¿Quién custodia a Emilio?: Tribunal prohíbe que gendarmes tomen contacto con Berkhoff tras acusarlo de tener un celular

Nuevamente la defensa de Emilio Berkhoff (36) se enfrenta a efectivos de Gendarmería. Esta vez no por su traslado, sino porque el abogado del exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) asegura que este está recibiendo malos tratos, sanciones injustas y que incluso se le estaría atribuyendo falsamente la tenencia de elementos prohibidos en el penal. Por lo mismo, estamparon un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Concepción, instancia que definió que ciertos gendarmes tienen prohibición de acercarse al interno, quien cumple condena por delito de incendio.

Todo comenzó el pasado viernes 7 de octubre, cuando alrededor de las 18.50 horas funcionarios realizaban una inspección de rutina a propósito del encierro de la población penal en el módulo 6 de la cárcel de Concepción. En ese momento, cuando los gendarmes Sebastián Cancino y Yerson Sepúlveda recorrían el tercer piso -según se lee en el parte 1024 de la institución- visualizaron que en la celda 312, donde habita Berkhoff y otros dos internos, éste estaba utilizando un celular, artículo que según la reglamentación penitenciaria está prohibido.

Como se relata en el escrito -al cual tuvo acceso La Tercera PM-, “por alrededor de un minuto aproximadamente, el interno en cuestión trata de buscar señal con el teléfono celular por la ventana que da hacia el patio del módulo”, por lo que los funcionarios se le acercan para pedir su entrega voluntaria. En ese instante, continúa el relato, “rápidamente el recluso esconde el aparato tecnológico bajo el colchón de su cama, para posteriormente ponerse de pie, frente a los funcionarios, reclamando qué hacían ahí y que no podían ingresar al interior de la habitación”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por los efectivos, el interno dijo haber estado manipulando una talladora de madera, propinando gritos e insultos hacia el personal. Por ello, dicen, decidieron cerrar la celda y dar cuenta de lo sucedido ante el alcaide Néstor Flores Anabalón, quien dispuso realizar un registro y allanamiento a la celda, donde según el parte, encontraron el celular que según los testimonios lo manipulaba Berkhoff, un segundo aparato telefónico, marihuana, tres elementos cortopunzantes y otros artículos. Para dar cuenta del procedimiento, acompañaron las declaraciones de los dos gendarmes que inicialmente estaban de ronda y de los otros dos funcionarios que hicieron la incautación, quienes además habrían grabado en video la diligencia.

Dada la gravedad de la falta, conforme al reglamento penitenciario, Gendarmería dispuso que el interno que reconoció ser el dueño de uno de los celulares y de la marihuana cumpliera con 24 horas en celda de aislamiento y estuviera 20 días sin visita, y que Berkhoff -a quien se le atribuyó la propiedad de un teléfono, aunque lo negó- estuviera 15 días sin visitas.

Sin embargo, ante lo ocurrido, la defensa del exintegrante de la CAM recurrió de amparo, alegando que todo el procedimiento se habría orquestado por los funcionarios en atención a que su representado habría advertido de la desaparición de la talladora de madera que le tienen permitido tener en el penal. Asegura, así, que tanto Cancino como Sepúlveda ingresaron sorpresivamente a la celda, propinando insultos. “Acá mandamos los pacos, bastardo y el que sapea le hacemos la cana”, habría sido una de las expresiones, como se lee en el recurso.

Esa situación es la que a juicio de la defensa habría generado la revisión de la celda, y según el abogado, el segundo interno -a quien también incluye como amparado- habría reconocido ser el dueño de los dos celulares, por lo que estiman que la sanción a Berkhoff sería totalmente improcedente. Agregan, en el mismo sentido, que el compañero de celda de su cliente les confesó que en la celda de aislamiento fue hostigado para cambiar su declaración e inculparlo.

Por ello, pidieron al tribunal que se disponga la prohibición de que ambos sean trasladados y que se establezcan medidas para asegurar su bienestar. Así, con fecha 10 de octubre, la jueza Jimena Troncoso resolvió fijar audiencia para el día 26 del mismo mes para resolver sobre el amparo y determinó que, en el intertanto, rija prohibición absoluta de trasladarlos, y que los gendarmes Cancino y Sepúlveda “no pueden tener contacto alguno con los amparados hasta a la resolución”. Asimismo, determinó que se “suspende o se abstenga Gendarmería de toda sanción disciplinaria” en contra de los citados internos.

Al ser consultados por las disposiciones del Juzgado de Garantía de Concepción, el comandante Andrés Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), las catalogó como graves.

“El criterio utilizado por algunos juzgados de garantía nos parece muy complejo, por cuanto puede ser utilizado por internos con amplio compromiso delictual. Algunas resoluciones pueden terminar facilitando que reos terminen seleccionando a los custodios de sus intereses. Esto es el mundo al revés y ha sido un hecho repetitivo, en donde los tribunales de justicia están disponiendo de este tipo de medidas que pueden propiciar casos de corrupción y situaciones más complejas”, manifestó el funcionario.

En el mismo tono, aseguró que este tipo de resoluciones, es una suerte “de llamado a hacer vista gorda ante faltas graves y hechos que son constitutivos de delitos. Por eso, pedimos al Poder Judicial que puedan apoyar el trabajo que se está haciendo en Gendarmería, porque estamos viendo coartado el desempeño de nuestros funcionarios con medidas que pueden terminar inhibiendo el trabajo al cual estamos mandatados”.

Considerando que estiman que los aludidos funcionarios se ajustaron a los procedimientos y que tribunales está limitando su accionar, Muñoz informó que solicitaron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, “a quien oficiaremos en los próximos días, debido a que tenemos la convicción de que este tipo de situaciones va generando las condiciones propicias para el fortalecimiento del crimen organizado y podría tener consecuencias incalculables para nuestros funcionarios”, dijo.