Reconstrucción sin fin: las críticas que arrecian por la intempestiva salida de Paulina Saball y la ausencia de un informe oficial

Ñuble, Biobío y La Araucanía fueron las comunas más afectadas con los incendios del año pasado: según las cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las llamas destruyeron 2.514 viviendas. Por eso, el 10 de febrero el Presidente Gabriel Boric designó a Paulina Saball como delegada presidencial para la reconstrucción. Y después de casi cuatro meses, el pasado 1 de junio Saball dejó su cargo. “Yo concluí mi rol de coordinación del proceso de reconstrucción postincendios”, afirmó a La Tercera.

Diversas autoridades de la zona advierten que la reconstrucción aún no está completa y que no se ha avanzado tan rápido. En ese contexto, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, apunta que Saball “intentó avanzar, pero creo que no logró romper con la burocracia que tiene el Estado para enfrentar la emergencia”.

De acuerdo a los datos reunidos por el gobernador, en la región se entregó el 100% de las viviendas de emergencia, sin embargo de las definitivas solo había sido entregada una. “Más de eso no sabemos”, agrega.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, también agrega que “la reconstrucción aún no termina, alcanza un 83%, y ya llegó el invierno; pero, además, hay una segunda emergencia producto de un evento meteorológico. Esto deja en evidencia que no se avanzó como se debía y que la fórmula centralizada en un delegado para la reconstrucción no funciona y se agotó”.

Por otro lado, el diputado e integrante de la Comisión Investigadora de Incendios, Jorge Rathgeb (RN), también sostiene que la reconstrucción no está finalizada: “Las viviendas de emergencia están instaladas, pero no todas están con electricidad. En algunos casos los alcaldes han optado por dar los permisos para usarla, porque las personas las necesitaban. Y las viviendas definitivas son muy poquitas, una o dos por comuna”.

Sobre la salida de Saball afirma que “lamento que ella haya dejado el cargo antes de que se concluyera el trabajo, porque no se ha cumplido toda la instalación. Para nosotros fue una sorpresa que ella dejara el cargo cuando aún no estaba lista la reconstrucción, y no hablamos solo de viviendas, sino que puentes y emprendimientos turísticos”.

Además de que las autoridades advierten que falta para terminar con la reconstrucción, también relatan que la salida de Saball fue sorpresiva y que aún no tienen un informe con el avance de las medidas que se tomaron postincendios ni tampoco con los datos de la reconstrucción.

Si bien la exdelegada presidencial Paulina Saball sostuvo que el plan “por cierto no ha concluido”, añadió que “la concreción de cada una de las medidas tiene plazos y responsables que están claramente establecidos. Por ejemplo: la reposición de las escuelas, la construcción de viviendas, la explanada de la caleta de Punta Lavapie, etc., son inversiones que requieren proyectos y estudios antes de ejecutarse. A diferencia de los subsidios de apoyo a la recuperación de las fuentes productivas que fueron ya pagados. En concreto, cada medida tiene tiempos, recursos y plazos diferentes”.

En su minuto, Saball también señaló que “lo que quedó concluido y fue mi función fue la elaboración del plan, la identificación de los recursos, la programación de las metas, la identificación de las entidades responsables de la ejecución de cada una de ellas. Cumplida esa función, la concreción de esas metas, el monitoreo y seguimiento de su cumplimiento quedó en manos de la estructura regular del Estado. A nivel regional coordinado por los delegados regionales presidenciales y, a nivel central, en la División de Coordinación Interministerial que es la instancia que hace el seguimiento de las metas ministeriales (...). Trabajé bastante en el traspaso con cada uno de los delegados presidenciales regionales, quedó formalizado un plan y su respectiva programación para cada región. De igual modo trabajé durante todo el mes de mayo con el equipo interministerial que armó Rodrigo Echecopar para hacer seguimiento del plan”.

No obstante, desde el gobierno no han clarificado qué es lo que viene después de la tarea realizada por Saball.

