Este martes el pleno de la Convención Constitucional revisó la propuesta de reforma al Reglamento General que busca hacer más eficiente el debate y deliberación de las iniciativas dentro del hemiciclo.

En concreto, con 96 votos a favor y 38 en contra y 13 abstenciones, se estableció que los sábados serán considerados como días hábiles. Esta iniciativa, de acuerdo al vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), fue presentada por un grupo de convencionales constituyentes de distintos sectores.

En esta mismas votaciones, el pleno también aprobó la propuesta de la Mesa Directiva de aplazar la siguiente salida territorial, programada originalmente para la semana del 14 de marzo a la Región de Antofagasta. Así, con 107 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones, se reagendó para la semana del 16 al 20 de mayo.

Este lunes 28 de febrero, por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó la indicación que establece un límite para la duración en el cargo de ministro de Corte Suprema por un máximo de 12 años, sin posibilidad de ser reelecto.

Además, a pesar de que en sesiones anteriores la mayoría de los convencionales había aprobado quitar el fuero judicial de la Constitución, durante la votación los constituyentes repusieron esta protección especial de la cual gozan los magistrados

También se aprobó bajar la edad de jubilación de los jueces que integraran lo que hasta ahora se conoce como Poder Judicial, pudiendo ejercer sus cargos hasta los 70 años y no hasta los 75 como indica la legislación actual. Por lo demás, se estableció que el Sistema Nacional de Justicia estará conformado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Sin embargo, lo más relevante fue lo relativo a pluralismo jurídico. Por 113 votos a favor, 39 votos en contra y dos abstenciones el artículo, que había sido devuelto a la comisión de Sistemas de Justicia para ser enmendado, fue visado superando el quórum de 2/3.

El principio busca crear dos sistemas de justicia y reconocer sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Esto significa que existirán dos sistemas que convivirán en paralelo y en un “plano de igualdad”.

Durante la jornada de este martes, la comisión aprobó en particular una indicación, presentada por las convencionales Marcela Cubillos (Un Chile Unido) y Constanza Hube (Unidos por Chile), que reafirma la posibilidad de instalar un Congreso bicameral asimétrico. Específicamente, se viso que el Consejo Territorial -institución que reemplazaría al actual Senado- le corresponderá conocer los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, la ley anual de presupuesto, la ley sobre la división política y administrativa del país, las leyes que afecten las competencias de las regiones, y la ley sobre votaciones populares y el sistema electoral.

También, durante este este miércoles la misma Comisión visó que el “Congreso Plurinacional” esté compuesto por 205 parlamentarios y posibilidad de llegar al cargo con 18 años de edad. De igual forma, se aprobó la indicación respecto a la dedicación exclusiva al cargo de diputado y diputada, “el puesto de diputada o diputado es incompatible con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado”, señala el inciso.

La Comisión también visó en particular distintas indicaciones presentadas por la derecha que establecen algunas atribuciones que tendría el “Consejo Territorial”. Entre estas, se estableció que el nuevo órgano no podrá fiscalizar los actos del Gobierno pero sí tendrá la facultad de incidir en ciertas decisiones del Presidente.

En ese sentido se estableció, entre otras cosas, que el Consejo Territorial debe otorgar su acuerdo en caso de que el Presidente de la República deba ausentarse del país. También, que tanto sus comisiones y órganos -incluidos los comités de congresistas- “no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización”. Y finalmente, que es atribución del “Consejo Territorial” prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, “en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran”.

El lunes, a través de un video en sus redes sociales, el constituyente Rodrigo Rojas Vade, que había dejado de participar de la instancia en septiembre luego de que La Tercera diera a conocer que no padecía de cáncer -enfermedad que afirmó tener y que fue pilar de su campaña como constituyente-, reapareció asegurando que, ante una supuesta demora legislativa para establecer un mecanismo de renuncia, volvería a desempeñarse como convencional.

Su anuncio tuvo una negativa transversal dentro de la Convención y varios convencionales cuestionaron sus dichos y le pidieron expresamente no volver. En ese sentido, la presidenta del órgano redactor, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), aseguró que una eventual reintegración de Rojas Vade “claramente nos afecta y siembra nuevamente una ola de desconfianza en la Convención”.

Incluso el presidente Sebastián Piñera aseveró que “todos queremos una buena Constitución. Todo lo que entorpezca, dificulte el camino hacia una nueva Constitución es malo para Chile y los chilenos”.

Tras esto, el miércoles la Cámara Alta aprobó, con 31 votos a favor, el proyecto de reforma constitucional que permite la renuncia de los constituyentes “cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional”. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados.

Durante la jornada de este jueves el Pleno de la Convención aprobó solo seis de los 40 artículos presentados en primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Entre lo que logró avanzar, para ser votado en particular este viernes, se cuenta “el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales”, además de normas relativas a información ambiental, crisis climática y derechos de los animales.

Por otro lado, fueron rechazados, para volver a su comisión con la posibilidad de retornar al pleno tras su revisión, los ocho artículos relativos a bienes comunes naturales; los cuatro sobre principios ambientales, entre ellos, el que consignaba la imprescriptibilidad de los delitos medioambientales; tres sobre gestión de residuos, construcción en armonía con la vida y biodiversidad, y dos transitorios.

Al cierre de esta edición, el Pleno se encuentra deliberando el informe de reemplazo de la comisión de Forma de Estado.