Santelices en la mira: El "zapato chino" del Gobierno por el reglamento del aborto

Hace poco menos de dos semanas, después de la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, un parlamentario UDI miembro de la comisión de Salud de la Cámara Baja se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Llevaba varios temas en carpeta, pero uno de ellos se tomó un buen rato de la conversación: la preocupación por la poca pericia política que existe en ese ministerio.

Hoy, tras el dictamen de Contraloría que estableció que el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales no se ajustaba derecho, la inquietud ya es un secreto a voces.

Con el reto de volver a redactar el escrito por delante -y, por ahora, disipado el riesgo de una acusación constitucional-, en Palacio afirman que la responsabilidad ya no recaerá sólo en el equipo jurídico de Santelices, encabezado por el abogado Jorge Hübner, a quien –junto con el ministro- se le sindica como uno de los redactores del primer protocolo. Esta vez, luego del traspié en Contraloría, altas fuentes de La Moneda afirman que se le quitó la facultad de realizar ajustes y el tema fue tomado directamente por los asesores jurídicos del segundo piso y de la Segpres, en particular de su división jurídica dirigida por Fernanda Garcés. Aunque desde Minsal insisten en que sí están participando en la escritura del mismo.

En cualquier escenario, la "intervención" de Santelices para reforzar sus equipos es algo ya zanjado por La Moneda donde resienten los autogoles del secretario de Estado en temas donde incluso podría haber brillado, como los anuncios sobre el VIH, donde entregó cifras erróneas que fueron desmentidas por ONU SIDA.

En el oficialismo afirman que el desafío de redactar el nuevo reglamento es complejo. "El gobierno está metido en un zapato chino", dice un senador miembro de la comisión de Salud. Desde la Segpres se afirma que aún no está cerrado si ello será abordado sólo mediante un reglamento, o bien una parte se hará a través de un protocolo, un reglamento y/o un proyecto de ley. Incluso no se descarta que, en el trayecto, se realicen consultas a la Contraloría, aunque enfatizan que no se establecerá una mesa con ese ente fiscalizador pues no hay piso político para hacerlo. Los plazos para todo eso están abiertos, mientras la comisión de Salud de la Cámara Baja aprobó esta semana, en general, un proyecto de ley interpretativa sobre la objeción de conciencia institucional que le pone presión a las gestiones del Ejecutivo.

En Palacio consideran que Santelices es uno de los secretarios de Estado más débiles y que los problemas en el sector son atribuibles a la falta de solidez de sus equipos y a su escasa habilidad política.

Respecto de los errores sobre el protocolo del aborto, por ejemplo, en el comité político exculpan al jefe del segundo piso Cristián Larroulet pues aseguran que -en la conversación entre ambos sobre la materia- la instrucción de éste, frente a la información de Santelices de que se debía solucionar el asunto de la objeción de conciencia de las clínicas, fue "muy de acuerdo, haz una propuesta". Pero, consignan, tal "propuesta" nunca llegó de vuelta para ser visada y el ministro decidió enviarla directamente para su publicación. La trabajó, aseguran, con un deficiente equipo de abogados y con personeros de la administración anterior que habían trabajado en el primer protocolo de Bachelet.

Tanto desde la directiva de RN y la UDI plantean la necesidad de reforzar el equipo de Santelices. Conformado actualmente por su jefe de gabinete Pablo Pizarro, el asesor legislativo Jaime González y el jefe de la división jurídica Jorge Hübner, la preocupación recae en la falta de experiencia política del equipo. A pesar de que los dos últimos trabajaron con Jaime Mañalich en el primer gobierno de Piñera, sobre todo en la UDI manifiestan que tras la salida del doctor Mario Villalobos, exvicepresidente de Amplitud, de la jefatura del gabinete se perdió a quien habría aportado la mayor cantidad de redes políticas al grupo. A ello se sumaría que las dos subsecretarias de la cartera poseen amplios conocimientos técnicos, pero no políticos, al igual que Santelices.

En Chile Vamos apuntan al equipo no sólo por el error político, más que jurídico, detrás de la redacción del primer protocolo de la ley de aborto, que no tuvo la aprobación del presidente Piñera y abrió una fuerte discusión con la oposición apenas se iniciaba el Gobierno. También indican el "error político" en que se cayó al sentar a Santelices a negociar con diputados opositores para intentar bajar la interpelación, una movida que es atribuida a Hübner y por la cual los parlamentarios oficialistas reclamaron en privado al ministro de Salud, pues no sabían que ocurriría. La maniobra, reafirman en La Moneda, indicaría esa falta de olfato.

"La agenda que tiene Santelices es potente. Tiene que apurar el tranco y evitar cometer errores. Sería razonable mirar todo con una mirada más política, sobre todo cuando se trata de una temática sensible", dice un senador UDI. "La agenda de Salud es buena, si el ministro lo hace bien, va a salir potenciado. Pero comparto que necesita apoyo que lo ayude a no pisar el palito, diagnosticar rápido para salir rápido de los temas difíciles", agrega.

Un diputado gremialista apunta: "Esta vez no hay opción de error. Además, al ser un reglamento se requiere la firma del Presidente y pasa por control de la Contraloría, así que no podemos volver a equivocarnos".

El lunes, en el comité político del gobierno con los partidos de Chile Vamos se planteó la posibilidad de que parlamentarios presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional una vez conocido el nuevo reglamento. Esto, porque en el oficialismo cunde el argumento de que la explicación esgrimida por la Contraloría no sólo afecta al principio de subsidiariedad, sino también –eventualmente- al derecho a la propiedad.

Aunque no hubo acuerdo, entre los dirigentes de Chile Vamos se plantean tres opciones. La primera, dejar que los hospitales o centros de salud afectados recurran de protección a los tribunales y, mientras éste se resuelve, presenten un recurso de inaplicabilidad al TC. La segunda, es la idea que ronda a varios senadores, de recurrir ellos al TC por la inconstitucionalidad en la que –acusan- incurrió el dictamen de la Contraloría. La tercera, es que un grupo de diputados presente una consulta de interpretación ante la misma Contraloría sobre su dictamen para ver cuál es el alcance del mismo.

Las dos últimas opciones no generan respaldo total en el oficialismo, por el costo político de que parlamentarios de la misma coalición oficialista recurran contra un reglamento emanado del Gobierno.