Quién es la arquitecta de Santiago que organizó chat con tasadores en compra de Sierra Bella y la desconocida de su jefe: “No hubo ninguna instrucción otorgada por mí”

Fachada de la Municipalidad de Santiago
Fachada de la Municipalidad de Santiago.

Loreto Fernández Albornoz se sumó al extenso reparto de actores claves en el caso en que se indaga la frustrada compra de la exclínica por parte de la administración de Irací Hassler (PC). La funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de la comuna, según declararon los profesionales que evaluaron el inmueble, les dijo que ella los contactaba en nombre del municipio, organizando el depósito de los honorarios y también armando un grupo de WhatsApp para coordinar los informes técnicos. Quien fuera su superior, y hoy actual hombre de confianza de la alcaldesa en la Secpla, Felipe Esbir, niega haberle encomendado esa labor, entonces, ¿quién le asignó esta tarea?


Que su nombre apareciera vinculado al caso Sierra Bella, no sólo llamó la atención de los funcionarios municipales de Santiago, sino que también entre los intervinientes del caso en que la Fiscalía indaga los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado, por la frustrada compra de la exclínica. Se trata de Loreto Fernández Albornoz, arquitecta y directora de Gestión Urbana de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan).

El rol de Fernández lo describieron en sus declaraciones a la PDI los tasadores del inmueble Elsa Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo. Todos apuntan a que fue la arquitecta quien los contactó para el trabajo y, además, los organizó en un grupo de WhatsApp para enviar sus informes, lo cual fue advertido como una irregularidad por parte de la Asociación de Tasadores de Chile.

El grupo fue borrado, una vez que estalló el caso y, por lo mismo, la PDI analiza los teléfonos de los tasadores para rescatar el contenido de este chat, pero también, los investigadores ya preparan diligencias en torno a la propia Fernández, de quien no se sabe por qué organizó la tasación, ya que no era parte de sus facultades en la Cordesan y, según señaló en un comunicado de prensa la propia Municipalidad de Santiago, no tenía ningún vínculo con la administración de Irací Hassler (PC).

“Loreto Fernández, quien trabaja en la Cordesan, me comentó, posiblemente de manera presencial, no lo recuerdo con exactitud, que la Municipalidad de Santiago iba a necesitar tasadores y que le habían consultado a ella si tenía contactos, por lo que me preguntó si me interesaba presentar el servicio de tasación, a lo que yo le señalé que me interesa”, declaró ante la PDI la tasadora Elsa Cárcamo.

Cárcamo, además, señaló que “dado lo anterior, ella me manifestó que me iban a contactar, sin embargo, no me contactó nadie de la Dirección de Salud, sino que fue Loreto nuevamente quien me dio las indicaciones, señalando que, en tal fecha, al aparecer octubre o principio de noviembre, debía concurrir a Carmen 35, comuna de Santiago para efectuar la visita de inspección al inmueble que se pretendía tasar, agregando además que estaría como tasadora María José, quien también es amiga de Loreto”.

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La negación y el silencio

María José Sepúlveda y Patricio Gajardo hacen un relato similar: Fernández los habría contactado a solicitud del municipio. ¿Por qué? Desde la Municipalidad de Santiago señalan que “ella no es funcionaria municipal, sino de la Cordesan. Por lo tanto, no puede recibir instrucciones desde acá. Si alguien se lo pidió o porque ella hizo lo que dice el informe, es lo que debe dilucidar la investigación penal”.

La Cordesan es una entidad de derecho privado, como todas las corporaciones municipales. Sin embargo, gran parte de su presupuesto llega desde el municipio, donde, además, la dirección ejecutiva mantiene un estrecho vínculo con la administración comunal.

Hasta antes de que estallara el caso su director era Felipe Esbir, ingeniero ambiental y activo en redes sociales para apoyar las publicaciones de las autoridades de gobierno, de la alcaldesa Hassler y militantes del PC. En la Cordesan estuvo desde julio de 2021, luego de que saliera Hernán Cáceres, antiguo directivo de la comuna.

Esbir era el jefe directo de Fernández y consultado si él le encomendó la tarea de contactar a los tasadores, respondió a La Tercera PM que “en el período que ocupé el cargo de director de la Corporación para el Desarrollo de Santiago no hubo ninguna instrucción otorgada por mi persona a la trabajadora aludida ni a ningún otro trabajador o trabajadora respecto de buscar, elegir o coordinar tasadores para la adquisición de algún inmueble por la Municipalidad de Santiago”.

En esa misma línea, agregó que “la Corporación es una persona jurídica de derecho privado que no tiene subordinación respecto de la Municipalidad y la función que cumplía Loreto Fernández, bajo mi dirección, era la de coordinar a los equipos de proyectos de arquitectura, obras y barrios”.

Esbir ya no está en la Cordesan, pues desde mayo de este año -luego de que la alcaldesa Hassler removiera a los funcionarios cuestionados por Contraloría- es el actual director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla). “Es quien piensa la ciudad, es de confianza de la alcaldesa”, resume alguien que conoció este proceso de nombramiento.

El municipio y Esbir descartan haber instruido algo a Fernández, pero ¿qué dice ella? Contactada por este medio y consultada quién le encomendó el trabajo, señaló que no se referiría al tema. “No voy a decir nada”, cerró.

Determinar vínculos

El abogado querellante en la causa -quien representa a los diputados de Republicanos, Juan Irarrázaval y Johannes Kaisser-, Sergio Rodríguez, sostuvo que “es materia de la investigación del Ministerio Público determinar con quién actuó asociada la imputada Fernández Albornoz. Ella aparece hasta ahora como un nexo en el plan criminal entre vendedor, funcionarios públicos y tasadores”.

Rodríguez -quien amplió la querella inicial para indagar estos antecedentes- agregó que “su actuación es determinante en el posible fraude al Fisco, ya que transmite la información del vendedor a los tasadores, todos ellos elegidos por ella misma, sin tener a la vista ni sus currículum ni conociendo el costo del servicio, todo extremadamente irregular”.

La concejala Rosario Carvajal, en tanto, planteó que “acá hay antecedentes nuevos, porque involucran a una funcionaria de la Cordesan, que nace bajo el alero de la municipalidad y que es financiada por la municipalidad. Esta funcionaria no actuó voluntariamente, sino que claramente siguió una orden (...). Estos vínculos hay que aclararlos a la brevedad, porque son muy graves”.

Por ahora, en el municipio descartan todo vínculo con Fernández, es más, incluso con la alcaldesa Hassler. “La alcaldesa no tiene ningún tipo de relación con Loreto Fernandez”, dicen. Por ahora, será el Ministerio Público el que determine a quién respondieron las presuntas gestiones de la arquitecta y por qué su interés en un caso que sigue siendo un problema insuperable para Santiago.

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