Sobreprecio en cajas de alimentos: fiscalía formalizará a exintendente de Tarapacá y parte del círculo de la senadora Luz Ebensperger

Para el próximo 13 de diciembre está fijada la audiencia de formalización en contra del exintendente y delegado presidencial de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada. Al militante de la UDI, junto a sus excolaboradores, se le imputará el delito de fraude al Fisco y organismos del Estado, tras el denominado caso “Cajas de Alimentos”. La fiscalía los acusa de haber contratado por trato directo y con sobreprecio los insumos de las cajas repartidas durante la emergencia sanitaria.

Tanto Quezada como el resto de los funcionarios públicos que serán formalizados son cercanos a la senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger, quien también fue intendenta de esa región durante la primera administración de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014. La cercanía de ambos militantes UDI también ha quedado registrada en redes sociales, donde más de una vez la senadora compartió sus encuentros con la autoridad regional.

La acusación en contra de Quezada y sus excolaboradores surgió luego del lanzamiento del programa “Alimentos para Chile”, iniciativa que realizó el gobierno pasado en medio de la crisis provocada por el coronavirus, y que tenía como objetivo repartir cajas de alimentos en todo el país. En esa línea, en marzo de 2020 la Subsecretaría de Interior autorizó a la Intendencia de Tarapacá a utilizar $ 1.190.887.000 para la adquisición de los alimentos.

Junto con la exautoridad, también se formalizará a la exjefa de gabinete y posterior directora regional del Sernac, Lilian Plaza Bravo, quien dejó el cargo tras la solicitud de formalización realizada por el Ministerio Público. Además del jefe del departamento de administración y finanzas de la Intendencia, Jhonny Muñoz, quien habría realizado las gestiones de compra de las cajas. Ante el Juzgado de Garantía de Iquique también se levantarán cargos a otros seis empresarios, quienes habrían tenido distintos grados de participación en el mismo delito.

Respecto a la formalización de Quezada, consultada por La Tercera PM, Ebensperger sostiene que “nadie en el país puede estar por sobre la ley y si hay antecedentes que investigar, eso es lo que busca la formalización. Espero que el proceso se lleve rápido y se resuelva, lo mismo que tengo entendido que hay unos sumarios que se están investigando en la Contraloría. Esperamos que se resuelvan rápido”.

Además, la autoridad asegura que no existen vínculos de ella con el resto de los formalizados, ya que estos ni siquiera trabajaban en la Intendencia mientras ella se desempeñó en el cago. Respecto a Quezada, afirma que él “fue intendente, cuando yo fui intendente él fue gobernador designado por el Presidente, no fue asesor mío. Tenía un cargo de confianza del Presidente”.

La conexión de la senadora y el exintendente no ha pasado desapercibida en tribunales, sobre todo en la Corte Suprema. Esto, porque causó sorpresa que la parlamentaria llegara hasta el palacio que alberga al máximo tribunal para observar de forma presencial la ponencia de los entonces candidatos a fiscal nacional. Y lo hizo acompañada de un exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery, cargo que incide en los nombramientos de jueces, ministros de Apelaciones e incluso de los propios supremos.

La interrogante que surge entonces es si la cercanía de Ebensperguer con Quezada y la situación judicial de este último le impediría de participar en el proceso de votación para el fiscal nacional en el que el Congreso tiene la última palabra.

Consultada al respecto, la senadora asegura que su vínculo con Quezada y su presencia en la presentación de los candidatos a fiscal nacional, no son motivos para inhabilitarse. “Entonces sería refácil inhabilitar a todos los senadores. La misma prensa venía criticando y levantando suspicacias de reuniones secretas que hacían los políticos con los candidatos”, sostuvo.

“Soy parte de la comisión de Constitución y por lo tanto es mi obligación saber quiénes son los candidatos. Lo más transparente y precisamente lo hice para no levantar ninguna suspicacia era ir a escuchar una audiencia pública. No fui invitada especialmente en la audiencia en que los fiscales o los candidatos fiscales exponían ante la Corte Suprema. Fue una audiencia pública. En esa condición fui porque encontraba lo que era más transparente. Y dije que no he recibido ni voy a recibir a ningún candidato ni antes ni después de que se formara la quina porque ya los escuché a todos”, agregó.

La primera denuncia de lo que ocurrió con la compra de cajas de alimentos en la Región de Tarapacá fue realizada por el entonces concejal de Iquique hoy diputado Matías Ramírez (PC). El ahora diputado por la zona presentó una querella en contra del intendente, a lo que también se sumó la investigación realizada por la Contraloría regional.

El texto ingresado por Ramírez, denuncia que tras la disposición de recursos del gobierno regional, el jefe de departamento de finanzas, Jhonny Muñoz, y la jefa de la división de desarrollo regional comenzaron a contactar empresas para comprar las cajas de alimentos mediante vía directa.

De esta manera, el gobierno regional contrató directamente a tres empresas “Did Sonido y Compañía, Sociedad V y L Deportes y a Lorena Barrientos”. Las dos empresas y una persona natural, vendieron 23.113 canastas básicas, todas por un total superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, la denuncia establece que las empresas tenían otros rubros, y ni siquiera contaban con experiencia en el mercado de los alimentos.

Además de aquello, Contraloría también reveló que el precio que se pagó por cada caja no se ajustaba a lo que realmente costarían los insumos. Así, el órgano contralor reveló que existía un sobre precio de $ 232.450.393, según un cuadro comparativo de los productos al precio que tenían en aquel entonces en el mercado.

A eso se suma que el órgano contralor fiscalizó las transferencias de dinero realizadas por la intendencia a favor de la “Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique”, quienes serían los encargados de confeccionar 18.000 canastas de alimentos. Además de esto, también se le pagó a la “Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota”, por el armado y distribución de 4.680 cajas de alimentos.

Para concretar su labor, dichas organizaciones contrataron a tres empresas. Contraloría cuestionó también en esta ocasión el sobreprecio que se pagó por estas cajas. Según la querella de Ramírez, aquello “deja de manifiesto que las maniobras realizadas para defraudar al Fisco en la adjudicación vía trato directo, también fue realizada pero ahora vía transferencia de recursos públicos a instituciones privadas que debían cumplir la función pública encomendada”.