“Reparación a todas las víctimas de la violencia rural y el terrorismo”: la ley que obliga al gobierno a apoyar a quienes sufran ataques en la Macrozona Sur

Con extensos debates en el Congreso, en comisión mixta, el 29 de noviembre se aprobó la Ley de Presupuesto 2023. El gobierno hizo hincapié en distintas materias, pero gran parte del foco de la inversión para el próximo año estará centrado en lo relativo a la seguridad.

Y es ahí donde surgió una indicación -presentada por el senador RN, José García Ruminot- que tendrá un impacto concreto en el Ejecutivo, que deberá tomar medidas a partir de esa iniciativa parlamentaria. Se trata de una norma que crea la figura de la “reparación a todas las víctimas de la violencia rural y terrorismo” en la Macrozona Sur.

Esto quedó plasmado en la glosa del Programa de Derechos Humanos donde el gobierno se ve obligado a informar al Congreso, antes del 31 de marzo de 2023, “sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales para reparar a las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del sur de Chile, considerando avances en materia legislativa, la creación de un catastro histórico de víctimas y el reconocimiento la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia”.

García Ruminot fue respaldado por el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, para presentar esta indicación, la cual además contó con el apoyo transversal de los parlamentarios de la zona. “Esperamos que el Estado reconozca los efectos de la violencia en la Macrozona Sur y cree los instrumentos que permitan una reparación eficaz, tanto desde el punto de vista psicológico como para la recuperación de los factores productivos destruidos. La ausencia de Estado debe tener consecuencias”, dijo el senador.

La iniciativa contiene tres aspectos centrales. Lo primero es que “garantiza” reparación a todas las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El gobernador Rivas explica que “tal como le mencioné al Presidente en nuestro encuentro en Temuco, es urgente apoyar y proteger a los habitantes de la región que se han visto afectados por la crisis de seguridad. Queremos que el Mandatario escuche la voz de las regiones del sur de Chile y patrocine esta iniciativa de ley, presentándola al Congreso en el más breve plazo. Es urgente hacerlo. Las víctimas necesitan ser escuchadas y reparadas por el Estado”.

En aquella ocasión, el Mandatario no tomó un compromiso concreto al respecto.

La indicación aprobada, además, obliga al Estado a crear un registro histórico especial con todas las víctimas de los hechos constitutivos de la violencia rural y del terrorismo en la Macrozona Sur, como también hacerse “responsable” de los daños físicos, psicológicos y económicos que las víctimas hayan sufrido producto de la crisis de seguridad.

Esto se llevaría a cabo a través de una compensación para solventar gastos médicos, atenciones psicológicas, bienes perdidos, perjuicios ocasionados, el lucro cesante y el desplazamiento forzado. Los autores de la iniciativa esperan que esto se traduzca en la presentación de un proyecto de ley para avanzar rápido en un sistema de indemnización para quienes hayan sido víctimas de este tipo de ataques.