RD y PC insinúan “perdonazo”: la disyuntiva de La Moneda ante informe de isapres que no convence al oficialismo

Un nuevo dilema enfrentará el gobierno del Presidente Gabriel Boric en su agenda de salud, encabezada por la ministra Ximena Aguilera. Se trata de tomar una postura frente al informe de 105 páginas que entregó este martes el comité técnico de la comisión de Salud del Senado, con el que se busca aplicar el fallo de la Corte Suprema. Este último mandata a las aseguradoras a utilizar una nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, cifrados en mayo -a partir de un cálculo de la Superintendencia de Salud que fue refrendado por el Ejecutivo- en más de US$1.400 millones.

Tras los tres meses de trabajo de la comisión experta, conformada por asesores técnicos de los parlamentarios miembros de la Comisión de Salud del Senado, se determinó un nuevo cálculo para la deuda, la que se redujo a cerca de un tercio del valor original: US$451 millones.

Sin embargo, la gran duda que queda abierta es la viabilidad política del informe. En esa línea, el Ejecutivo -que ya presentó una ley corta para hacer frente al fallo en mayo de este año- tendrá que definir si abrazar o no la propuesta del Senado, que permitiría solventar la crisis de las isapres, pero que al mismo tiempo dividió a los dirigentes del oficialismo. Ello, pues desde Apruebo Dignidad llamó la atención la rebaja de la deuda, algo que fue compartido en sectores de Socialismo Democrático.

Desde el entorno de la titular de Salud aseguran que a ella no le parece una mala propuesta, mientras que parte del comité político no ve con malos ojos acoger el informe para salir de una crisis que ha marcado a la gestión del Presidente Boric en la agenda que maneja Aguilera.

Sin embargo, uno de los matices será justamente el estudio de la deuda, factor por el que personeros de Apruebo Dignidad podrían presionar y que será estudiado con más detalle en el Ejecutivo. El integrante de la comisión de Salud del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), por ejemplo, planteó que “no estamos disponibles para perdonazos a las isapres”.

De todas maneras, desde el gobierno plantean que se seguirá actuando bajo tres principios: garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas, velar por la estabilidad del sistema de salud y cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Como sea, se podrán presentar indicaciones al informe de la comisión experta hasta el próximo 20 de octubre. Dicha discusión comenzará este miércoles en el Senado.

Uno de los pocos personeros del gobierno que ha salido a referirse al informe es el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien suele tratar con la prensa temas más delicados para Palacio. “Lo que correspondería ahora es si el Congreso considera que esa es la metodología de cálculo correcta, que ese es otro aspecto que es relevante”, planteó.

Aguilera, en tanto, aseguró que “estamos dando un segundo paso con la entrega del informe de la comisión, tres meses de trabajo arduo y serio dando a conocer y destacar que es un informe que no tiene opiniones de minorías, por lo tanto implica un análisis profundo por parte nuestro que se está proponiendo para recogerlo adecuadamente a través de las indicaciones”.

La ministra ha sido defendida por personeros de Socialismo Democrático como Guido Girardi, quien planteó que “esta ministra debería tener el apoyo de todos y no hacer populismos porque la situación de salud es dramática. Hay que tener sentido común, solidaridad y generosidad con el país, qué sentido tiene cuestionar a la ministra, además hay personas que muchas veces no tienen competencias en salud que la critican, o que no entienden la magnitud del problema”. Sobre la deuda, el histórico del PPD añadió que “me parece razonable el acuerdo de la comisión”.

Sin embargo, en el oficialismo no todos piensan igual. Una vez conocido el informe, la presidenta de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), planteó que “la deuda parece bastante reducida en relación a lo que nosotros teníamos entendido (...). Para ser responsables y serios, tenemos que verlo en detalle (...). Aquí lo que no va a haber es ningún tipo de perdonazo a las isapres (...). Nos saltan las preocupaciones con lo que hemos conocido”.

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien también integra dicha comisión, manifestó que “el informe de la Comisión Técnica recomienda un perdonazo descomunal a las isapres, desde los $1.400 dólares originales, a los $451 millones de dólares”.

El parlamentario, que anteriormente impulsó una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera, agregó que “una vez que la Corte Suprema aceptó la prórroga de seis meses para el cumplimiento del fallo, el estudio de la acusación (...) queda en stand by, a la espera de que avance el proyecto de ley corta en el Senado y posteriormente en la Cámara (...)”.

En esa misma línea, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que “me llama profundamente la atención el tratamiento técnico que se le da a un fallo del Poder Judicial al disminuir a un tercio la deuda que por el sobrepago tienen las isapres con los usuarios. Me imagino que esto está pensado a la medida de la viabilidad de que se mantengan las isapres”.

De acuerdo a Carmona, “si Fonasa tiene en el aparato público las demoras que tiene (...), ¿qué pasaría si lo presiona todo el traspaso de isapres hacia Fonasa? Aquí el tema de fondo es cómo hay una interpretación que disminuye ostensiblemente la deuda que, sin presión de nadie, la Corte Suprema había resuelto”.

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), quien es parte de la comisión de Salud de la Cámara Alta y cuyo asesor -el exsubsecretario Cristóbal Cuadrado- dirigió a la comisión experta-, aseveró que “tenemos que estudiarlo más a fondo pero lo que tenemos claro es que no estamos disponibles para perdonazos a las isapres, es decir, acá las isapres tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar lo que deben. El plazo se puede conversar, diez años, a priori, a mí me parece mucho”.

No obstante, no todos hacen un diagnóstico pesimista. El diputado Patricio Rosas (Comunes) sostuvo que “la Comisión Técnica propone una vía de solución que permite sostener la cobertura de salud de las familias afiliadas al sistema privado, pagar lo adeudado por cobros en exceso y al mismo tiempo da la estabilidad necesaria al sector, mientras se hace una reforma integral al sistema de salud que debe incorporar la red de prestadores públicos y privados, los aseguradores y un sistema de pagos entre las partes. Esta reforma ya no puede esperar”.