Rodrigo Hernández (RD), seremi de Vivienda del Maule: “De ninguna manera las fundaciones son cajas pagadoras o platas para proselitismo”

El caso que comenzó en Antofagasta por los millonarios traspasos a la fundación Democracia Viva -representada legalmente por Daniel Andrade (RD), expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- encontró una ramificación del problema en la Región del Maule, donde el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández (RD), es uno de los últimos actores que entró al caso. Este miércoles la Fiscalía anunció la apertura de una investigación penal para indagar los contratos entre la Seremi de Vivienda del Maule y la fundación Urbanismo Social, ONG que integró Hernández por siete años y donde tuvo un rol de asesor jurídico y también de director regional en la zona.

Denunciado en un comienzo por el senador del Maule, Fidel Espinoza (PS), el cuestionamiento está en que la Seremi del Maule cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social, en diciembre del 2022, ocho meses después de que Hernández pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

Hernández está golpeado. Se pensaba que su carrera en la región podría haber tenido un ascenso, sin embargo, con la investigación de la Fiscalía, y el escándalo que ha significado el caso de Antofagasta, sus pretensiones políticas en la zona han experimentado una baja. Pero, a pesar de eso, el miércoles en la noche recibió el respaldo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien conversó con él por teléfono para entregarle su apoyo.

“El que se haya abierto una investigación es parte de un proceso normado, donde el propio Presidente de la República dijo que es muy bueno y sano que se investigue. Eso es importante para que la ciudadanía tenga absoluta certeza de que no existen situaciones irregulares, más allá de lo que está sucediendo en Antofagasta”, dice el seremi en conversación con La Tercera PM.

¿Y en su caso?

Quiero ser muy tajante en que nosotros no tenemos nada que ver con lo que ocurre en la Región de Antofagasta, ni con otra irregularidad que se esté investigando. En el caso de la Región de Maule, no sólo tenemos los procesos ajustados a plena norma, sino que además me he asegurado personalmente de que, incluso, en una dimensión más allá de lo legal, y en una dimensión ética, eso esté siempre resguardado. Yo he tomado decisiones expresas y abiertas como inhabilitarme en procesos donde se pudo haber discutido la imparcialidad de la Seremi.

El senador Fidel Espinoza señaló que usted ya no debería estar en el cargo, ya que al pasar usted desde Urbanismo Social a la Seremi “esta ONG recibió $ 980 millones en un año”. ¿Eso es así?

Eso está absolutamente descartado por resoluciones que están en el Sistema de Transparencia del Ministerio de Vivienda. Esos no son montos que hayan pasado en esa escala por la región, ni mucho menos.

Hubo traspasos desde la Seremi del Maule a Urbanismo Social, donde usted trabajó. ¿No cree que eso es cuestionable, tanto en términos administrativos como políticos?

A ver. Esto es muy importante de entender: nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ninguna adjudicación de ninguna entidad, ni con otra región, que no sea la Región del Maule. Nosotros emitimos un comunicado la semana pasada, donde expusimos el detalle de cada uno de esos procesos y cuáles son las decisiones que hemos tomado para dejarlo en regla. Nosotros, además, auditamos una vez al mes en la región, no sólo en las licitaciones, sino que también respecto de las rendiciones que se hacen.

Entre octubre y diciembre del 2022 se cerraron contratos por $ 577 millones desde la Seremi de Antofagasta a Urbanismo Social...

Es que esa clase de convenios las tendrá que responder la Seremi de Antofagasta, sobre cuál es el proceso que se llevó a cabo para definir a una entidad u otra. Ahora, si usted me pregunta si hay alguna situación en otra región, nosotros no tenemos nada que ver.

Pero hubo contratos entre la Seremi del Maule, cuando usted ya era autoridad pública, y Urbanismo Social, donde usted trabajó desde 2015. ¿Eso no lo cataloga como irregular?

Acá hay una cosa importante que clarificar y me remito al comunicado que hicimos, porque no tengo mayor autorización para profundizar en esos temas, pues son parte de la investigación. Ahora, no es que existan “traspasos” de un ministerio a una entidad. En eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que hay en el caso de los campamentos son convenios y esos convenios están regulados por un manual de procedimientos que establece cuál es la forma de esa vinculación, el cual está vigente desde 2015, y regulado por la Contraloría. No es discrecional de las seremis.

¿El estar regulados por ley o por norma no los hace cuestionables éticamente, considerando que usted había trabajado hace muy pocos meses en esa fundación?

La única relación que yo tuve con ellos fue de empleador a trabajador, no fui miembro del directorio, ni socio.

Pero fue director jurídico y director regional de Urbanismo Social en el Maule, no era un funcionario técnico más...

Pero eso no es lo mismo a ser socio o parte del directorio.

Era un rol importante el que tenía, no era uno más...

Es solamente una relación de trabajo, no de poder. Pero, además de eso, ya siendo seremi, cuando veía incluso la posibilidad de que pudiese haber ocurrido alguna relación con esa fundación, me declaré abiertamente en inhabilidad, porque no quería que se afectara cualquier factor de imparcialidad respecto de las contrataciones que pudiera hacer la Seremi o el Serviu. Eso no sólo se hace para cumplir con la norma, sino que también para proteger al equipo.

¿Entonces, no ve nada éticamente reprochable en esto?

Voy a ser muy claro con usted: nosotros no tenemos una capacidad previa para decirle a una entidad, “mire, no postule, no presente esos antecedentes”. Eso se descarta de plano. La responsabilidad ahí no es vetar a entidades, sino que ver algún factor que afectara su imparcialidad y abstenerse. Y eso fue lo que hice para cautelar ese estándar ético que va más allá de la ley.

Se ha dicho que estas fundaciones habrían operado como “cajas pagadoras”. ¿Usted defiende el rol que tenía Urbanismo Social?

Como cualquier persona que haya trabajado en otro lugar antes, yo tengo una muy buena experiencia de mi paso por esa fundación, pero también quiero ser enfático sobre esa afirmación que plantea: de ninguna manera las fundaciones son cajas pagadoras o platas para proselitismo. Cuando yo estuve en la institución, nunca jamás me correspondió establecer ninguna relación de este tipo.

El ministro Carlos Montes señaló que había funcionarios del Minvu que trabajaban -al mismo tiempo- en fundaciones que buscaban financiamiento para sus proyectos. ¿Esa situación se daba en el caso de Urbanismo Social?

No. Yo, por menos, no tengo información sobre eso.

¿Se le ha manifestado por parte del ministro que cuenta con su respaldo?

Esta es una situación muy injusta que trata de salpicarnos y enlodarnos. Ahora, yo estoy a disposición de todo, que se investigue lo que se tenga que aclarar, y obviamente ejerceré las acciones legales cuando corresponda en su debida oportunidad.

¿Usted continuará en su cargo?

Sigo en mi cargo, mientras tenga la confianza de las autoridades competentes.

¿No le han pedido la renuncia?

No.

Usted, como militante de RD, ¿cómo ve esta situación y cómo cree que se ha manejado esta situación al interior del partido?

Es una situación muy terrible y creo que cualquier persona que haya cometido un delito tiene que pagar con todo el peso de la ley, sin ninguna consideración. Yo no voy a evaluar responsabilidades políticas, más allá de mi rol en el ministerio, porque hay otras autoridades a las que les corresponde hablar sobre eso.