La batalla en aguas chilenas contra los narcos de México y Colombia

La madrugada del 15 de noviembre de 2019 las tranquilas aguas de La Herradura en Coquimbo recibieron la visita de dos buzos tácticos de la Armada. Sigilosamente entraron a la caleta Guayacán con una importante misión: instalar un dispositivo GPS en una lancha rápida llamada Bismarck, cuya embarcación era foco de seguimiento de la PDI y de la marina. De acuerdo a las escuchas telefónicas, la banda se internaría en alta mar para completar la última etapa de una sofisticada operación de narcotraficantes colombianos del Valle del Cauca, zona que se ubica a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cali, guarida central de los carteles exportadores de marihuana creepy.

Previo a una orden judicial, solicitada por el fiscal Jorge Mena, la misión de los comandos era de vital importancia para la operación, pues los reportes de inteligencia advertían que los pescadores chilenos abordarían el Bismarck para encontrarse mar adentro con una embarcación colombiana llamada “Dulce María” que transportaba varias toneladas de droga. Así, el GPS arrojaría su ubicación en alta mar y evitaría levantar sospechas de los agentes marinos y policiales.

“El problema que teníamos era que no había comunicación con la embarcación. Ahí empezamos a entender cómo estas organizaciones criminales van trabajando. El comprador de la droga sólo tiene relación con los intermediarios”, comenta el fiscal del caso, Jorge Mena, quien inició esta investigación tras intervenir un teléfono de un narco mediano de la ciudad de Rancagua.

El financista de esta operación fue identificado como José Manuel Torres Cisternas, alias “Bro”, chileno fichado en una discoteque de Iquique durante los primeros días de 2019 por Marco Ospina, un integrante del cartel colombiano. Según la investigación, a Torres le entregaron más de $30 millones para armar un equipo de logística que pudiera completar la expedición narco del Valle del Cauca. Así compró una lancha rápida usada, la que adaptó con un motor nuevo para tener la capacidad de trasladar varias toneladas. Además, adquirió teléfonos satelitales, cuyos aparatos pueden usarse sin problema mar adentro. También fichó a dos pescadores chilenos para navegar el lanchón, a quienes ofreció $5 millones por el trabajo.

Toda esta planificación duró varios meses y sus movimientos siempre fueron vigilados por la PDI y los agentes de inteligencia de la Armada. No se podía dejar ningún cabo suelto, ya que las interceptaciones telefónicas y las características de la lancha remodelada daban cuenta que venía un cargamento de gran tonelaje hacía Chile.

A las 3:40 de la madrugada del 15 de noviembre de 2019, el GPS instalado por los buzos tácticos en el Bismarck, alertó que la lancha emprendía rumbo mar adentro. Cerca de la milla 71, los agentes de la Armada establecieron que ahí sería el intercambio, dado que el barco se detuvo. A esa altura, y tras meses de seguimientos, todas las alertas estaban prendidas. Y la Armada había dispuesto todos los medios para lograr el decomiso.

Tras cinco horas en alta mar, el Bismarck encabezado por el “Bro”, retornó a La Herradura. Ahí fueron interceptados por detectives de la PDI, quienes se llevaron una sorpresa al no encontrar ni un gramo de droga. Los primeros rayos de sol de esa mañana mostraban la preocupación en los rostros de la policía. La inteligencia de la Armada sabía que los colombianos tenían que estar en algún lugar. Por ello, enviaron un avión a monitorear las aguas del océano pacífico rumbo al norte.

Luego de unas horas, encontraron una embarcación varada en las costas de Caldera, en la Región de Atacama. Rápidamente, un buque de la marina interceptó al barco, el cual estaba a unos minutos de hundirse por problemas mecánicos.

Seis tripulantes colombianos, quienes dijeron ser pescadores, se salvaron de un naufragio seguro. Al revisar la cubierta de la bodega, los funcionarios de la Armada encontraron ladrillos con diferentes simbologías.

