El lapidario informe que da cuenta del estado terminal de la Universidad de Aysén a solo seis años de su puesta en marcha

Apenas seis años después de haber visto iniciar las clases de su primera generación de estudiantes, en marzo de 2017, la estatal Universidad de Aysén, creada por ley en 2015, está sumida en una profunda crisis financiera, administrativa e institucional de la que no ve pronta salida y que desde hace un tiempo la tiene en la mira de la Superintendencia de Educación Superior (SES), ente que hace algunos días le hizo llegar el informe de investigación instruido a mediados de año tras percatarse de su delicada situación.

Cabe recordar que debido a la crisis los parlamentarios de la zona ya han pedido que el Mineduc intervenga la universidad y la Comisión Nacional de Acreditación solo le dio tres años de respaldo. Asimismo, y en paralelo, el Ministerio Público inició una investigación en el contexto de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado por posibles vínculos del plantel -incluida la exrectora Natacha Pino- con Democracia Viva, que hizo una escuela de verano para estudiantes, y, además, porque Pino fue invitada a ser parte del consejo asesor de la organización.

En el escrito de 67 páginas al que tuvo acceso La Tercera se da cuenta de una serie de situaciones que llevaron a formularle cargos a la casa de estudios aysenina, la que ahora está a la espera de la aplicación de alguna de las medidas contenidas en la ley. Todo esto en medio de los masivos despidos y salidas que se están llevando a cabo durante estos días en la universidad, lo que tiene el ambiente en extremo convulso.

“Fue posible establecer que, desde sus inicios, la institución ha tenido problemas de gestión administrativa, financiera y académica, detectadas tanto por la Contraloría Universitaria como por la Contraloría Regional, sin que se hubiesen adoptado medidas tendientes a resolverlos”, se señala en las conclusiones del informe, antes de asegurar que también se verificó la ausencia de mecanismos de control interno efectivos.

En el ámbito financiero, sigue el texto, “se constata un desempeño deficitario a lo largo de los últimos cuatro años, caracterizado por un deterioro significativo en la posición patrimonial durante los dos últimos ejercicios, culminando así con patrimonio negativo en 2022″. En ese periodo Natacha Pino era la rectora, para dar paso a Enrique Urra en septiembre de este año, quien, en todo caso, cuando se inició la crisis era el director de Planificación y Aseguramiento de la Calidad.

A su vez, la investigación pudo constatar que la situación financiera se encuentra deteriorada a tal punto que los problemas de pago de remuneraciones se iniciaron en septiembre de 2023 “y comprometen el pago durante octubre, noviembre y diciembre”. Esto llevó, precisamente, a las salidas masivas que incluso este jueves se estaban dando, que los funcionarios lleven cuatro semanas en paro o que se perdieran espacios de trabajo y estudio por no pago de arriendos. “Ha sido posible verificar que la institución cuenta con una serie de inmuebles arrendados”, se lee. Y se añade: “Atendidos los problemas financieros la institución ha debido restituir dos de los inmuebles arrendados por no pago de rentas, perdiendo de esta forma su casa central, cuatro salas de clases y espacio destinado a oficinas administrativas, sin que exista un plan para recuperar estos espacios. Asimismo, se encuentra en riesgo de perder un tercer inmueble en el que funcionan nueve salas de clases por no pago de, a lo menos, dos meses de renta”.

“Se acreditó que la casa de estudios registra un déficit acumulado de caja por $2.500 millones, considerando la deuda asociada a los créditos de enlace”, prosigue el informe, lo que, se asegura, se evidencia en las dificultades para el pago de remuneraciones y gestión de su plan de infraestructura.

Asimismo, el escrito asegura que fue posible verificar que el Consejo Superior tomó conocimiento de las dificultades para el pago de remuneraciones en 2022, “adoptando como únicas medidas la obtención de recursos desde proyectos con restricción de uso, sin efectuar consultas sobre la juridicidad de dicha medida, y la determinación de suspender y realizar pagos parciales de remuneraciones a sus funcionarios”. En tal sentido, se recuerda que esas medidas adoptadas derivaron en la instrucción de la Contraloría Regional de Aysén de restituir los fondos, cosa que no pudo acreditarse, además de un recurso de protección y denuncias en la SES.

Respecto de la gestión académica, se constata “la necesidad de ajustar el gasto en remuneraciones y la manera en que estas son diseñadas y articuladas dentro de un marco coherente con la realidad institucional y su oferta académica vigente”. Esto, dice el informe, considerando que un porcentaje relevante del presupuesto institucional se destina a este fin y que no se aplican internamente mecanismos de control en la contratación de docentes ni en los compromisos académicos que asumen los docentes.

