El puzzle judicial del estallido social

Fue la primera noticia judicial del año que impactó de lleno en la cúpula de Carabineros. Corría el segundo día hábil de este 2024 cuando se conoció la decisión del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, de formalizar ni más ni menos que a la máxima autoridad de la policía uniformada, el general director Ricardo Yáñez. Y no por cualquier ilícito, sino como autor de la conducta omisiva de delitos de apremios y homicidio cometidos en el estallido social.

La situación dejó en una compleja situación al alto oficial, pero también a La Moneda, que anunció que esperará conocer los cargos para tomar una decisión.

La defensa de Yáñez, encabezada por el abogado Jorge Martínez, había cometido una infidencia al señalar que tras conocerse la decisión del Ministerio Público, el Presidente Gabriel Boric lo habría llamado para darle su respaldo. Fuentes cercanas al general aseguran que eso fue así, pero que fue una indiscreción por parte del profesional develarlo. En un punto de prensa el Mandatario, al ser consultado por el episodio, sostuvo que él no se refería a conversaciones privadas.

Con todo, la decisión luego de cuatro años de investigación liderada por la jefa de Alta Complejidad, la fiscal Ximena Chong, lanzó esquirlas que alcanzaron al alto mando policial y también a las autoridades civiles, radicados en el Ministerio del Interior. En estas últimas reparticiones no pocos se preguntaban ¿por qué ahora? ¿Por qué ingresar un escrito el 2 de enero, tras cuatro años? Las respuestas la darán los propios fiscales Armendáriz y Chong, pero en cuatro meses más. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 7 de mayo a las 9:00 horas la audiencia en que el imputado Yáñez deberá comparecer, y no estará solo. También serán formalizados bajo la misma figura su antecesor Mario Rozas y el exsubdirector operativo Diego Olate.

A Yáñez no se lo lleva al banquillo por sus acciones como general director, ya que en la época del 18 de octubre de 2019 ese cargo lo ostentaba Rozas. Se le imputa por su rol como director de Orden Público y quien debía desplegar a las Fuerzas Especiales para reprimir las acciones delictuales, como los saqueos a locales comerciales, y los desórdenes públicos que se desarrollaban tras las masivas marchas de esa época.

Existen dos causas que buscan ir más allá de agente del Estado, en este caso los carabineros imputados por violaciones a los derechos humanos, e imputar a sus jefes, el mando, porque a sabiendas de lo que estaba ocurriendo y teniendo la posibilidad no hicieron acción alguna para evitar que los ilícitos se cometieran. Esta denominada “responsabilidad de mando” es la que indaga Chong y en la que el general Yáñez, citado a declarar en más de una ocasión, decidió guardar silencio.

Esto último, según dejó constancia, porque ya había declarado por otra indagatoria sobre los mismos hechos y que en un inicio fue tramitada por la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich. Esta última se caratula “delitos de lesa humanidad” y no tiene imputados, hasta el momento, y hace un par de años se le traspasó también a Chong. En esta última el foco está puesto en los civiles que supervisaban a Carabineros, como los exministros del Interior de la época, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, los exsubsecretarios de la cartera y el propio expresidente Sebastián Piñera, que tiene calidad de querellado.

Es justamente esta última causa la que generó que Yáñez, a través de su defensa, le pidiera al fiscal nacional Ángel Valencia la salida de Armendáriz y Chong, acusándolos de odio y resentimientos contra Carabineros. Dicha petición está pendiente, pero los investigadores antes que se resolviera una eventual inhabilidad en la “causa espejo” decidieron formalizar la arista “alto mando”.

Los hechos originaron un quiebre de confianzas. Valencia el mismo 2 de enero sacó al titular de la Centro Norte de la subrogancia legal del cargo de fiscal nacional. Todo esto fue leído por integrantes del consejo de fiscales regionales como “un golpe en la mesa” y una señal de que los equipos técnicos que arribaron con la actual máxima autoridad del Ministerio Público no comulgan con lo que algunos llaman “la doctrina Ortiz”, impulsada en casos de derechos humanos en la era de Jorge Abbott.

El 22 de octubre de 2020 la entonces directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, envió un documento de carácter reservado y de uso interno que se titula: “Informe sobre la responsabilidad del superior en el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones sociales”.

Este documento, dicen en el ente perseguidor, sería una especie de guía que llevó a la fiscal Chong a determinar que existen suficientes pruebas para acreditar que Yáñez, Rozas y Olate cometieron delitos contemplados en el Código Penal. El libelo expone, por ejemplo, que “el concepto de responsabilidad del superior se encuentra arraigado en el entendimiento de que “en virtud de la autoridad que portan, los comandantes están preparados para ejercer control sobre sus tropas y las armas que utilizan; más que cualquier otra persona pueden evitar infracciones creando el estado mental apropiado, asegurando el uso racional de los medios de combate y manteniendo disciplina”.

Finalmente sostiene que “el comportamiento que fundamentaría la imputación de responsabilidad penal de los superiores es la omisión contraria a su deber de garante, por incumplir con su deber de vigilancia respecto de las personas que tiene a su cargo, además del deber de protección que debe todo funcionario de la institución respecto de los civiles, en este caso manifestantes”.

El 7 de mayo esta hipótesis sorteará su primera valla si es que la Fiscalía pide cautelares, que pueden ir desde una firma a privación de libertad; será un juez de la República que deberá intervenir y sostener si está de acuerdo o no con esta teoría.

Las indagatorias más icónicas del estallido social son las que involucran al alto mando de Carabineros y lesa humanidad. En la primera, se indaga el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio, donde serán formalizados, Ricardo Yáñez, general director de Carabineros; Mario Rozas, exgeneral director; y Diego Olate, exsubdirector de la institución.