No había dudas, la droga había sido interceptada. Esta era la embarcación que iba a encontrarse con el Bismarck.

Para sorpresa de la PDI y la Armada, esta operación se convertía en la más importante de la historia: 4,2 toneladas de marihuana creepy, el decomiso más grande desde la creación de la reforma procesal penal.

“No sabíamos de dónde venía el cargamento y nos dimos cuenta después que venían de un sector de Colombia, donde parte la ruta de la droga (...) Al principio la ruta era entre Colombia y Perú, pero las organizaciones se dieron cuenta que era más rentable vender en Chile directamente y hacer el trayecto completo. Su intención era llegar frente a las costas de Coquimbo”, revela el fiscal Jorge Mena, quien logró condenar tanto a los pescadores chilenos como a los colombianos.

Marco Ospina, el enlace del cartel colombiano, aún no ha sido encontrado.

El éxito de la Operación “Mar Adentro” trajo más preocupación que alegrías para las autoridades. Sobre todo para la Policía Marítima, cuya repartición de inteligencia, comenzó a descubrir que las organizaciones criminales tenían decidido usar las rutas marinas para internar su producto estrella a Chile: la marihuana creepy, cuya venta por kilo se estaba transando en $4 millones, casi lo mismo que un paquete de cocaína, también cercano al kilo de peso. De acuerdo a sus reportes, el mejor precio del continente.

“Si bien tuvimos un buen procedimiento en 2019, los colombianos no dejaron de enviar su producto, por lo que tuvimos que infiltrarlos para conocer sus operaciones”, comenta un miembro de la marina que ha participado en estos procedimientos.

Así se descubrió como primer antecedente que los narcos colombianos hacen envíos para varias bandas chilenas desde el puerto de Buenaventura, el más importante de ese país. Las lanchas que zarpan con las toneladas de marihuana no tienen un único receptor, por tanto los carteles diseñan cooperativas de envíos para rebajar los costos. Los tripulantes son fichados a cambio de US$18 mil dólares y con el requisito que sólo se conozcan minutos antes de zarpar a costas chilenas. Cada viaje dura un promedio de 30 días.

Luego, la inteligencia naval, detectó que estos envíos son monitoreados por dos a tres integrantes de estas bandas colombianas, quienes viajan a Chile en “comisión de servicio” por unos días para asegurar que la carga llegue a puertos chilenos y sea trasladada a casas de seguridad en comunas periféricas de la Región Metropolitana.

“Las organizaciones criminales no tienen un modus estándar o definitivo. Su objetivo es enviarlo por algún medio que tenga pocas posibilidades de ser fiscalizado, por ello van variando en las más diversas formas”, explica el fiscal Maximiliano Krausse, experto en casos de contrabando marítimo de la Fiscalía de Valparaíso.

La intrincada logística de las operaciones también llamó la atención de los investigadores. Así quedó establecido en la operación de 2019 con la labor de José Manuel Torres y su lancha Bismarck. Ospina, el “supervisor” de Cali comenzó a trabajar el plan varios meses antes del envío. La primera fase consistía en reclutar a Torres y a otros pescadores chilenos. Luego ellos diseñarían una nave rápida y que tuviera la capacidad de trasladar varias toneladas, y que además surtieran con combustible, víveres y repuestos a sus pares colombianos en alta mar para que pudieran regresar a Buenaventura.

“Hay una inversión importante de dinero y tecnología de estos carteles. Cada golpe que le damos a estas organizaciones son varios millones de dólares”, aseguran desde la Policía Marítima.

Chile se convirtió en un buen mercado de marihuana creepy. Por ello, los carteles de México no quisieron quedar fuera de estos negocios. Y, aprovechando la pandemia, la organización “Jalisco Nueva Generación”, principal cartel narco de ese país en la actualidad comenzó a usar la misma ruta marítima para enviar marihuana creepy que viene procesada en suelo mexicano.

