¿Y si se echan los ramos? Rectores piden extender un año más la gratuidad a los alumnos

Se espera que en las próximas semanas el gobierno promulgue la nueva ley de educación superior y con ello la gratuidad dejará de ser materia de discusión en las glosas del presupuesto nacional, como lo ha sido en los últimos tres años. Además de un fondo de recursos fijos para financiar al 60% de los alumnos más vulnerables de 33 universidades y 13 planteles técnicos del país, la futura norma fijará una serie de nuevas reglas que desde ya tiene muy atribulados a un número importante de rectores.

Puntualmente, son dos las materias que generan preocupación en las casas de estudios y que se han definido como los efectos colaterales de la gratuidad. La primera tiene que ver con la duración del beneficio, ya que la nueva ley establece que el financiamiento se extenderá por la duración formal de la carrera, es decir, si el programa tiene una extensión de cinco años, la cobertura será sólo por ese tiempo. ¿Cuál es el problema? Solo el 30% de los estudiantes se titula en ese plazo y sobre este punto, la ley establece que para aquellos alumnos beneficiarios de la gratuidad y que superen la duración formal, la institución sólo podrá cobrarles la mitad del arancel y del valor de la matrícula, por lo que los planteles deberán absorber el 50% del costo.

Si bien el problema en el corto plazo no presentaría grandes pérdidas para las universidades, los rectores afirman que se transformaría en un verdadero drama en dos o tres años debido al número de alumnos sin financiamiento que se iría acumulando.

Desde el Consejo de Rectores de Chile (Cruch) anuncian la elaboración de un estudio para cuantificar el número de estudiantes que no se van a titular en el plazo de duración formal de la carrera y cuál es el impacto económico que esto podría implicar para las casas de estudios. Desde ya y de manera extraoficial, proyectan que más de mil alumnos generarían pérdidas por cerca de $ 9 mil millones en el primer año.

El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, va incluso más allá, y argumenta que "si sólo un 30% se titula en el tiempo de duración formal de las carreras, ocurrirá que en estado de régimen de la gratuidad habrá un 70% de cada cohorte sin financiamiento. Cuando ello se produzca las instituciones se harán no sustentables".

Valle señaló que "por esta razón hemos pedido que se agregue un año más de financiamiento para los alumnos con gratuidad y si aún así se requiere más tiempo, se pueda otorgar un crédito solidario. Es inaceptable que la gratuidad termine siendo un gravamen insuperable para las universidades".

El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, criticó a quienes dieron vida al proyecto de educación superior: "Tal y como hoy se presenta la ley, encierra no sólo un gran desconocimiento de la realidad nacional de parte de los legisladores, sino que también castiga de manera impresionante a las instituciones que se han sumado".

De acuerdo a lo que dice Durán, "la gratuidad por ley sólo contempla el beneficio por el tiempo nominal de duración de las carreras lo que, desde un punto de vista exclusivamente económico, podría parecer razonable, desde la realidad institucional es tremendamente perjudicial, ya que nos obliga a asumir el costo de ello en un 50% por su primer año de atraso".

Otro problema que inquieta a los rectores es que una vez que se promulgue la ley las universidades van tener una restricción en el cobro para los estudiantes que están en los deciles 7, 8 y 9, quienes no están cubiertos por la gratuidad.

Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, ha sido crítico desde la tramitación de la iniciativa, planteando que "la fijación de los aranceles para los débiles 7, 8 y 9 va a significar un desfinanciamiento mayor, que va a atentar contra la calidad del sistema. A algunas universidades, como la nuestra, le va  afectar desde ahora, y a la gran mayoría en algunos años. Este es un riesgo mayor para la calidad del sistema universitario del país".

Y precisamente esto ha sido abordado por el ministro de Educación, Gerardo Varela, en algunas intervenciones: "Nos comprometemos a buscar los mecanismos que permitan que la gratuidad se implemente de la mejor manera posible, para que las instituciones no vean afectados sus proyectos institucionales ni su sanidad financiera".

Este compromiso es el que las instituciones esperan que cumpla el gobierno y encuentre los mecanismos para disminuir los déficits, que han llevado a planteles como la U. Diego Portales a poner en duda su continuidad en esta política pública.