Ángel Valencia y sus diez meses como fiscal nacional: “Tuvimos que tomar medidas porque la impunidad nos estaba asolando en materia de homicidios”

No ha sido fácil la instalación para quien ostenta el título de cuarto fiscal nacional de la historia: el abogado Ángel Valencia Vásquez (54). Tampoco lo fue su nombramiento. Fue la tercera apuesta del Presidente Gabriel Boric tras dos rechazos en el Senado.

A casi diez meses de arribar a la oficina enclavada en el piso 10 de calle Catedral 1421 le pidió la renuncia a su directora ejecutiva nacional, un cargo de extrema confianza y clave en la gestión del Ministerio Público y que tuvo que reemplazar antes de finalizar el primer año, de ocho, que estará en la institución. Aún así la máxima autoridad del Ministerio Público reconoce a La Tercera, en su primera entrevista con un medio escrito, que la persecución penal no puede esperar un periodo de acople de equipos, y que para dirigir una institución compleja y relevante hay que “seguir funcionando, sea como sea porque la delincuencia no da tregua”.

¿Con qué institución se encontró? Usted ya había sido fiscal en el pasado, pero estaba privatizado cuando postuló

Había un desafío importante. Soy el primer fiscal adjunto que asume como fiscal nacional. Es primera vez que alguien que ha tomado controles de detención, que ha tenido juicios orales, tiene el honor de dirigir la institución. Apenas asumí tuve que tomar las riendas, ya que no podíamos decirle a los delincuentes ‘mire espérennos 90 días mientras nos instalamos’. Había problemas muy urgentes que atender, ya que recibimos una institución estancada. No hubo fiscal nacional titular por cuatro meses y eso repercutió en una serie de medidas que no se tomaron y situaciones con las que nos encontramos.

A poco andar asesta un duro golpe a la administración de su antecesor: abre sumario y luego investigación penal acusando el mal gasto de miles de millones en un proyecto que era emblemático para Jorge Abbott: un nuevo sistema de tramitación de causas que finalmente quedó en nada. ¿Cómo fue eso?

Fue duro, pero no se puede eludir tomar decisiones. Es un tema grave porque tuvimos que decidir poner término a un contrato que había costado al erario público, al dinero de todos los chilenos, varios miles de millones de pesos, en un proyecto que había sufrido múltiples postergaciones repetidas e injustificadas. Había consideración del informe de opinión técnica de los equipos externos que sencillamente nos decían que no había motivo alguno que justificase continuar desperdiciando plata.

¿Qué es lo más grave?

Mire, no es solo la pérdida de dinero, sino que además es un proyecto central, crítico para el trabajo de la Fiscalía. El sistema de administración de causas del Ministerio Público tiene más de 20 años. La desafío a que tome su celular o revise su notebook y mire si hay alguna aplicación que lleva 20 años funcionando igual. Eso no existe. Además de la cantidad de dinero gastado, había mucha expectativa y horas de trabajo, pero denunciarlo fue lo mejor para la institución.

¿Se sospecha derechamente de corrupción por parte de funcionarios de la administración pasada?

Tras la auditoría estaba obligado a abrir investigación administrativa y el fiscal a cargo dio cuenta de hechos que pueden ser constitutivos de delito y abrimos la investigación penal y yo le digo esto es “caiga quien caiga”.

¿Apunta a ejecutivos de Abbott?

A las personas que pudieran haber estado acá dentro. Disculpe pero no quisiera personalizarlo.

Le toca enfrentar un periodo en que bandas extranjeras han arribado al país y el crimen organizado es una preocupación transversal. ¿Cómo piensa afrontarlo?

Nuestro desafío es adecuarnos a un fenómeno que no tenía precedente en la historia de la República, de desmantelar o atacar bandas o asociaciones delictivas que tienen un origen y actividad ilícita transnacional. Durante los ‘90 nuestra principal preocupación estaba concentrada en el narcotráfico, porque las bandas se dedicaban principalmente a ello. Hoy el crimen organizado funciona con una lógica casi empresarial.

¿Cómo es eso?

Es como una empresa ilícita. Hay que entenderla como un negocio, con la lógica de buscar ganancia en cada actividad de la que puedan obtener, en cada lugar donde puedan desplegarse y en aquellas áreas en las cuales tienen especial experiencia y posibilidades de competir. Estas bandas tienen expectativas de tener monopolio de esa actividad ilícita, control territorial y, en consecuencia, se van a expandir por todo el territorio donde tengan oportunidad de desarrollar actividades criminales que les reporten ganancias.

El “profesionalismo” delictivo...

Tal cual, pero si ellos están organizados, nosotros tenemos que estar mejor organizados y eso implica un esfuerzo adicional en la Fiscalía para poder modernizarse, fortalecer las relaciones con fiscalías de otros países y hacer uso de herramientas como la inteligencia artificial, porque frente a una delincuencia que ocupa nuevas herramientas o tiene nuevas estrategias para delinquir, el Estado no se puede quedar inmóvil, no se puede quedar anquilosado, tienes que ir tanto más rápido que ellos.

Hay una sensación que estas bandas están permeando las instituciones, lo hemos visto con policías, ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Está preparado para enfrentar eso que pasa en otros países de la región?

