¿Cuestión de privilegios? El frustrado intento de Carabineros por trasladar a Villalobos y González Jure de prisión

Fue el 8 de octubre cuando los exgenerales directores de Carabineros Bruno Villalobos Krumm (2015-2018) y Gustavo González Jure (2011-2015) ingresaron a un recinto cerrado en las dependencias de la Escuela de Carabineros (Escar) a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que se les imputara el delito de malversación de gastos reservados. Ese mismo día, el actual general director, Ricardo Yáñez, lideraba una actividad de ascensos y retiros en la escuela, por lo que aprovechó la ocasión para pasar a saludar a sus exsuperiores jerárquicos, quienes esperaban en una sala común el ingreso a sus respectivas piezas.

La conversación fue cordial y amable, según testigos del encuentro. Los tres mantenían buenas relaciones e, incluso, en diciembre de 2020 Yáñez los había invitado a un almuerzo con otros cuatro exgenerales directores. Sin embargo, a pesar de los afectos, hace algunos días Carabineros hizo una petición a la justicia que no cayó muy bien entre los cercanos a Villalobos y González.

El 19 de octubre, el mayor Franco Argento, comisario a cargo del centro de detención Sucre -recinto donde quedan detenidos los carabineros y personal en retiro que enfrenta situaciones judiciales-, pidió que ambos imputados fueran trasladados desde la Escar hasta las dependencias ubicadas en Ñuñoa. Esto fue motivado porque para algunos uniformados quedó la idea de que tenerlos bajo la medida cautelar más gravosa en un lugar distinto al resto podría leerse como “un privilegio” para los exgenerales directores.

Cercanos a los exjefes policiales, sin embargo, consideran que no se trata de una prerrogativa y alegan que la Escar cuenta con las mismas medidas de seguridad que Sucre y que si ya están en ese lugar, no había necesidad de intentar un traslado. “Están en una pieza de 3 x 3, sin gimnasio, sin piscina, sin patio, sin ningún privilegio. Quien diga lo contrario, miente; son mentiras de gente que no conoce nada y hablan desde el desconocimiento. Están segregados de los alumnos, no tienen ningún contacto con ellos. Tienen custodia permanente”, cuenta un cercano a los generales (R).

La solicitud de traslado fue presentada el martes por el alcaide de Sucre, quien, a través de un oficio al Séptimo Juzgado de Garantía, explicó que “si bien en su momento fue factible recibir a los referidos imputados en este centro de detención, lo anterior tuvo lugar en carácter de transitorio, en atención a que el centro de detención denominado Sucre (...) se encontraba ocupado por un imputado vinculado a una causa del denominado ‘estallido social 2019′”.

Sin embargo, en la actualidad, dicha situación no se mantiene, indicó el mayor Argento al tribunal, “ya que el último interno del Centro de Detención Sucre egresó días atrás, por lo que se encuentra desocupado y disponible para mantener internos sujetos a prisión preventiva (...). En virtud de lo anterior, y teniendo presente la transitoriedad del ingreso de los imputados González Jure y Villalobos Krumm en el actual Centro de Detención Escuela de Carabineros y habida consideración de que sus medidas cautelares han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, se hace necesario regular sus situaciones de imputado en términos de permanencia en el tiempo en esta calidad, para lo cual resulta necesario efectuar sus traslados a la brevedad”.

A pesar de que el alcaide pidió autorizar “dicho traslado en el más breve plazo”, el tribunal no accedió. El 20 de octubre, el juez Ponciano Salles resolvió que “no se autoriza el traslado solicitado”.

Consultado Carabineros sobre este requerimiento, señalaron que “efectivamente se hizo la petición al tribunal, porque tras el egreso de un imputado en el centro de detención transitoria de Sucre quedaron dependencias desocupadas y habilitadas. La solicitud fue realizada mediante oficio al tribunal correspondiente por el alcaide de ese recinto”.

Ni la defensa de González ni la de Villalobos quisieron referirse al tema.

En la formalización a ambos generales, el Ministerio Público les imputó la malversación de los fondos de los gastos reservados de la institución. Según la fiscalía, González Jure dispuso de $ 2.147.446.473, sustrajo $ 1.181.060.811 y se apropió de $ 123.740.000 y US$ 4.000. El el caso de Villalobos -según el ente persecutor- habría tenido a su cargo $ 982.062.319, sustraído $ 606.492.429 y se habría apropiado de $ 67.461.000.

Sin embargo, durante la audiencia, la defensa de Villalobos rebatió los cargos y expuso que los fondos sí fueron utilizados para las labores que fija la legislación. Por lo mismo, el general (R) quiere volver a declarar en la causa, pero no solo ante la fiscalía.

Quien también fuera jefe de Inteligencia de la institución pidió entregar su versión de los hechos ante el tribunal y así poder detallar cómo se utilizaba el dinero y cómo se entregaba a las distintas direcciones que dependían de él. Su abogado, Ángel Valencia, pidió al juzgado, a través de un oficio presentado ayer, que “recibir la declaración como medio de defensa de los hechos materia de la imputación, de mi representado (...), citando a todos los intervinientes a audiencia para tal efecto”.

El tribunal, de acceder, deberá fijar día y hora para esta declaración.