La cruzada del expresidente de Consorcio Juan Bilbao Hormaeche (60) por anular o rebajar la multa de US$3,2 millones que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) en 2015 por uso de información privilegiada, entró en una fase clave. Ello, luego que su exsocio en CFR Pharmaceuticals (ex Recalcine), Alejandro Weinstein, entregara su declaración en el marco del proceso judicial en Chile.

El 5 de junio, por medio de una videoconferencia a la que se conectó desde Londres, el empresario contestó un cuestionario enviado por el 30º Juzgado Civil de Santiago, cuyas preguntas fueron leídas en inglés desde Washington por Katerina Ossenova, abogada de la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Juzgado del Estado de Nueva York. Esto, luego de que la defensa de Bilbao solicitara un exhorto internacional para acceder a su testimonio.

En su declaración, Weinstein negó haber entregado información sobre las conversaciones de venta de la farmacéutica a Abbott Laboratories previo a la reunión del directorio de CFR Pharmaceuticals ocurrida el 10 de marzo de 2014, en la que se informó la oferta de la estadounidense. “No lo hice”, dijo el empresario y amigo de Bilbao con quien compartió el hobby de la caza en Botswana. La defensa del empresario asegura que la orden de compra de los títulos de CFR -compañía en la que compartía el directorio con Weinstein- la entregó a Tomás Hurtado, quien se encargaba de sus inversiones, varios días antes de que la mesa se enterara de la oferta.

No obstante, para la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Bilbao -al momento de dar la orden de compra- poseía información reservada sobre negociaciones de compras de compañías en México y Tailandia por parte de CFR, y de las negociaciones de los antiguos accionistas mayoritarios que concluyeron con la venta de la farmacéutica a Abbott.

Justamente sobre este punto, la abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos le preguntó a Weinstein si llegó a instruir al abogado de la compañía que dejara sin efecto o alzara la reserva de los hechos que apuntaban a operaciones en dichos mercados. “Recuerdo vagamente haber hablado de este tema porque la información, como dije antes, se hizo pública y se le informó al mercado y a nuestros inversionistas”, respondió el empresario, que vive hoy en uno de los barrios más ricos de Londres y mantiene inversiones en diversos fondos en Estados Unidos e Israel.

“Todos los inversionistas de CFR y el mercado, desde la OPI (Oferta Pública Inicial), sabían que el objetivo o el sueño de la compañía y la estrategia de la compañía eran crecer en mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica (a excepción de Brasil), África, África Subsahariana y el Sudeste Asiático. Y todo avance en la ejecución de la estrategia tratábamos de revelarlo al mercado. Y ahora esta información se hacía pública al mercado”, explicó Weinstein, quien anteriormente había declarado en el proceso administrativo de la SVS.

En su testimonio, el empresario también reveló detalles sobre el fracaso de las negociaciones de CFR para la compra de la sudafricana Adcock Ingram, operación por más de US$1.200 millones que nunca llegó a concretarse. El cierre definitivo de las tratativas -que se extendieron durante 10 meses- ocurrió en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la farmacéutica del 22 de abril de 2014. En ésta, el directorio canceló un aumento de capital por cerca de US$750 millones que había sido aprobado durante 2013.

La audiencia telemática fue seguida desde Santiago por los abogados de Weinstein y Bilbao: Alberto Eguiguren, socio de Russi & Eguiguren, y Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía. A ellos se sumó desde Nueva York la abogada Ashly Nikkole Davis, de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, representante de Bilbao.

La abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos le preguntó a Weinstein si en la reunión del 28 de enero de 2014 del directorio se abordó las negociaciones para la posible adquisición de compañías en México y Tailandia. Weinstein sostuvo que la posible expansión a México y Tailandia se había tratado en la sesión anterior de directorio, que se había celebrado un par de semanas antes de esta sesión extraordinaria, y que en la reunión consultada se informó las dificultades en el proceso de compra de Adcock Ingram.

El ex socio de CFR recordó que era una inversión importante para la compañía y que, si hubiera ocurrido, habría sido la tercera mayor inversión de una empresa chilena en el exterior. Además explicó que a la negociación le dedicó más de un año y que las conversaciones lo llevaron a viajar a Johannesburgo -capital de Sudáfrica- junto a un equipo de CFR.

“Negociamos con los inversionistas sudafricanos de Adcock Ingram. Y en ese momento todo se desmoronaba. Así que por eso el directorio trataba este enorme problema que tenemos, que el negocio se iba a caer. Y se iba a caer por muchos motivos que tuve que explicarle al directorio. Uno de los motivos es que la economía sudafricana se estaba desacelerando. El Rand se devaluaba. Los resultados de Adcock Ingram habían caído un 20% y se habían divulgado solamente una semana antes de esa reunión”, aseguró.

“Además de todo esto, lo que no es información pública (es que) se pusieron en contacto conmigo en Johannesburgo políticos del gobierno, y fue una reunión que no me gustó en absoluto, porque entendí que hacer negocios en Sudáfrica era una cuestión más política que económica”, agregó.

La declaración de Weinstein no es la primera del caso que se realiza bajo exhorto. El 21 de noviembre de 2019, ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 28 de Barcelona, Jesús María Silva, catedrático de derecho penal y consultor jurídico español, compareció a petición de la defensa de Bilbao.

En su declaración, el académico sostuvo que Bilbao “no hizo uso de información privilegiada en el mercado de valores”. Además, sostuvo que la “OPA de Abbott sobre CFR como intención no vinculante de adquisición, entraron en el ámbito de CFR el día 10 de marzo de 2014, es decir, el hecho relevante -que cuestiona la SVS- se produjo el 10 de marzo de 2014. La Orden de compra realizada por Bilbao tuvo lugar el 6 de marzo de 2014, por lo tanto, no pudo realizarse en abuso de información privilegiada, porque el abuso requiere uso y la información privilegiada de ninguna manera podría ser usada antes del 10 de marzo de 2014, sencillamente porque no existía”, concluyó.

De todas maneras, la declaración de Weinstein no es un trámite más en el proceso judicial, ya que significa el cierre de las diligencias pendientes por lo que ahora el tribunal de primera instancia podría dictar sentencia. Una vez que ocurra esto, el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de Bilbao podrían apelar a la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente el juicio podría finalmente zanjarse en la Corte Suprema en Chile.

En Estados Unidos, el caso terminó siendo dirimido por la Securities and Exchange Commision (SEC) -regulador de valores de Wall Street-, luego que Bilbao el 22 de octubre de 2015 alcanzara un acuerdo, comprometiéndose a pagar US$10 millones por las ganancias que obtuvo en la cuestionada operación. Por lo mismo, su defensa ha apelado al principio “Non bis in idem”, asegurando que una acción no debe tener una doble sanción.

Al conocer el inicio de la investigación por parte de la SEC, el 23 de diciembre de 2014, Bilbao renunció a los directorios de Consorcio Financiero y sus filiales, además de otras cuatro empresas: Watt`s, Entel, Paz Corp y la pesquera Blumar. Hoy el empresario vive su autoexilio del mundo financiero en su campo de San Rafael (ex Fundo Pelarco), Región del Maule, aunque no exento de complicaciones.

El 26 de noviembre de 2015, la SVS hizo pública la sanción de 90.000 UF (US$3,2 millones) en contra del empresario por una serie de infracciones, entre ellas, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de CFR.