Ricardo Yáñez, general director de Carabineros

El 2 de enero el fiscal Xavier Armendáriz ingresó la solicitud de formalización del general Ricardo Yáñez, jefe máximo de Carabineros. Se le imputa el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio. El general es indagado por su responsabilidad como jefe nacional de Orden y Seguridad durante el estallido social, donde no habría impartido instrucciones para evitar las lesiones de los afectados. Su defensa, en tanto, descarta esta imputación, y asegura que se tomaron todos los resguardos, pero en un contexto de múltiples hechos de violencia por esos días. Además, pidieron la inhabilidad de Chong y Armendáriz, como también sobreseerlo de la causa de lesa humanidad.

Mario Rozas, exgeneral director de Carabineros

Tuvo una veintena de querellas a su haber, pues era el general director de Carabineros en el estallido social. Se le imputa el mismo delito que al general Yáñez:no haber corregido el actuar policial de sus subalternos, a pesar de conocer lo que estaba ocurriendo con los manifestantes lesionados. El general (R), sin embargo, ha descartado esa hipótesis, dado que, según declaró en la causa, se sacaron las escopetas antidisturbios de las calles y también se perfeccionaron las técnicas para controlar este tipo de situaciones. “Recuerdo que, en ocasiones, hubo que replegar al personal por falta de stock de agua, disuasivos químicos y municiones de escopeta antidisturbios”, expuso ante Chong, cuando entregó su testimonio.

Diego Olate, exgeneral director de Carabineros

El 22 de septiembre del 2022, quien fuera el subdirector de Carabineros durante el estallido social, en general (R) Diego Olate, se sentó frente a la fiscal Ximena Chong para declarar; sin embargo, el exalto oficial se acogió a su derecho a guardar silencio. En la indagatoria su nombre fue constantemente puesto sobre la mesa al momento de los interrogatorios de testigos, pues la investigadora buscaba determinar hasta dónde influyó su gestión de mando durante la crisis, pues se le situó en distintas reuniones de planificación de los servicios, como también como el encargado de disponer las dotaciones que salían a controlar las protestas. Olate, al igual que Rozas y Yáñez, también será formalizado el 7 de mayo.

Sebastián Piñera, exPresidente de la República

El 4 de noviembre del 2019 se presentó la primera querella por lesa humanidad en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera. La acción legal, presentada por una serie de abogados particulares liderados por Nicolás Toro Benegas -quien representó a la “Coordinadora 18 de Octubre”-, sería la primera de otras que vendrían después, donde también se sumaron la Comisión de Derechos Humanos, el INDH, entre otras organizaciones. Todas las querellas fueron derivadas, primero, a la fiscal Claudia Perivancich y, ya en agosto del 2022, a la fiscal Ximena Chong. El ex-Mandatario sigue siendo indagado en calidad de imputado, al ser querellado, y aún no se toma ninguna determinación sobre su figura, tras más de 4 años de indagatorias.

Andrés Chadwick, exministro del Interior

Fue quien, quizás, sacó una de las peores partes de las consecuencias políticas del estallido social. La oposición de entonces, el 11 de diciembre del 2019, aprobó la acusación constitucional en su contra, aunque ya había salido del cargo de ministro del Interior, hacía casi dos meses. El abogado también está como querellado en la causa -tampoco se han tomado decisiones judiciales sobre él- y ya ha declarado en la indagatoria. “El Presidente se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el Presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada es recurrir a un estado de excepción constitucional”, dijo en marzo del 2023, ante la fiscal Chong.

Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior

Declaró como imputado en la causa el 14 de abril del 2023 y así responder cómo se estableció la comunicación con Carabineros, desde La Moneda, para contener la crisis del estallido social. “Cuando días antes del 18 de octubre se comienzan a producir hechos de violencia asociados principalmente a la línea del metro, lo que sucede son reuniones y contactos periódicos con esas dos autoridades policiales (Ricardo Yáñez por Carabineros y Carlos Yáñez por la PDI), con qué objetivo, recabar información”, explicó esa vez ante la fiscal Chong, quien era reiterativa al consultarle sobre las reuniones, lo que se hablaba y las instrucciones que se impartieron durante esos días. Al igual que Piñera y Blumel, declaró en ambas causas.

Gonzalo Blumel, exministro del Interior

Los días del estallido social los resumió, incluso, en un libro titulado “La vuelta larga”, donde recordó distintos episodios que marcaron su estadía en La Moneda, como sucesor de Andrés Chadwick, entre el 28 de octubre del 2018 y el 28 de julio del 2020. Sobre él también pesan querellas en su contra, aunque tampoco ha habido movimientos sustanciales en la indagatoria. Ante la fiscal Chong también ha declarado en calidad de imputado, donde explicó que el estallido social fue “la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia, la que estuvo caracterizada por masivas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, pero también por una inédita ola de violencia hasta ese momento desconocida”.

Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior

Le tocó enfrentar el estallido social desde dos lugares distintos. Primero, como subsecretario para las Fuerzas Armadas, donde estuvo hasta el 4 de noviembre de 2019, y luego, desde la Subsecretaría del Interior, donde asumió en reemplazo de Rodrigo Ubilla, en enero del 2020. En rigor, a Galli le tocaron dos meses de protestas, por lo que su rol estuvo acotado al proceso de cambios que se dictaron en Carabineros, una vez que la crisis ya había estallado. De todas maneras, declaró en calidad de imputado ante la fiscal Chong, y figura como querellado en la causa. En la carpeta investigativa, la investigadora también indagó sobre su rol como “asesor” del general Javier Iturriaga, como jefe de la Defensa Nacional.