Finalmente, y en lo relativo a las medidas informadas por la U. de Aysén en su Plan de Contingencia, el reporte asegura que no solo son insuficientes, “sino que además infringen la legislación laboral” porque no se encuentran articuladas, se basan en incumplimientos deliberados en el pago de remuneraciones, honorarios y servicios básicos, no presentan valorización y no muestran la profundidad suficiente.

Así las cosas, el 27 de noviembre la SES formuló cargos a la casa de estudios de Aysén por aspectos como deficiencias en la gestión financiera y administrativa; deficiencias en la gestión del plan de infraestructura argumentando, entre otras cosas, “precariedad”; sobredotación; situación crítica de flujo de caja en los próximos 13 meses; pérdidas operacionales y netas en los últimos cuatro años y patrimonio negativo desde 2022; situación deficitaria y déficit patrimonial para el periodo 2023-2027; causas judiciales en contra; cambio de destino de fondos con restricción de uso; reprogramación y pago parcial de remuneraciones; y un plan de contingencia basado en incumplimiento de compromisos laborales.

“En razón de todo lo expuesto, se observa una incapacidad de la institución para generar, a través de su operación, los recursos necesarios para cubrir oportunamente sus costos y gastos. Sus proyecciones financieras anuncian que la crisis solo se hará más profunda en el futuro próximo”, se lee en dicha formulación de cargos.

¿Qué viene ahora? Desde el pasado lunes 27 la institución aysenina cuenta con 15 días para presentar sus descargos, tras lo cual la SES podría aplicar, como se ha dicho, algunas de las tres medidas contenidas en la ley: un plan de recuperación, un administrador provisional o, el caso más grave, proponer al Mineduc que dé inicio al procedimiento de revocación de reconocimiento oficial. Consultados al respecto, desde la SES declinaron referirse a este proceso al estar abierto.

A pesar del lapidario informe, el rector Urra dice que es una situación “que se puede revertir” a través de los recursos basales y otras estrategias. Señala, además, que sí presentarán los descargos porque hay medidas que, cree, permitirían mejorar el estado de la institución, y porque la temporalidad de los antecedentes recogidos “no necesariamente han abordado todas estas instancias que, especialmente el último mes, hemos ido desarrollando”. Ante esto, asegura que “la universidad no va a cerrar de ninguna forma”.

Finalmente, sobre la salida de funcionarios, la máxima autoridad de la U. de Aysén reseña que son no renovaciones de personas a contrata para reducir los costos operacionales y la reducción de dotación, lo que, asegura, podría traducirse en una disminución de gastos “de más de $2 mil millones anuales”, así como que han intentado mejorar la gestión de los espacios que les van quedando.

Con todo esto a cuestas, la Asociación de Funcionarios, Funcionarias, Académicos y Académicas señala que el informe “deja en evidencia” que la institución se encuentra en una profunda crisis, producto de las deficiencias en la gestión de los distintos gobiernos universitarios y especialmente en la última administración, la que, dicen, podría afectar la continuidad de estudios de los más de 600 estudiantes que tiene la universidad, una parte de los casi 60 mil matriculados en instituciones de educación superior en riesgo financiero.

“Valoramos el reconocimiento que realiza la SES respecto de que las medidas establecidas en el Plan de Contingencia, y que fueron ejecutadas unilateralmente por el equipo directivo, relacionadas con el pago parcial de remuneraciones, infringen la legislación laboral”, añaden, antes de aseverar que rechazan la afirmación realizada por el rector Urra en un comunicado interno, “donde intenta desligarse de su responsabilidad administrativa como exdirector de Planificación y Aseguramiento de la Calidad y también, la de su actual equipo directivo (exdirector de Vinculación con el Medio, exdirector Académico, exjefe de Departamento de Ciencias de la Salud y exconsejero Superior) durante el gobierno universitario liderado por la exrectora Natacha Pino, ya que fue en dicho periodo donde se tomaron decisiones trascendentales que llevaron a la institución a esta profunda crisis que hoy pone en riesgo el sueño de contar con una casa de estudios en Aysén”.

Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, asegura que la universidad no cerrará: “Representa un largo anhelo de la región y como gobierno estamos comprometidos con defenderla y proyectarla. La institución atraviesa una situación muy compleja. Para superarla, se requerirá altura de miras y capacidad de tomar decisiones difíciles tanto para la institucionalidad de la Educación Superior como para la comunidad universitaria”.