Sin computadores, pizarras borradas y papeleros vacíos: El resultado del polémico allanamiento que realizó Carabineros en la sede de Comunes

Desde que el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación de oficio en contra de la excandidata a gobernadora metropolitana y hasta entonces carta fuerte del Frente Amplio para llegar al Senado, Karina Oliva, solo bastaron 24 horas para que el Ministerio Público se activara con diligencias intrusivas.

La indagatoria fue designada por Abbott al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, debido a “la gravedad y complejidad de los hechos”. La causa quedó alojada en la Fiscalía de Alta Complejidad Sur y fue caratulada como un eventual delito de fraude de subvenciones, un ilícito común y de acción penal pública, es decir, al no tratarse de un delito electoral la fiscalía lo puede perseguir sin necesidad de contar con una denuncia o querella del Servel.

El jueves Barros despachó una orden de investigar al OS7 de Carabineros —específicamente su unidad de lavado de activos— y mandató las primeras diligencias. Lo primero que hizo fue oficiar al Servel para que le remitiera los antecedentes vinculados con la rendición de gastos de Oliva. En esa misma acción le pidió al organismo electoral que tomara una decisión: denunciar, querellarse o quedarse “inactivos”. Luego, durante la tarde del viernes, Barros y su equipo dieron un paso más que tuvo como único objetivo “asegurar la evidencia” debido a la proximidad en el tiempo que existe con los hechos denunciados.

El fiscal Barros y el fiscal Milibor Bugueño intentaron realizar un contacto voluntario y visitaron personalmente el domicilio de Oliva. En el departamento de la candidata los investigadores le pidieron al conserje que llamara, pero la respuesta que recibieron fue que no se encontraba presente.

Lo mismo se trató de hacer con el ahora expresidente de Comunes, Jorge Ramírez. Se visitaron los dos domicilios ingresados en el sistema, pero no lo encontraron en ninguno. Se trató de tomar contacto con él, pero no hubo éxito. Ramírez tiene una versión distinta. “A mi no me llamó (la fiscalía), escribió, ni me intentó ubicar”, dijo el exdirigente. Lo mismo se trató de hacer de manera telefónica con representantes de la Fundación Chile Movilizado.

En paralelo un equipo de Carabineros visitaba la sede del partido Comunes, ubicada en la plaza Concha y Toro, en el centro de Santiago, donde tocaron la puerta para solicitar ingresar al recinto. Este medio consultó a la diputada y secretaria general del partido, Camila Rojas, quien comentó que tampoco fue contactada por la fiscalía. Lo mismo dijeron las vicepresidentas Carolina García y Emilia Schneider.

El plan del Ministerio Público -según sostienen en el organismo- fue tomar contacto con alguien del partido para que la entrega de información fuera voluntaria. Sin embargo los funcionarios policiales constataron que no había moradores y, según detallan fuentes de la causa, desde el exterior era posible ver que el lugar estaba vacío. De hecho se montó por un par de horas vigilancia de Carabineros afuera de la sede a la espera de que llegara alguien al partido a quien hacerle la solicitud.

Como no tuvieron éxito, es en este momento en que el Ministerio Público solicitó al 7mo Juzgado de Garantía de Santiago una orden de entrada y registro para poder incautar elementos que fuesen útiles para la investigación. La orden fue verbal, la entregó el juez Jaime Fuica e incluyó explícitamente la autorización para descerrajar. Fuentes judiciales aseguran que en la argumentación para realizar la solicitud se expuso que el Ministerio Público pidió los libros contables del partido, pero que el acceso a esos documentos se habría negado.

Cuando llegó la autorización judicial comenzó el operativo, que fue transmitido por canales de televisión. La policía uniformada convocó al lugar al Gope, la unidad de operaciones especiales que es la encargada de realizar este tipo de diligencias que ameritan descerrajar. El fiscal Barros pidió a los uniformados que hicieran ingreso por una ventana de la sede para no romper la entrada, pero los carabineros le dijeron que no fue posible porque tenía barrotes

Al tratarse de una investigación penal en curso todas las instrucciones son realizadas por el Ministerio Público con autorización de un juez de garantía de turno. En estas indagatorias nada tiene que ver el Ejecutivo y menos el Ministerio del Interior. De hecho fuentes de gobierno confirman que solo se enteraron de lo ocurrido cuando comenzó a ser transmitido por la televisión.

