Educación: La eterna promesa del CAE, freno a desmunicipalización y adiós a educación sexual integral

“Sabemos que hay estudiantes que egresan cargando una mochila muy pesada: la deuda por estudiar. Para esto presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. En este mismo proyecto de ley crearemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo. No más deudas por estudiar”.

Esas fueron las palabras del Presidente en su primera cuenta pública -en 2022-, donde prometió dejar atrás el CAE, algo que ya había sostenido durante su campaña. Sin embargo, en marzo de 2023 la Cámara Baja rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria, por lo que en junio -para su segunda cuenta- sus palabras mutaron.

“El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobado un nuevo pacto fiscal (N. de la R.: en 2022 dijo “reforma tributaria”) y mi compromiso sigue en pie”, señaló sobre el CAE escuetamente el Mandatario.

El tema volvió a estar sobre la mesa hace algunas semanas, con la embestida del Frente Amplio por incluir el ítem en la cuenta pública, lo que provocó una fractura en el oficialismo. En las últimas semanas La Moneda explicitó su despedida a la promesa inicial de condonar universalmente. En su reemplazo van por una “reorganización de la deuda educativa” y una “solución” al problema, cuyo proyecto de ley será presentado en septiembre, independientemente de la aprobación del pacto fiscal. Aun cuando en la fórmula preliminar habría una condonación más restringida, implicaría una suerte de autopréstamo que se paga luego de un periodo de gracia, en el marco de un sistema de financiamiento autocontenido, progresivo y justo.

Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, la deuda total del CAE asciende a US$ 11.900 millones, lo que tensiona aún más las decisiones del Ejecutivo.

Un escenario similar atraviesa la promesa del pago de la deuda histórica a los profesores. El Mandatario señaló en 2022 que presentarían “un proyecto de ley de reparación de la deuda histórica” para finales de ese año, lo que no ocurrió. Este compromiso estaba contenido en su programa de gobierno.

Pero un año después la promesa siguió en lista de espera, e incluso Boric hizo un leve mea culpa:

“Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso”, aseguró, aunque también señaló que “la dura realidad” de esos profesores los obliga a actuar de inmediato. “Estoy disponible para que, considerando las limitaciones presupuestarias, lleguemos a un acuerdo ya con los representantes de los maestros para abordar las situaciones más urgentes”, sumó.

Dos meses después llegó un paro del Colegio de Profesores, lo que obligó a que el Mineduc, inicialmente con el exministro Marco Antonio Ávila y luego con el recién asumido Nicolás Cataldo, se viera forzado a entregar respuestas al petitorio de ocho puntos de esa movilización, dentro de los cuales estaba la deuda histórica. Ambos ministros se comprometieron a ingresar el anhelado proyecto de ley a fines de 2023, pero hasta hoy eso no ha ocurrido. Este jueves, de hecho, docentes afectados por la deuda histórica se manifestaron en el frontis de La Moneda. En la misma línea, el presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló a La Tercera:

“Esperamos que esta vez se cumpla el compromiso que hizo el propio Presidente Boric y que nos ratificó en marzo: que iba a enviar un proyecto de ley al Congreso para dar una solución a la deuda histórica. Lo esperamos con bastante expectativa y cierta ansiedad, porque este es un tema que se arrastra por más de 40 años. Se nos está muriendo la gente sin justicia y esto para nosotros es una cuestión muy emblemática”.

Desde el Mineduc señalan que “la temporalidad en la que se entregue la reparación, y otras características de esta propuesta, son materia de trabajo entre el Gobierno y el Colegio de Profesores y Profesoras”.

“Ingresaremos un proyecto para que Chile tenga una política nacional de educación sexual integral (ESI) para todos los niveles de enseñanza”.

