¿Yáñez recibe una nueva bocanada de oxígeno? Cómo la crisis de seguridad podría alargar “la vida” del general director en Carabineros

Antes de las 8 de la mañana de este miércoles, una a una comenzaron a llegar las autoridades convocadas a la reunión de emergencia en La Moneda ante la ola de homicidios del fin de semana pasado. La ya instalada crisis de seguridad derivó en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, convocara a la Fiscalía y a los jefes de las policías a la casa de gobierno para abordar el complejo escenario en materia delictual.

Sentado al medio de la mesa de esa reunión estaba el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien representando a la institución -que horas antes desplegó un amplio operativo en Lampa ante el quíntuple homicidio- abordó las medidas que tomarán ante esta crisis de seguridad. Este escenario para algunos representaría una nueva oportunidad para que quien encabeza la policía uniformada siga al mando pese a su formalización en la causa del estallido social.

Y es que pese a la compleja situación delictual que vive el país, sobre todo la Región Metropolitana, aún sigue fijada para el 1 de octubre a las 9 de la mañana la audiencia solicitada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del general director, a quien se le imputarán delitos omisivos de apremios ilegítimos y de un homicidio en contra de manifestantes durante la crisis social de 2019, cuando era jefe de Orden y Seguridad.

Pero la audiencia de formalización en contra del alto oficial ya sufrió una postergación. Precisamente, eso se dio ante otro grave episodio que se vivió en el país cuando el 27 de abril pasado tres carabineros fueron asesinados a sangre fría en Cañete, Región del Biobío, cuando se dirigían a fiscalizar arrestos domiciliarios en la zona.

El impacto en el país que generó el triple homicidio de los uniformados hizo que el propio Ministerio Público tomara la determinación de pedir a la justicia posponer la audiencia de formalización de Yáñez que estaba fijada en un inicio para el 7 de mayo. “No estaban los tiempos para debilitar a las policías”, dijo en su momento un alto personero de la Fiscalía.

Y es que en estos casos el Ejecutivo se enfrenta al “criterio Tohá”. Esto, ya que la titular del Ministerio del Interior estableció como estándar que toda autoridad que fuera formalizada debía dejar su cargo.

Aun así la nueva fecha de esta audiencia, el 1 de octubre, se realizará un mes antes de que Yáñez cumpla su periodo al mando de la policía uniformada, según lo establece la Constitución.

Ante la ola de asesinatos que ha recrudecido la crisis de seguridad en el país, no pocos plantean necesario abrir nuevamente la discusión sobre si el alto uniformado debe seguir encabezando la policía de las carabinas cruzadas hasta el final. Y así, de paso, dar una pública e importante señal desde La Moneda a los propios protagonistas de actos criminales, con una policía robusta y respaldada en su labor.

“Yo voy a trabajar hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día en que esté en el cargo como general director”, señaló el general Yáñez, en mayo pasado, en una entrevista para Meganoticias.

A juicio del exministro del Interior y actual integrante del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS) Jorge Burgos, “sería ideal que el general Yáñez cumpliera su periodo constitucional”, que termina poco tiempo después del 1 de octubre. Para la exautoridad, “aunque sean pocos días, yo creo que es una señal poderosa que él cumpla su periodo, pienso que no hay antecedentes para que ocurra lo contrario”.

Burgos plantea que incluso siendo formalizado, Yáñez debería permanecer en el cargo, ya que “esa tesis de que un formalizado pierda su cargo, es una tesis superdiscutible, porque la formalización no es un juicio de culpabilidad, creo que por lo demás no sea acompañada de ninguna medida cautelar”.

Para el exsubsecretario de Interior y otrora subsecretario de Carabineros Felipe Harboe, “la profundidad de la crisis supera con creces la situación del general Yáñez”. Por lo mismo, apunta a que lo importante “es que quien esté al mando de la institución esté 24/7 dedicado a prevenir la violencia y el crimen, y orientado a resultados”.

Harboe afirma que la formalización “es un acto unilateral de la Fiscalía, por lo que condicionar su permanencia a un acto que no está sujeto a control, jurisdiccional me parece impropio”. Pese a eso, la exautoridad plantea que si se decretaran medidas cautelares, “ese es otro escenario, porque significaría que un tercero improviso -juez- consideró la existencia de antecedentes fundados, pero eso no ha ocurrido y no sabemos si ocurrirá”.

“Por eso es que el ‘criterio Tohá' era un error porque le daba a un ente persecutor un rol de cuasi dueño de la verdad procesal y, a la luz de lo que se ha visto en los últimos casos, eso dista mucho de la realidad”, concluye.

Otro de los factores que apoyan la continuidad de Yáñez a la cabeza de Carabineros es la compleja situación judicial que ha enfrentado el Ministerio Público en las causas del estallido social. La Fiscalía Centro Norte, y la propia fiscal Ximena Chong, que lleva estas causas y quien indaga al general en la causa “alto mando”, la semana pasada sufrió un duro revés luego de que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolviera al carabinero Sebastián Zamora.

La pérdida de causas del estallido social, para el exministro del Interior es razón para creer que en este caso podría ocurrir lo mismo. “A ciertos fiscales del Ministerio Público en la persecución delictual de hechos ocurridos con ocasión del 18 de octubre les ha ido bastante mal, desde el punto de vista de culpabilidades. Y creo que en este caso es muy probable que ocurra lo mismo”, señala Burgos.

Por otro lado, afirma que “hay una situación ambiental en ese sentido, son muy recientes los hechos demostrativos de que persecuciones no tenían fundamentos jurídicos necesarios para realizarla y en este caso, por los antecedentes públicos que conozco, me parece que puede ocurrir lo mismo”.

Para el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), “sería incomprensible y un flaco favor para la delincuencia que quien lidera esta lucha esté contra el paredón cuestionado por una acusación que, además de ser injusta, llega en el peor momento posible, el momento en el cual los carabineros necesitan el respaldo legal y político correspondiente”.

Longton agrega que Yáez “ha hecho un trabajo encomiable, debe estar abocada a ello sin ningún tipo de distracción. Por lo tanto, me parece que se debería hacer el camino, al menos en estos momentos donde Chile enfrenta la peor crisis de seguridad en la historia de nuestro país. Esto sería darle una ventaja inaceptable a los delincuentes”.

El diputado afirma que de remover al general de Carabineros habría una inmunidad para los delincuentes, ya que “estarían poniendo en entredicho a quien ha liderado estos esfuerzos frente a una acusación que es injusta y que, lo más probable, termine igual que la acusación contra el cabo Zamora de Carabineros, pero no sin antes causar un debilitamiento de la institución, que es precisamente lo que no queremos ni en estos momentos ni en cualquier otro, como ocurrió en el pasado con quienes pretendieron refundarla”.

Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de Athena Lab, asegura que hay que “observar” la decisión del Presidente Gabriel Boric respecto a la continuidad del general, ya que esta es una señala que “genera un impacto importante en temas de seguridad”.

“Lo que hay que pensar es qué tan efectivo es tomar una decisión de este tipo en el contexto de seguridad que estamos viviendo hoy. Después de tener un fin de semana donde mueren asesinadas 18 personas, el descabezar a la institución policial podría traer una señal, en el fondo, no positiva para la conducción de seguridad y se podría generar un daño tal vez mayor”, afirma Lizana.

Para la experta en seguridad, una posible salida del general “va a impactar aun más en la percepción de la ciudadanía, y en la percepción de seguridad, y en la percepción del funcionamiento de las instituciones”.