Proyecto de porte de combustible: las recriminaciones que se desataron en el oficialismo tras nueva derrota legislativa de Tohá

Malestar generó en el ala izquierda del gobierno la aprobación del proyecto que sanciona con penas de cárcel el porte de combustible en protestas sociales. La idea es vista en parte de Apruebo Dignidad como una “criminalización” de las marchas y reavivó los resquemores en materia de seguridad entre la coalición base del Presidente Gabriel Boric y Socialismo Democrático, desde donde hubo siete votos a favor de la iniciativa.

El proyecto se originó desde el Ejecutivo y fue presentado el 29 de mayo, en el marco de la agenda de seguridad -de 31 iniciativas- que trabajaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI). La idea inicial era emplear sanciones con multas de entre 10 a 20 UTM, pero la Cámara despachó el proyecto al Senado con la aprobación de una indicación presentada por Henry Leal (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano), que cambiaba el castigo monetario por presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 540 días.

Esto se consiguió con votos de los llamados partidos bisagra: la Democracia Cristiana, Demócratas y el Partido de la Gente. Esto llevó al gobierno a “soltar” de alguna manera la iniciativa (desde el primer traspié del proyecto, en agosto), pues sin esos respaldos es muy difícil para el Ejecutivo avanzar en su agenda. De hecho, la indicación de la derecha fue respaldada posteriormente en el Senado y ratificada este martes en su tercer trámite, con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones.

Una de las voces críticas en el oficialismo es el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD), quien planteó que desde el gobierno hubo “ausencia de diálogo político y legislativo en la Cámara, incluso con las bancadas del oficialismo”. El parlamentario de Socialismo Democrático también indicó que “eso está afectando los resultados, sobre todo en la agenda de seguridad”.

En el sector transmiten que faltó un mayor involucramiento de Tohá y del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, para asegurar que estuvieran los votos a su favor. La derrota en esta iniciativa, además, se sumó al traspié que ya venía arrastrando el Ejecutivo en la ley de usurpaciones, por la cual La Moneda decidió presentar un veto.

En la sala de la Cámara, la diputada de Convergencia Social -partido del Presidente Boric- Lorena Fries argumentó su voto en contra del proyecto, que es compartido ampliamente por el sector. En la tarde del martes aludió a que “no apoyaremos el uso desproporcionado de la ley penal para inhibir un derecho que es clave en toda la democracia”.

Por otro lado, la vicepresidenta de la corporación, Carmen Hertz (PC), agregó: “El solo porte de combustible no puede ser tipificado como delito, sino que debe tener un resultado posterior. Eso es el ABC de la doctrina penal. Creo que tiene ese déficit. Por lo tanto, es lamentable que se haya aprobado”.

Si bien dentro del gobierno hay personeros que veían como previsible esta derrota, los parlamentarios oficialistas se sorprendieron con lo abultado que fue el traspié para las fuerzas del Ejecutivo. Entre los factores que marcaron el número del resultado se consideran los votos a favor de siete diputados de Socialismo Democrático: los liberales Alejandro Bernales, Sebastián Videla (independiente) y Luis Malla; los radicales Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda, y los PPD Raúl Soto y Héctor Ulloa (Indep.).

Al argumentar su voto, Raúl Soto apuntó a los descuelgues que han existido desde Apruebo Dignidad para respaldar algunos proyectos de seguridad. “Si hay libertad de acción en materia de seguridad tiene que ser para todos. Lo que debe haber primero es coordinación, diálogo legislativo, y eso hoy día el gobierno no lo está haciendo. Hay que definir cuál va a ser la línea del gobierno en seguridad, si la de Apruebo Dignidad o la de Socialismo Democrático”, dijo el expresidente de la Cámara.

Además, durante la votación se abstuvieron personeros del oficialismo como Raúl Leiva (PS), Jaime Naranjo (PS), Patricio Rosas (Comunes), Consuelo Veloso (FA), Félix Bugueño (Comunes), Danisa Astudillo (PS) y Marta González (PPD).

Al mismo tiempo, otro factor de la abultada derrota, que apuntan desde el oficialismo, es el problema de las ausencias de parlamentarios para las votaciones en la Cámara. Este martes hubo 19 diputados que no estuvieron en la sala y, al menos, 10 de ellos pertenecen al gobierno. De la decena de congresistas, solo tres se parearon con pares de oposición, lo que lleva a que no sean considerados para la deliberación.

Los tres diputados oficialistas que sí hicieron el debido pareo fueron Luis Cuello (PC, en Rusia), Marcela Riquelme (CS, Rusia) y Tomás Lagomarsino (PR). Los comunistas Boris Barrera y Daniela Serrano, también en Rusia; y los socialistas Nelson Venegas (parte de la delegación en Moscú), Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, tampoco hicieron el pareo. Estos tres últimos andan en China, en un foro sobre el Tíbet.

Respecto a este problema, el diputado Jaime Araya (independiente PPD) afirmó que “claramente es necesario un espacio de conversación política entre las y los diputados, para establecer reglas básicas, que reduzcan el desorden, tenemos que hablar incluso de las cosas domésticas, como de quienes viajan y no aseguran los respectivos pareos, porque aquello se traduce en que la oposición aparece sobredimensionada”.