Esas fueron parte de las palabras del Presidente Boric en el marco de la primera cuenta pública de su gobierno. Esto, según explicó en ese momento el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, “la futura ley buscará promover el desarrollo emocional de los estudiantes, reconocerá la diversidad sexual, cuestionará los estereotipos de género e impulsará la formación sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas”. Sin embargo, poco a poco este proyecto fue sufriendo alteraciones. De hecho, ante las críticas de la oposición y del mundo conservador que vivió el Mineduc, encabezado en ese entonces por Ávila -y ante la distancia que generaba en sectores conservadores-, el proyecto incorporó el término “afectividad”, pasando a llamarse Educación en Afectividad y Sexualidad Integral poco antes de la segunda cuenta pública.

Hoy, lo único que sí queda claro es que el proyecto de educación sexual integral pasó de ser prioritario para Marco Antonio Ávila, con quien se organizaron jornadas y se elaboraron los primeros documentos, al fondo de la fila cuando en agosto de 2022 asumió Nicolás Cataldo como ministro, quien priorizó otra agenda legislativa.

Durante su primera cuenta pública el Mandatario anunció una política nacional de reactivación educativa integral, ‘Seamos Comunidad’, que buscaría “responder a las necesidades de aprendizaje y bienestar socioemocional provocadas por la pandemia” y que mediante ella financiarían 714 proyectos de infraestructura educacional en 201 comunas, según las palabras en 2022 del Mandatario. Todo esto en medio de una grave inasistencia y deserción escolar pospandemia.

En su segunda oportunidad, la cabeza del Ejecutivo recordó la campaña para convocar a 20 mil tutores voluntarios. “A la fecha, ya alcanzamos 16.000 inscritos y en proceso de capacitación”, detalló, además de contar que junto con los municipios y antes del 30 de junio incorporarían 1.300 profesionales y técnicos de la educación a lo largo de Chile “para revincular a quienes han dejado las aulas”. Pero, asimismo, remarcó que durante este año de gobierno se redujo la inasistencia escolar grave en 13%. Y fijó metas para 2025: “Disminuir a la mitad los estudiantes que hoy tienen un nivel de inasistencia grave, alcanzar el promedio de asistencia previo a la pandemia y elevar la tasa de revinculación anual a un 45% de los estudiantes desvinculados”.

Sebastián Izquierdo, ex subsecretario de Educación e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), afirma que “el plan de reactivación educacional ha sido, en el mejor de los casos, mediocre. Aunque se ha observado un listado abundante de esfuerzos, estos han llegado tarde y con una cobertura insuficiente. Además, el financiamiento nuevo ha sido escuálido, por no decir nulo, y las metas a corto plazo brillan por su ausencia”.

Desde el Mineduc aseguran que “la Ley de Presupuestos 2024 creó una asignación especial de $11.254 millones para la reactivación educativa, recursos enfocados a los tres ejes de la reactivación”.

Finalmente, otro de los anuncios relevantes que el Presidente hizo durante su primera cuenta pública -parte también del programa de gobierno- fue en materia de desmunicipalización escolar. Ahí, dijo que presentarían una propuesta de ley “que mejora el funcionamiento e implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)”.

Pero en vez de potenciar sin frenos el proceso, al gobierno le estalló una severa crisis en el SLEP Atacama, la que abrió la puerta para cuestionar todos los traspasos, algo impensado a seis años de su puesta en marcha. De hecho, para este año el Senado logró que no entraran en funcionamiento dos de los seis SLEP que estaban contemplados.

Y aunque Marco Antonio Ávila ingresó un proyecto para corregir las falencias, cuando Nicolás Cataldo llegó a la cartera lo reemplazó por otro que actualmente se está discutiendo, el que pretende hacer modificaciones, las que tienen una serie de objetivos, entre los que se cuentan asegurar un adecuado traspaso, reconocer la nueva institucionalidad como una política de Estado e incluir un catálogo de sanciones a quienes no contribuyan al traspaso. En concreto, el potenciamiento de la Nueva Educación Pública es el único proyecto de ley de los comprometidos que hasta aquí sí llegó al Congreso.