Vitacura: Night club Palomino acusa "hostigamiento y desprestigio" en conflicto por patente de alcoholes

"Aún existen personas que pretenden, desde el lugar de autoridad que transitoriamente ocupan, como son los concejales que rechazaron las patentes, mediante este tipo de expedientes, decidir lo que las personas deben hacer con sus vidas y actividades, dónde pueden asistir y dónde no, qué tipo de locales pueden funcionar y cuales no, etc. Se miran a ellos mismos como dueños de la moral, verdaderos censores de las costumbres ajenas, lo que no hace sino desnudar su falta absoluta de razón".

Así de directa se mostró Gastronomía Vitacura SpA, sociedad administradora del Club Palomino, en contra de la Municipalidad de Vitacura por la no renovación de su patente de alcoholes. Esto luego que en la sesión del 18 de diciembre, el concejo de la comuna decidiera caducar el permiso a dos nights club de la comuna (Club Palomino y Babading), aduciendo una serie de irregularidades en su funcionamiento. Ambos locales ven complicado su futuro tras la decisión del concejo municipal, pues a ello se le suman cuarenta días de cierre tras el estallido social del 18 de octubre.

A raíz de la negativa del municipio, la firma presentó el pasado lunes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando que la decisión es "ilegal" y "arbitraria". En su arremetida sostuvo que la actuación del municipio le "impide absolutamente desarrollar su actividad económica, que es lícita y no contraría ni la moral ni el orden público ni mucho menos la seguridad nacional".

La sociedad de propiedad de los empresarios Matías Ortiz, Carlos Paredes, Emilio Cárcamo y Nick Fonseca denunció que "desde hace mucho tiempo un integrante del concejo comunal en cada una de las dos oportunidades anuales en que deben renovarse estas patentes, ha encabezado una política permanente de hostigamiento y desprestigio" en su contra. Se refiere al concejal Cristián Araya, quien es simpatizante del Partido Republicano que lidera José Antonio Kast.

"Con afirmaciones que carecen de todo sustento, ha intentado reiterada y contumazmente impedir el funcionamiento de su establecimiento comercial. Para este concejal, el señor Cristián Araya Lerdo de Tejada, nuestra actividad empresarial carece de todo valor, debe ser erradicada a toda costa, nada valen para él las cuantiosas inversiones realizadas, el trabajo que se ofrece a 60 personas, la ausencia de infracciones legales o reglamentarias. A través de una entidad de fachada denominada 'Denuncia Vitacura' intenta que quienes no comparten sus acciones y pensamientos sean excluidos de las actividades de la comuna", denunció Gastronomía Vitacura, representada por el abogado Ambrosio Rodríguez.

Gastronomía Vitacura sostuvo que el artículo 72 de la ley orgánica constitucional de municipalidades exige que "el quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en ejercicio. Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva". De manera que, para adoptar el acuerdo de no renovar una patente se exige la mayoría absoluta de los concejales asistentes y, en este caso, asistieron a la sesión seis concejales y por lo tanto se requerían cuatro votos para adoptar el acuerdo, lo que no ocurrió.

"Obviamente si la ausencia de fundamento racional es causal de arbitrariedad, con mayor razón lo es carecer absolutamente de fundamentación; los Sres. concejales a su solo arbitrio decidieron. Además, si se observa el detalle del acta, se deduce que sólo dos concejales votaron en contra, (Sres. Cristián Araya y Francisca Cruzat); otros tres se abstuvieron, (Sres. Maximiliano De Real, Catalina Recordón y Luz Pacheco) y fue aprobada por la Sra. Patricia Alessandri. Es decir, de seis concejales presentes solamente dos de ellos rechazaron la renovación, y, por una curiosa norma que aplican, agregando las abstenciones a los votos que contienen una expresión concreta y que son mayoritarios, en este caso a los dos de rechazo, frente a uno de aprobación, crean una mayoría", concluyó en su escrito.

Para la sociedad, lo acordado por el concejo municipal es arbitrario dado que durante los últimos 15 años en que ha operado "nunca ha recibido infracciones de la autoridad, ni laborales". "Debe destacarse que en los contados casos en que se le cursaron supuestas infracciones, el Juzgado de Policía Local de la misma comuna los dejó sin efecto", acotó.

Al cierre de este artículo, ni los concejales Cruzat, Araya ni el municipio de Vitacura respondieron a las consultas formuladas por este medio.