“En la comisión de incendios nosotros solicitamos los informes a la delegada Saball, pero ese día (finales de mayo) nos informó que dejaba su cargo. En esa oportunidad, nos señaló que venía otra etapa de reconstrucción, y que ya no podía hacerse cargo en adelante. Nosotros pedimos información en detalle, y a la fecha este informe todavía no nos llega”, cuenta la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

Así también lo afirma el gobernador Rivas: “Del plan de reconstrucción no se supo mucho tampoco, y tampoco se nos informó de manera oficial que ella había dejado el cargo. Entendemos que ese rol lo tomarán ahora los delegados. Yo no sé cuál es el estado actual de la reconstrucción”.

Por otro lado, la parlamentaria que también integra la comisión investigadora advierte que, por ejemplo, aún existen 300 familias en la provincia del Biobío que pese a haber sido damnificadas por los incendios y cumplir con los requisitos de ayuda del gobierno, aún no reciben transferencia alguna. “Hechas las averiguaciones, en Agricultura nos señalaron que efectivamente había -a los menos- 300 beneficiarios que podrían estar en esta condición en la región y esto nos parece particularmente grave, porque el gobierno se comprometió a una ayuda eficiente y eficaz”.

Agrega que “según lo que me han dicho, Dipres estaría ya habilitando esos decretos y la próxima semana se podría ya estar haciendo estos traspasos. Pero para familias que viven del campo, que viven de sus huertos, de sus animales y que fueron afectados en febrero, creo que hoy día es muy tarde esa ayuda”.

De acuerdo a los avances presentados por los delegados presidenciales de las regiones de Ñuble, La Araucanía y el Biobío, e informado por el Ministerio del Interior, en las tres zonas se han solicitado 1.824 viviendas de emergencias en total, de esas 1.750 ya han sido recepcionadas por los municipios. También detallan que todas ellas se encuentran con instalación eléctrica. Las 30 viviendas que faltan es porque se encuentran pendientes de instalación por definición de terrenos.

Por otro lado, se han construido o adquirido 300 viviendas y se han reparado 107 que resultaron con daños leves o moderados.

En relación con los bonos de recuperación productiva: se han entregado 1.622 de los 1.679 de los que estaban destinados a pequeños productores silvoagropecuarios directamente afectados, catastrados por el Ministerio de Agricultura. De los bonos de recuperación para productores de economía de subsistencia (autoconsumo), se les ha entregado al 60% del total, es decir, a 1.565 de los 2.624 catastrados por la cartera.

Pese a los avances, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, reconoce que la reconstrucción post incendios forestales en la región “ha sido un proceso complejo por varias razones: la alta afectación, no solo de viviendas sino de formas de vida y porque los damnificados fueron personas de zonas rurales históricamente relegados por el Estado”. Sin embargo, afirma que durante los cuatro meses de trabajo los equipos se han desplegado para construir 1.239 viviendas de emergencia y “cumplir con el compromiso presidencial de levantarlas antes del invierno, junto con entregarles condiciones mínimas de habitabilidad como agua potable, conexiones eléctricas y fosas sanitarias, cuyos procesos están en un 90% y 73% de avance, respectivamente”, explicó.

En cuanto a los desafíos en torno a la reconstrucción dentro de La Araucanía el delegado presidencial, José Montalva, apunta a la mejora de los servicios básicos para lo cual anunció la implementación de inversiones futuras desde el gobierno “principalmente a través de Subdere y traspasos directos a municipios, de ésta dificultad se desprenden otras que van en torno a la vivienda definitiva”.

Mientras que para Gabriel Pradenas, delegado presidencial del Ñuble, los avances de la reconstrucción en la zona tiene que ver con la conectividad y adecuación de caminos, así como la conectividad eléctrica a través de una colaboración público-privada “en conjunto con las distintas empresas que operan en la región y en los sectores rurales”. A esto se suma la implementación de políticas públicas que vienen a complementar el ordenamiento territorial, habitabilidad y un foco en apoyo psicosocial.