La trama tras la presunta corrupción en la licitación de luminaria pública que se habría registrado en Iquique -y que de acuerdo a la investigación del Ministerio Público se habría replicado en otros municipios del país- tuvo un nuevo episodio. Los tribunales habían determinado aplicar la medida precautoria de congelar los bienes del dueño de la empresa que se adjudicó el proceso, León Marcelo Lefort Hernández, pero el 29 de mayo decidieron echar un pie atrás y liberar parte estos fondos.

En total, decretaron entregar a Lefort (dueño de la compañía Itelecom) montos por hasta por $ 18 millones para la manutención de él y su familia por mayo, junio y julio de 2020, suma que será transferida a su abogado. Además “respecto a Itelecom Holding Chile, se autorizará a alzar parcialmente $ 775 millones”. La magistrada Verónica Opazo resolvió esto luego de que la defensa argumentara que la firma necesita seguir funcionando y pagar sueldo a empleados y a proveedores. En total son $ 793 millones liberados.

León Lefort fue formalizado tanto en Iquique como en Chillán, el 8 y 9 de mayo respectivamente, por delitos de soborno, lavado y asociación ilícita en procesos de adjudicación y licitación de contratos para instalar luminarias led. Se decretó su prisión preventiva y hoy el empresario se encuentra recluido en un hospital penitenciario, luego de que le diagnosticaran Covid-19.

También se han formalizaron a otras 14 personas, entre concejales y privados, por el proceso de adjudicación y licitación del millonario contrato para instalar luminarias Led en la Iquique, en que se habrían pagado coimas por $ 171 millones, y a otras personas por hechos similares en Chillán (el administrador municipal y un abogado asesor de la misma municipalidad).

La fiscalía investiga que estos delitos se replicarían en al menos una docena de comunas en el país, entre ellas, Providencia, Lo Prado, Melipilla y Recoleta. Otra arista apunta a que funcionarios del Ministerio de Energía estarían implicados en el caso.

El abogado de Itelecom, Miguel Ángel Chaves, pidió al juzgado alzar la medida cautelar luego que desde “el 7 de mayo pasado mis representadas se han visto impedidas de operar” sus 38 cuentas corrientes, que en total tienen $ 4.264.251.682.

“Aún cuando no nos ha sido notificado decreto judicial alguno que explique está situación y los bancos se han negado a proporcionarla, suponen que, dadas las últimas actuaciones judiciales llevadas a cabo en este procedimiento, la precautoria decretada respecto a las cuentas corrientes suponemos que este tribunal decreto la medida cautelar real de retención de bienes determinados, en le marco de la investigación por delitos de lavado de activos”, dice el escrito de Chaves.

El abogado requirió que se alzara la retención porque “todas las cuentas bancarias congeladas corresponden a productos bancarios que contienen todo el capital de trabajo de mi representada. Mientras estas cuentas se mantengan congeladas, Itelecom se ve completamente imposibilitada de cumplir los contratos que mantiene vigentes por falta de liquidez que permita el funcionamiento de la empresa”. Además, dijo que “impide el pago de sueldos de los 110 trabajadores dependientes de la empresa”, “impide el pago de proveedores” e “implica la parálisis total del funcionamiento”. Por lo que “la consecuencia inmediata es la puesta en riesgo del funcionamiento del alumbrado público”.

Sobre la medida, el concejal de Iquique, Matías Ramírez dijo que “inicialmente nosotros como querellantes estuvimos de acuerdo con la liberación de determinados fondos cuando se acreditó que el destino de los dineros iba para el pago de trabajadores. En ese sentido, se estimó conducente la liberación teniendo presente que aún quedan incautados más de $ 4 mil millones por parte de las distintas empresa de Itelecom. La circunstancia se va volver más compleja si eventualmente se requiere la liberación de una segunda remesa de dinero porque entendemos que se están realizando las diligencias para determinar el perjuicio fiscal y al menos de manera inicial con las remesas de dinero que existen se lograría recuperar ese perjuicio fiscal y si se liberan más fondos pondrías en riesgo el éxito del resarcimiento de la víctima que en este caso son los municipios”.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió no cambiar la medida cautelar la prisión preventiva que rige contra León Lefort, dueño de Itelecom, a un arresto domiciliario total.

De acuerdo al documento, su abogado señaló que fue “trasladado de urgencia a una clínica para ser examinado y tratado por el virus Covid-19, que el señor Lefort Hernández contrajo mientras se ha encontrado recluido por orden del Juzgado de Garantía de San Carlos en al menos dos de los recintos penitenciarios administrados por Gendarmería”. Por esto, Chaves le pidió al juzgado de garantía de San Carlos cambiar su cautelar, lo cual fue negado por el tribunal argumentando que el imputado no podría no comparecer a la audiencia. Según su defensor, no podía asistir porque se encontraba hospitalizado por coronavirus.

En ese punto, el tribunal de alzada de Chillán resolvió acoger la solicitud de Chaves de que se haga una audiencia en garantía para que se discuta su medida cautelar, la cual está agendada para mañana. “La ausencia del imputado se encuentra ampliamente justificada por la situación de pandemia que afecta al país, así como la situación de salud particular del imputado y que lo mantiene internado en el hospital penitenciario”, dice la corte en su resolución.

Desde que fue detenido el 9 de mayo, el empresario ha estado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, en Tarapacá, luego fue trasladado a Santiago 1 y posteriormente a Capitán Yáber. Eso, hasta que el 2 de junio pasado fue transferido al Hospital Penitenciario por presentar problemas respiratorios.

Así, la jueza de garantía que denegó cambiar su prisión preventiva, informó a la Corte de Chillán que “el 3 de junio se comunicó mediante videoconferencia con el alcaide del Centro Penitenciario Anexo Capitán Yaber, a fin de recabar información sobre la situación actual del imputado”. Dijo que le respondió que “todos los internos al ingresar a cualquier centro de reclusión del pais por protocolo de Gendarmeria son evaluados por personal médico y se realiza una ficha clínica del interno donde constan los antecedentes médicos de cada uno de ellos, los tratamientos y medicamentos que estos requieren, los que les son proporcionados por Gendarmería, lo que también se realizaron en el caso del imputado Lefort, recibiendo Graformil XR 500, y Fibrotinillo”. En cuanto a su condición de salud, “se señaló que está estable”. Además, que “el amparado es el primer interno del Anexo Capitán Yaber que presenta síntomas compatible con un eventual contagio por Covid-19”.