedó establecido en el protocolo. De hecho, el mismo día en que se dio a conocer públicamente la denuncia en contra de Velásquez, el parlamentario hizo un punto de prensa en la sede del Congreso en Valparaíso para asegurar que la acusación se trataba de una "revancha" en su contra. Asimismo, por esos días, el extrabajador del parlamentario salió dando declaraciones en distintos noticiarios.

Algo similar ocurrió cuando la diputada que había sido sorteada para liderar la indagatoria, Gael Yeomans (CS), terminó apartada del caso a petición de Velásquez. Esto, luego de que el parlamentario pidiera su recusación acusando que no daba garantías de imparcialidad a propósito de los comentarios que hizo la legisladora al ser consultada al respecto por la prensa.

Es por eso que la diputada Fernández asegura que es necesario que se establezcan sanciones en el protocolo en caso de que cualquiera de las partes vulnere los principios de confidencialidad y no revictimización. "Lo más importante es que las denuncias no se mediaticen, como ocurrió en este caso. Y ese es un tema. Tenemos que establecer sanciones para quienes hagan pública una denuncia o antecedentes que se estén investigando", sostiene.

La diputada Natalia Castillo (RD) asegura, en tanto, que hay materias que se deben "ajustar", sobre todo, con el objetivo de "fortalecer las normas de confidencialidad de los procesos, especialmente aquellas de protección a las víctimas en cuanto a su dignidad y honra".