Tamara Taraciuk, de HRW: “La respuesta de México, Colombia, Argentina y Bolivia al autogolpe de Estado de Castillo es triste”

Este miércoles se cumple una semana desde que el ahora expresidente peruano, Pedro Castillo, tomara una decisión que, incluso para su propio sector, era tabú. Anunciaba el cierre del Congreso y llamaba a una “reorganización” del Poder Judicial, además adelantar una refundación de la Constitución. Pero en esa peligrosa apuesta no lo acompañaron ni las Fuerzas Armadas ni la mayoría de sus aliados políticos. Al final, fue destituido por el Legislativo.

Una semana después, las manifestaciones de sus partidarios y los enfrentamientos con la policía elevan a siete la cifra de fallecidos.

En paralelo, la escena política latinoamericana se vio remecida con la declaración conjunta de México, Colombia, Argentina y Bolivia donde, en concreto, pedían la restitución de Castillo en el poder, pese al quiebre institucional que suponía el fallido intento del mandatario peruano de cerrar el Congreso.

Bajo ese contexto, La Tercera conversó con la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, quien profundizó en la situación regional y las implicancias del apoyo de estos cuatro países a Castillo, pero también en la violencia que se ha esparcido principalmente en el sur de Perú, donde jóvenes y menores de edad han perdido la vida en medio de enfrentamientos con las fuerzas de orden.

Desde Human Rights Watch, ¿cuál es la postura ante el llamado que México, Colombia, Argentina y Bolivia hicieron “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”?

La respuesta de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia al autogolpe de Estado de Pedro Castillo es triste. En un país donde la inestabilidad política es la norma, lo que deberían hacer las democracias de la región es defender la institucionalidad y no a quien decidió socavar el Estado de derecho para evitar que avance un proceso en su contra ante denuncias que lo implicaban en graves hechos de corrupción. Es difícil ver seriamente el anuncio de Castillo de disolver temporalmente al Congreso de la República, que vino de la mano de la “reorganización” del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otros organismos del Estado, como intentos por proteger la voluntad popular.

Uno de los puntos destacados en el comunicado conjunto es su petición de que se “respeten a cabalidad los derechos humanos del Presidente Pedro Castillo”. ¿Hay algún indicio de que eso no se esté cumpliendo?

Por supuesto que deben protegerse los derechos humanos, en particular el derecho al debido proceso, de Castillo. Solo de esa manera se puede tener certeza de que el resultado del proceso en su contra sea legítimo y genere confianza en la población y la comunidad internacional.

Con los evidentes matices, el intento por cerrar el Congreso por parte de Castillo guarda similitudes con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. ¿Es esta carta de apoyo una legitimación de lo que ha sido calificado como un golpe de Estado por parte del ahora destituido presidente peruano?

Definitivamente, existe un paralelo entre lo que hizo Fujimori en 1992 y lo que hizo Castillo 30 años más tarde. Después del autogolpe de Fujimori, se desató en el Perú una época plagada de corrupción y donde predominó la autocracia. Por suerte, en esta oportunidad, hubo un fuerte y rápido rechazo a las acciones de Castillo por parte de las instituciones del Estado peruano y de la sociedad civil. Lamentablemente, no vimos el mismo apoyo en esta carta.

¿Qué análisis han podido realizar desde HRW frente a la muerte de manifestantes, varios de ellos menores de edad, durante las protestas registradas durante los últimos días?

Nos preocupa muchísimo la información sobre la muerte de manifestantes que, según la Defensoría del Pueblo, fueron por arma de fuego. También hemos recibido información sobre vandalismo en algunas zonas. Hay informes de numerosos heridos, tanto de manifestantes como de policías. Instamos a las autoridades a que lleven adelante investigaciones imparciales y exhaustivas de manera expedita de todos estos hechos para que las víctimas y sus familiares puedan tener acceso a la justicia, pero también para enviar un mensaje contundente de que ello no es tolerado por las autoridades.

En ese sentido, ¿cómo califican el rol de las fuerzas de seguridad en esta semana?

Estos hechos nos traen un déjà vu de los abusos policiales del 2020 y dejan en evidencia que, después de aquellos hechos, no se llevó adelante cabalmente la reforma policial necesaria para asegurar que las fuerzas de seguridad puedan hacer el trabajo de control del orden público de una manera respetuosa de los derechos humanos. Esa es una gran cuenta pendiente en Perú.

¿Qué salida institucional para el país cree que se podría lograr en dicho contexto?

Me parece importante resaltar que la institucionalidad peruana ha demostrado que puede responder firmemente ante amenazas claras: lo hizo cuando Keiko Fujimori cuestionó los resultados electorales que dieron por ganador a Castillo, y lo hizo ahora cuando Castillo llevó adelante este autogolpe. Con la misma fuerza que condenamos el autogolpe de Castillo, me parece importante respaldar a la institucionalidad que estuvo a la altura para hacerle frente. Solo de esa manera se puede salir democráticamente de una situación tan volátil.