Que la nueva Constitución no debe ser refundacional, que debe contener un catálogo de derechos acotado, que se debe relevar la importancia de la subsidiariedad y también mantener el sistema presidencial, pero con correcciones. Esas son algunas de las tesis que plantea el abogado Claudio Alvarado en su nuevo libro titulado Tensión constituyente.

En el texto, que será lanzado el próximo 30 de junio, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) hace un análisis político de cómo hemos llegado hasta este punto y los principales desafíos que, a su juicio, enfrentará la convención que redactará la nueva Constitución. Aquí, en tanto, hace un análisis de cómo la derecha se posicionará en el debate y cómo puede cambiar su histórica cultura política -una más asociada a reaccionar y a vetar más que a proponer- en una Convención donde es minoría.

El primer capítulo de su libro se titula “La Constitución pactada”. A su juicio, ¿cómo pasamos de eso al proceso constituyente actual?

Mi impresión es que el debate sobre la Constitución solo se puede entender bien si es que lo ubicamos en el marco más amplio de la discusión política que se produce en Chile a contar del año 2011 en adelante. Entonces, por eso es que a mí me parece que es una caricatura sin demasiado fundamento en la realidad cuando se dice que la Constitución cayó por su origen, o que estamos en presencia de la Constitución de Pinochet. Si es que eso se dice sin matices ni distinciones, sin las precisiones del caso digamos, me parece que no se está haciendo mucha justicia a la realidad y, además, no ayuda a entender bien el problema. ¿Por qué si es que la Constitución se fue modificando de manera paulatina, con algunos cambios importantes como el 89 con el plebiscito, el 2005 cuando el expresidente Lagos firma la Constitución, no se acaba el debate sobre la Constitución? Y de hecho solo ha aumentado.

¿Y qué rol le atribuye a la derecha política hasta antes del 2011?

La derecha, al menos las vertientes más dominantes, tuvieron severas dificultades en su minuto para tomarse en serio problemas que no fueran de índole estrictamente material. Había otros problemas, había una discusión sobre el llamado malestar social, que respondía a problemas reales, no simplemente a las ideas de ciertos autores o ciertos intelectuales. Y había problemas también en materia de legitimidad política. La derecha tuvo severas dificultades para captarla en su minuto y cuando vuelve al gobierno con Sebastián Piñera, da la impresión de que se pensó que esos problemas no existían. Se confundió una mayoría electoral puntual, que fue la segunda vuelta de la última elección presidencial, con la inexistencia del malestar, de los cuestionamientos a legitimidad política, de una serie de problemas de índole política y sociológica. Y entonces se perdió una oportunidad grande, porque la derecha tuvo varias oportunidades para encauzar el debate constitucional.

De hecho, el gobierno de Piñera decide no continuar el proceso constituyente que impulsó Bachelet...

Claro. De pronto, tuvo la oportunidad de haber reaccionado de algún modo más constructivo, de combinar críticas con una actitud constructiva el año del proceso constituyente bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Fueron muy pocos los dirigentes de la derecha que tuvieron otra actitud. Se desaprovechó esa oportunidad. Luego, el gobierno tuvo otra oportunidad y es haber abordado el proceso o el debate constituyente a partir de los proyectos que dejó Michelle Bachelet. Y la última oportunidad que me parece que tuvo antes de la crisis de octubre la derecha para hacerse cargo de este debate, fue en la segunda cuenta pública de Sebastián Piñera, la última antes del estallido, cuando anuncia una serie de reformas institucionales.

¿Cree que no se lo tomó en serio porque iba en contra de su propia identidad o de su cultura histórica esto de avanzar hacia cambios constitucionales a través de procesos más abiertos?

Intervienen al menos tres factores. El primero no solo se aplica al debate constitucional, pero afecta en su aproximación al respecto y es el no tomarse en serio estas variables de malestar social o de legitimidad política. Pensaban que porque había cierto actores de la izquierda que lo ponían sobre la mesa, no tenían ningún fundamento. Después, hay un problema de cultura política. La derecha efectivamente, con mayor o menor intensidad según el momento histórico, se acostumbró muchas veces a la cultura del veto y que los sigue penando hasta el día de hoy. Eso es parte de su cultura política. Y en tercera lugar, y que no se puede desconocer, por más crítico que uno sea a su falta de proactividad o su actitud reactiva, y es que efectivamente los procesos constituyentes en Latinoamérica a veces han terminado mal. O sea, creo que también había una sana cautela respecto de los riesgos que involucran los procesos constituyentes mal llevados.

¿Y cómo ve a la derecha en la convención?

El panorama de la derecha en general hoy es muy difícil, pero tiene la oportunidad de cambiar su cultura política en la convención. Porque me parece que el mismo hecho de haber perdido el tercio le ofrece una oportunidad a este sector político y que es saber la necesidad de argumentar políticamente, de buscar acuerdos, de tender puentes, de abandonar la zona de comodidad, de ir a persuadir, a poner los argumentos sobre la mesa, y eso a la larga puede favorecer mucho a una vocación de mayoría el hecho de no estar en esta lógica de bloqueo, sino que ir a construir, ir a poner el diálogo por delante.