Es una preocupación permanente de todas las instituciones. De momento no tenemos ningún indicio de que este tipo de bandas transnacionales hayan permeado la organización de la Fiscalía. Cuando hemos tenido algún antecedente que las bandas han podido corromper a policías u agentes de otros servicios públicos, hemos perseguido esas causas no solo con celeridad, sino que además con la mayor severidad posible, pero esa tarea es cotidiana de todos los agentes del Estado, no es una tarea que surja ahora como consecuencia del crimen organizado y nos parece que la Fiscalía Supraterritorial, que está en tramitación en el Congreso, va a tener mejores herramientas y capacidades para detectar e investigar esos casos.

Pero el que se permee a policías, fiscales y jueces, es un peligro para nuestra democracia y el estado de derecho...

No diría que es demasiado grave para la estabilidad de la democracia, que exista algún problema de corrupción en algún momento es inevitable. Alguien decía que la corrupción es como las cucarachas: están en todos lados, en algunas partes se ven más, en algunas partes se esconden mejor y en otros lados se ven totalmente porque simplemente están desatadas. No hay ninguna institución humana que está llena de héroes y santos y en consecuencia tenemos que anticiparnos y tener los mejores sistemas de control y fiscalización posible para que esos hechos no se produzcan, no sucedan. Y si los detectamos, perseguirlos con la mayor severidad.

Esta semana un joven fue asesinado en el Parque Forestal con un balazo en la cara para robarle su celular, ¿Qué está pasando con los homicidios?

Hay una preocupación por el incremento y la violencia de los homicidios y cuando llegué pude constatar que la Fiscalía no contaba con números confiables respecto a la cantidad de homicidios que se habían cometido en 2021. ¿Entonces cómo podíamos tomar decisiones a ciegas? Habían muchos casos de homicidios en la Región Metropolitana y también en lugares como Alto Hospicio sin imputados conocidos. Tuvimos que tomar medidas porque la impunidad nos estaba asolando en materia de homicidios y no sabíamos la cantidad, ni dónde estaban ocurriendo, quiénes los estaban cometiendo, de qué forma lo estaban cometiendo y quiénes eran las personas que estaban falleciendo.

Parece insólito que no existieran esos datos, ¿Qué pasó? ¿Negligencia en el Ministerio Público?

Es un problema endémico del sistema de persecución penal chileno. Tenemos que ser capaces de perseguir delitos y a la vez aportar datos confiables en materia de criminalidad y delincuencia, tan confiables como las cifras del Banco Central. Esa ausencia de datos repercutía para tomar decisiones para perseguir mejor estos delitos que será la prioridad del grupo de fiscales y equipos especiales que se instalarán para perseguirlos y bajar esos grados de impunidad que le relaté.

Se han detectado muchos casos de corrupción municipal, ¿Cómo ve eso?

Antes de asumir, frente al Senado y la Corte Suprema, manifesté mi especial preocupación y el especial énfasis que daríamos a la persecución de la corrupción al nivel de los municipios, porque desde ya sabíamos que había muchas denuncias de situaciones irregulares, derechamente de corrupción, que se cometían al interior de municipios, pero que había pocos resultados, falta de celeridad y efectividad.

¿Por eso decide cambiar de fiscalía el caso que complica a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga?

Ahí advertimos que a nivel metropolitano podíamos reorganizar la distribución de causa relacionadas con la investigación de municipio para una mayor acuciosidad y diligencia. Nos parecía que hoy día el equipo de la Fiscalía Oriente tenía un equipo de fiscales trabajando que podía asumir esa investigación de una manera más rápida, y por esa razón trasladamos el caso.

Otro caso que le ha tocado afrontar en sus meses como fiscal nacional es el denominada caso “Líos de platas”, ¿Qué tan extenso podría llegar a ser esa causa?

Esta investigación, como otras de naturaleza similar, se encuentra abierta, vigente y con diligencias pendientes y todavía está en un estado en que no es posible estimar o predecir, no es posible afirmar que su extensión ya esté delimitada. Es una causa que es posible que siga creciendo hacia otros hechos u otras instituciones.

¿Qué han detectado?

Son hechos muy graves que consideran una cantidad muy considerables de recursos, sólo considerando los casos ya formalizados. Por lo tanto, todos los recursos de los que podamos aportar para que esas investigaciones prosperen los vamos a destinar para así dar tranquilidad de los chilenos respecto de qué es lo que efectivamente ocurrió.

Acá hay mencionados ministros en querellas, una diputada como imputada (Catalina Pérez RD), el jefe de segundo piso Miguel Crispi, ¿Serán citados e indagados?

Todo a su tiempo, pero quiero ser categórico: queremos que todos los responsables rindan cuentas. Se ha perdido la confianza de la ciudadanía. Ellos exigen respuestas concretas y transparencia. Nosotros también.

¿Incluso citando al Presidente si fuera necesario?

Nadie está exento de la posibilidad de ser citado o interrogado, las decisiones del Ministerio Público son técnicas y no tienen miramientos de contingencias política es parte de la gracia de nuestra autonomía. Ello, por supuesto, no exime al Ministerio Público del deber de responsabilidad, de evitar daños de reputaciones innecesarios, de tratar a todas las personas conforme de la dignidad de sus cargos y no sólo a autoridades, sino a todos los ciudadanos.