Fue en este momento en que ocurrió la polémica imagen de funcionarios del Gope rompiendo la puerta e ingresando a la sede del partido. Pese a que al interior de la policía uniformada coinciden en que la imagen se prestaba para armar una polémica, los funcionarios del Gope solamente aplicaron el protocolo de entrada y registro que se usa en el marco de investigaciones en curso que implican romper cerraduras.

Fuentes de la fiscalía agregan que la decisión de ocupar al Gope fue de Carabineros y que previamente ellos le habían pedido al equipo del OS7 que las diligencias se hicieran de forma “controlada” y no “exacerbada”.

En el lugar, detallan fuentes que están al tanto de la indagatoria, no había computadores ni discos duros, solo impresoras. Las pizarras que estaban colgadas en el recinto, aseguran conocedores de la diligencia, habían sido borradas el día anterior según constataron los investigadores al mirar de cerca las fechas escritas con plumón sobre la superficie blanca. Los papeleros del lugar, del mismo modo, habrían sido vaciados.

La policía solo pudo recuperar documentos que estaban dentro de estantes y escritorios, que corresponderían a balances y boletas de periodos anteriores, pero lo que más les interesaban eran los equipos informáticos. Funcionarios policiales que hicieron la vigilancia en la sede reportaron que los vecinos relataron que el día anterior vieron personas que estuvieron sacando cosas del lugar.

Fuentes del Ministerio Público comentan que el equipo de Barros ya definió que indagarán de forma preliminar al resto de los candidatos a gobernador de la Región Metropolitana. Esto lo harán pese a que el oficio de Abbott que abrió esta causa es muy específico y solamente está centrado en Oliva, quien hasta ahora es la única imputada en el caso.

La idea es recabar nuevos antecedentes que permitirían ampliar la investigación a fin de determinar si existen o no delitos asociados a fraude de subvenciones o mal uso de recursos públicos. De hecho la fiscalía Sur espera que eventualmente la Fiscalía Nacional pueda ampliar el mandato inicial encargado a Barros. Esto es clave ya que sin esta autorización, no podrán indagar otros delitos fuera de la jurisdicción de la zona Metropolitana Sur. En caso de que esa ampliación no llegue, Barros optará por derivar los antecedentes a la fiscalía metropolitana respectiva.

De momento la fiscalía espera tomar declaración a las distintas personas vinculadas a la causa, entre ellas, a Oliva y también a Ramírez, expareja de la candidata y extimonel de la colectividad. Las citaciones a declarar comenzarán a ser enviadas a contar de los próximos días.

La secretaria general del partido, Camila Rojas, aseguró que el actuar de Carabineros y la fiscalía fue “injustificada” y “desproporcionada”. La parlamentaria también agregó que ninguna de las integrantes de la directiva del partido fue informada de la diligencia y que no se les requirió información. “Vemos un dejo de intervencionismo electoral, de amedrentamiento a un partido opositor en un contexto de elecciones lo que nos parece grave”, agregó.

El abogado del partido, Vicente Sainz, envió un escrito a la fiscalía. En él le pidió a Barros que entregue una copia de la “orden de entrada y registro, en los términos del artículo 208 del Código Procesal Penal, incluyendo la correspondiente autorización judicial”. También pidió los documentos asociados al “acta y constancia escrita de la diligencia, según lo establecido en el artículo 216″, el “inventario de bienes incautados” y el “Rol Único de Causa (RUC) correspondiente a actuaciones”.

Por su parte Oliva ya cuenta con un abogado para que la represente en la causa. Además desde su círculo transmiten que habría optado por mantener un bajo perfil en esto debido a que su hija estaría muy afectada por la situación. Además desde que se publicó el reportaje de Ciper y luego del allanamiento ha recibido dos veces llamados del alcalde Daniel Jadue para solidarizar con su situación.