Actualmente, la Vocería de los Pueblos -grupo que reúne a más de treinta constituyentes, ha hecho un llamado a tener una Convención soberana y también a ha pedido, entre otras cosas, la liberación de presos del estallido social. ¿Cuál es su sensación respecto a eso?

Uno observa una serie de conclusiones en esas declaraciones. La primera, es que piensan que están encarnando o empujando algo así como el poder constituyente originario o que estuvieramos en medio de un proceso que es auténticamente revolucionario, cuando lo cierto es que el antecedente inmediato del proceso constituyente en curso, en el cual ellos mismos fueron electos constituyentes, es el acuerdo del 15 de noviembre y las reformas posteriores a la Constitución. Entonces, creo que primero ellos omiten ese punto, como que no comprenden bien que no estamos en presencia de ese poder constituyente originario que ellos siguen. Y aquí viene la segunda confusión, y es que pierden de vista las consecuencias de ese punto, y es que hay plazos establecidos, hay quórums señalados, hay una serie de etapas, límites sustantivos, no se puede pasar a llevar el carácter de república y democracia del Estado chileno, no se pueden llevar a pasar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Entonces, esta esa segunda confusión, estamos en presencia de elementos concretos que confirman que no estamos en presencia de ese poder constituyente originario.

En el libro, propones que la nueva Constitución tenga un catalogo de derechos acotado, algo que a la luz del presente, se como algo improbable. ¿Cómo lo ve?

Lo del catálogo de derechos hay que pensarlo políticamente. Por un lado, me parece que esa aproximación debe ser consistente con una crítica que lleva muchos años haciendose a la Constitución vigente y es que se le acusa de restringir los espacios para el debate político. Lo que se ha dicho, como una de las justificaciones del cambio constitucional, es que aquí se requiere ampliar los márgenes para la deliberación democrática, pues bien, si eso es cierto eso también tiene implicancias en el ámbito específico del catálogo de los derechos. Una Constitución con demasiados derechos, formulados de forma ambigua, equívoco, y sujeto de manera completa a un control judicial directo, va a provocar que tendremos a jueces haciendo política.

¿Y entonces cómo debe ser ese catálogo?

Si nos tomamos en serio el argumento de que queremos ampliar los espacios del debate democrático, es fundamental que el catálogo de derecho dialogue con eso. Y eso presupone tomar el ejemplo y aprender del espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Era muy sabia esa declaración porque logra esta virtud de delimitar los contornos del bien común y listar una serie de derechos pero al mismo tiempo entender que la configuración específica de esos derechos, en muchos casos, va a estar sujeta al debate democrático, a la legislación de los países y solo en pocos casos establece derechos de modo categórico, prohibitivo, imperativo y que son los más importantes: los que atentan contra la dignidad humana como la prohibición de la tortura, la exclavitud, etc.

Pero en la campaña se pudo ver a muchos constituyentes prometiendo una serie de derechos...

Sí, según el candidato y el lugar por el que postulaba, se prometieron una serie de derechos y constituciones completas: feminista, animalista, vegana, deportiva, etc. Y que son banderas pertinentes según el caso pero que tienen la siguiente dificultad: si los convencionales van a entrar a debatir demasiado empecinados en sus propias banderas va a ser muy difícil construir algo común. Y el gran desafío que tienen es ese: crear un proyecto común de Constitución.

¿Cree que se puede cometer el mismo error con la formación de la Constitución del ’80 que fue impuesta por un sector?

Sería muy perjudicial entrar a la Convención con ánimos de revancha. Porque eso implicaría volver a cometer el mismo error que se ha denunciado. Si es que algún sentido tiene empujar este proceso, es poner por adelante el diálogo, las razones, los bienes compartidos y sería muy curioso que después de criticar por tanto una Constitución por su origen más remoto, por el contexto dictatorial en el que se impuso el texto del año 80′, caigamos en otra revancha más.

En el libro, también hace una defensa del concepto de subsidiaridad que ha recibido desde hace bastantes años, duras críticas desde un sector. ¿Cuánto daño cree que la ha hecho la derecha política a ese concepto?

El hecho indudable, sea por responsabilidad de Jaime Guzmán o de sus herederos, es decir por los partidos de la derecha de los años 90′, cualquiera sea el caso, lo cierto es que en Chile se instaló por parte de sus defensores, y luego por parte de sus detractores lo cual es muy curioso, una lectura de la subsidiaridad que no es coherente en el modo que se lee este principio en casi ningún lugar. Y el concepto de la subsidiaridad es entender que para el desarrollo de todas las personas es fundamental el despliegue de la sociedad civil y que todos los ciudadanos podamos ser protagonistas de nuestro destino y eso incluye una amplia libertad para formar, mantener y fortalecer agrupaciones intermedias, las asociaciones civiles que le dan forma a nuestra vida común, y entender en consecuencia que el Estado, a la hora de pensar su relación con la sociedad civil, tiene que estimularla, fortalecerla y eso supone su intervención. Pero es una intervención orientada a robustecer a la sociedad civil. Pero en Chile hemos tenido un mal debate al respecto, un debate en que a veces se malentendió y se prometió una subsidiaridad estrecha o reducida, que los detractores lo han tomado y han dicho que debe acabar con la subsidiaridad pero sin preguntarse bien de qué estamos hablando.