Un misterioso whatsapp: las distintas versiones en torno a la entrega de información de la PDI por el robo a Brinks en Rancagua

El martes a las 18.30, el Ministerio Público recibió un oficio proveniente de la Policía de Investigaciones con información del millonario robo que sufrió una sucursal de Brinks en Rancagua el viernes 16 de agosto.

La comunicación, que contiene antecedentes que fueron recogidos por un informante ocasional, está siendo cotejada por los investigadores en la causa que abrió la Fiscalía de O’Higgins por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación contra la PDI por el asalto a la firma de valores cometido por un grupo de entre 25 y 30 delincuentes, que se llevaron cerca de $12 mil millones. Carabineros detuvo a 18 de ellos, quienes fueron formalizados y hoy se encuentran en prisión preventiva.

Ese martes, el mismo día en que comenzaba la formalización de los 18 imputados, la PDI reconocería públicamente que manejaba información referente a un robo que se cometería en esa ciudad a una empresa de valores.

“Un integrante de dotación de la Región Policial del Libertador Bernardo O’Higgins recepcionó antecedentes de un posible robo que afectaría a una empresa de valores de la zona”, señaló ese día la PDI.

Tras haber recibido información, según la primera comunicación de la policía civil, se comenzó a chequear la veracidad de los antecedentes. “Mientras se realizaba el trabajo investigativo se materializó este hecho delictual”, se aseguró.

Posteriormente, durante la noche del martes, la PDI daba cuenta de un remezón al interior de la institución debido al caso Brinks. En otro comunicado, la policía indicaba que el prefecto provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, fue llamado a retiro “inmediato” por su “eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público”.

“Esta información (la que tenía la PDI sobre el robo) fue canalizada al entonces prefecto provincial de Cachapoal, cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este, lo que dilató su canalización al Ministerio Público”, agregaba el escrito. Ese día, además, se indicó que se abrió un sumario administrativo “para esclarecer fehacientemente las causas y circunstancias de estos hechos”.

El sábado, un día después del asalto, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de los sujetos. Durante esa jornada, el fiscal Carlos Fuentes, quien se encontraba en la audiencia, recibió un mensaje por WhatsApp sin remitente conocido con información del robo. “Se le señalaba que existía un antecedente, no se señalaba cuál ni quién estaba escribiendo ese whatsapp. Posteriormente, no fue contactado el fiscal ni tampoco fue entregado ningún antecedente. Lo único que existió el sábado fue un whatsApp desde un número desconocido hacia el fiscal en que se señalaba que alguien tenía un antecedente concreto”, dijo este jueves el fiscal regional, Aquiles Cubillos, en conversación con 24 Horas.

El fiscal Javier von Bischoffshausen, quien se encuentra indagando la arista por omisión de información, se encuentra cotejando si dicho número pertenece a algún integrante de la PDI.

Sin embargo, no hubo una entrega de información de manera formal. “Está absolutamente descartado: ningún integrante de la Fiscalía de O’Higgins recibió esa información el sábado”, dijo Cubillos. Distinto a lo que señala la PDI, que afirma que el sábado fue cuando entregó información del caso.

De acuerdo al director general de la PDI, Eduardo Cerna, la cronología de los hechos es así: la policía tomó conocimiento de un robo en una empresa de valores el 29 de julio; el sábado 17 de agosto se comunicó con la Fiscalía, el domingo él ordenó la salida del prefecto provincial de Cachapoal y esta se materializó el lunes.

“Efectivamente, una unidad de la Región de Rancagua le comunicó mediante una comunicación formal al jefe regional de algunos elementos, de algunos indicios que afectarían a una empresa transportadora de valores, distinta a la que fue víctima de este robo con intimidación con ciertos indicios”, dijo la máxima autoridad de la policía civil. Según Cerna, “el resto de los funcionarios o el mando superior tomamos conocimiento del hecho a través de la prensa cuando ocurrió el delito”.

Ayer el OS-9 de Carabineros y el Ministerio Público realizaron diligencias en torno a esta causa. En ese sentido, se tomaron varias declaraciones de detectives y los investigadores se llevaron computadores policiales, documentos y teléfonos celulares. Desde la PDI afirman que se trató de una “entrega voluntaria”. En ese sentido, ayer declararon el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, Hugo Haeger, y al propio Álex Zúñiga.

Consultados por La Tercera, abogados penalistas explican qué penas podrían tener los funcionarios públicos que cometan el delito de omisión de denuncia. De acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, “los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería están obligados a denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.

También están obligados a denunciar los fiscales y los demás empleados públicos “los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos”. Los policías deben entregar la información en un plazo máximo de 24 horas.

El exfiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente Carlos Gajardo explica: “En general el delito de omisión de denuncia y de obstrucción en la investigación tienen penas bajas. Lo que uno podría pensar efectivamente es que cuando esto fuere cometido por un funcionario policial debiera tener una pena más agravada por la gravedad que ello conlleva”.

El abogado y docente afirma que “en general, sobre todo para el funcionario público normal, la omisión de denuncia termina constituyendo una falta y raramente es sancionada”.

Por otro lado, el exfiscal Alejandro Peña, del estudio PFV Abogados, señala que “los delitos de omisión de denuncia y de obstrucción a la investigación en principio tienen penas que permiten cumplirse en libertad, salvo que exista reiteración de dichas conductas o que del mérito de los antecedentes que puedan recabarse se establezca una coautoría o complicidad con los autores del robo con intimidación. En ese caso las penas podría ser efectivas y elevadas por vínculos con las personas que cometieron el asalto”.

Por su parte, la abogada penalista Catherine Lathrop, del estudio Lathrop/Blanco/Goldbaum Abogados, detalla: “El delito de omisión de denuncia propiamente tal, para configurarse, primero debe tener como sujeto activo a un funcionario público. Respecto a la pena, la omisión de denuncia, además, tiene pena de multa, por lo que bajo ninguna perspectiva tendría pena de cárcel efectiva y, quizás, ese puede ser un tema a reformar”.

“Con respecto al delito de obstrucción a la investigación, este también tiene una pena baja, la que no excede -en abstracto- la de presidio menor en su grado mínimo (procedimiento simplificado), salvo que quien obstruya sea un fiscal o abogado del Ministerio Público, caso en el cual se aumenta un grado, es decir, podría llegar hasta los 3 años, cuestión que en la práctica y en virtud de nuestra legislación tampoco se arriesga pena de cárcel”, complementó Lathrop.