Myanmar se encuentra nuevamente sumido en una crisis política. Los militares se tomaron el poder y detuvieron a los principales cargos del país, incluyendo a la líder del gobierno “de facto” Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, y a miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND).

El partido político de Suu Kyi instó a la gente en Myanmar a oponerse al “golpe” y a cualquier regreso a una “dictadura militar”. La colectividad publicó un comunicado en la página web de Facebook afirmando que las acciones del Ejército no estaban justificadas e iban contra la Constitución y la voluntad de los votantes.

El canal de televisión de los militares Myawaddy TV anunció que las Fuerzas Armadas gobernarán al país por un año. Afirmó que la medida fue necesaria debido a que el gobierno no había actuado sobre las denuncias de fraude elevadas tras las elecciones de noviembre y porque esa administración convocó a esos comicios a pesar de la pandemia del coronavirus. Myint Swe, quien dirigía el poderoso comando militar de Rangún y es el actual vicepresidente del país, se convierte así en presidente interino por un año, un cargo principalmente honorífico. Mientras que el control “legislativo, administrativo y judicial” recae en el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, que ahora concentra casi todos los poderes.

En las elecciones de noviembre la LND obtuvo el 83% de los 476 escaños en el Parlamento, pero el Ejército afirma haber descubierto 10 millones de casos de fraude electoral y ha pedido a la comisión electoral que publique las listas electorales para verificarlas. Se trataba de los segundos comicios desde el fin de la dictadura militar en 2011.

El golpe de Estado ocurrió el mismo día en que el Parlamento iba a comenzar sesiones y tras varios días de rumores de que una insurrección militar era inminente. En una conferencia de prensa el martes pasado, el portavoz del Ejército no descartó que los uniformados pudieran tomar el control del país. Los temores aumentaron aún más el miércoles después de que el jefe del Ejército dijera que la Constitución podría ser “revocada” bajo ciertas circunstancias.

Los militares insisten en que el golpe está legalmente justificado, citando una cláusula de la Constitución que le permite asumir el control del país en caso de una emergencia nacional. No obstante, el vocero de Suu Kyi y observadores internacionales mantienen que se trata de un golpe de Estado.

La Constitución de Myanmar es un texto polémico, ya que fue redactada en 2008 por la junta, antes de ceder progresivamente el poder a los civiles tres años después. Concede al Ejército el control de tres ministerios importantes: Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos, lo que garantiza que la institución siga influyendo en la esfera política. En conversación con la agencia France Presse, el politólogo Khin Zaw Win lo califica de “profundamente impopular”.

El gobierno de Aung San Suu Kyi ha intentado enmendarlo desde que ganó las elecciones de 2015, pero sin demasiado éxito.

El texto, por ejemplo, contiene un artículo que prohíbe a los ciudadanos casados con extranjeros convertirse en presidente, lo que, según los analistas, se escribió para impedir que Aung San Suu Kyi, casada con un británico, ocupara el cargo. Es por eso que Suu Kyi asumió el papel de “consejera de Estado”, un cargo desde el que dirige de facto el gobierno.

El golpe de Estado es una gran pérdida de poder para Suu Kyi, una de las principales protagonistas de esta crisis. Es una activista de la paz que estuvo presa en su casa durante casi 15 años mientras perseveraba en una campaña para llevar la democracia a su país y se convirtió en la gobernante de facto cuando su Liga Nacional por la Democracia ganó las elecciones en 2015.

La agencia The Associated Press señaló que si bien Suu Kyi fue una dura adversaria de los militares durante su arresto domiciliario, desde que asumió las riendas del poder ha tenido que negociar con los generales que en realidad nunca cedieron totalmente el poder. Si bien la mujer, de 75 años, es sumamente popular a nivel nacional, su deferencia hacia los generales -incluso defendiendo las matanzas contra la población musulmana rohingya, que son ampliamente consideradas como genocidio- ha empañado su imagen a nivel internacional.

Por otro lado, el Ejército sigue siendo enormemente poderoso debido a que la Constitución respaldada por la junta le otorga control sobre ministerios clave y le garantiza una cuarta parte de los escaños parlamentarios.

“En primer lugar, la junta militar que gobernó Myanmar durante décadas nunca se apartó del poder”, dijo al diario The Guardian John Sifton, director de defensa de Asia de Human Rights Watch. “En realidad, nunca se sometieron a la autoridad civil en primer lugar, por lo que los eventos de hoy en cierto sentido están simplemente revelando una realidad política que ya existía”, agregó.

El general Min Aung Hlaing, el hombre más poderoso del país, es una suerte de paria internacional que ha sido condenado por liderar una brutal represión contra la población rohingya apátrida del país en 2017.

Ha sido expulsado de Facebook por avivar el discurso de odio contra la minoría musulmana perseguida, y los investigadores de la ONU han pedido que él y otros altos líderes del Ejército sean procesados por genocidio. Sin embargo, él ha negado durante años casi todas las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y dice que las operaciones militares, que llevaron al éxodo de unos 750.000 refugiados rohingya a Bangladesh, estaban justificadas para erradicar a los insurgentes.

El hombre de 64 años fue designado para encabezar las Fuerzas Armadas del país en 2011, justo cuando una generación anterior de líderes militares estaba haciendo la transición del país a un sistema parlamentario después de décadas de gobierno de la junta.

La agencia Bloomberg señala que ahora el recién asumido Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta un dilema al elaborar una respuesta que castigue a los generales de Myanmar sin dañar a la población en general, que sufrió las sanciones impuestas en la década de 1990 antes de iniciar su proceso de retorno a la democracia en 2011. La Casa Blanca ya ha amenazado con tomar medidas si el Ejército no cambia de rumbo y probablemente se verá sometida a más presiones para actuar. De hecho, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente entrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió “sanciones económicas estrictas” contra los lideres militares de Myanmar.

Colocando más presión a Washington, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, llamó a Myanmar un “vecino amigo” e instó a todas las partes a “gestionar adecuadamente las diferencias”. A finales del año pasado, Beijing era el segundo mayor inversionista de Myanmar detrás de Singapur, con US$ 21.500 millones en capital extranjero aprobado. China también representa alrededor de un tercio de todo el comercio de Myanmar, aproximadamente 10 veces más que Estados Unidos.