Así quedó establecido en la “Operación Jalisco” que tuvo tres episodios entre 2020 y 2022, logrando decomisos que ascendieron a 3,5 toneladas de marihuana creepy en puertos chilenos. Desde la Armada explican que el modus operandis es totalmente diferente al de los colombianos.

Los mexicanos usan la modalidad de ocultamiento o camuflaje en mercancías que envían en contenedores hacia Santo Antonio, en Valparaíso, desde dos puertos: Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ubicados en los Estados de Jalisco y Michoacán, cuyas zonas son controladas por el cartel “Jalisco Nueva Generación”.

“A los mexicanos no les interesa tener a nadie de su organización en suelo chileno. Ellos usan intermediarios. No se involucran directamente. Si falla algo, los eliminan (matan), de acuerdo hemos podido establecer”, detalla una fuente del Ministerio Público.

La investigación del caso “Jalisco” identificó a Andrix Aquino, un ciudadano dominicano como el enlace del cartel en Chile, cuyo contacto en México era un familiar de la misma nacionalidad. Para comprender mejor el funcionamiento, la Policía Marítima decidió usar agentes encubiertos para infiltrar la organización criminal.

Durante varios meses los agentes de la Armada enviaron depósitos a México, que iban entre los dos y tres millones de pesos, para costear los trámites de envío en los puertos y así lograr la confianza de esos narcos. Esto permitió, incluso, tener algunas entregas controladas con cantidades bajas con el fin de penetrar al cartel y conocer las estrategias de envíos y bodegaje en Santiago.

Así la operación “Jalisco” logró descubrir uno de los grandes misterios de estas operaciones internacionales: ¿Cómo los narcos mexicanos reciben el pago de los envíos de marihuana sin poner un pie en Chile?

La tarea estaba a cargo del enlace Andrix Aquino, quien además de conseguir casas de seguridad, diseñó un esquema para enviar dinero todos los días a Jalisco y Monterrey.

Según los investigadores, Aquino reclutó una red de varios de sus compatriotas como palos blancos para enviar entre US$1.500 y US$1.600 dólares diarios a México por el sistema de las casas de transferencia de dinero internacional. Por cada operación, se pagaba $10 mil y, según un libro de contabilidad personal de Aquino encontrado en su escondite, se podían realizar hasta 60 de estas operaciones por cada jornada.

En las oficinas de la Policía Marítima, sus agentes valoran los golpes que han dado al narcotráfico. Con menos de 100 efectivos para toda la costa chilena, desde 2018 a la fecha, se han incautado más de 20 toneladas de droga (un 90% se trata de marihuana creepy) en 838 procedimientos en aguas del Pacífico. De estos casos, la Armada ha detenido a 1.137 personas, que según la entidad, aparecen desde ciudadanos chilenos hasta colombianos, peruanos, dominicanos e incluso un traficante sueco.

“Lo que hay que considerar es que las organizaciones criminales conocen la realidad en cuanto a la capacidad de fiscalización de las autoridades de cada país (...) Por ello, lo novedoso es la cantidad de incautaciones y detenidos que se ha logrado. Eso implica que el trabajo se ha modificado y está siendo más efectivo”, asegura el fiscal de Valparaíso, Maximiliano Krausse.

Hace unas semanas, la ONU, mediante su reporte anual sobre narcotráfico, señaló que el Puerto de San Antonio se había convertido en un punto neurálgico para el traslado de drogas, en especial de la cocaína peruana y colombiana, hacía Estados Unidos y las principales capitales de Europa.

El informe además consignó que los problemas de vigilancia en las fronteras, sumado a su inhóspita geografía como el amplio desierto chileno “facilitaba el contrabando de sustancias y movimiento no regulado de personas”.

Tres días después el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el responsable global de Contenedores de la Oficina de Naciones Unidas que redactó el informe sobre narcotráfico. A la salida de la cita, Monsalve señaló que la rigurosidad de los controles en los puertos es un eje esencial para combatir las redes del crimen organizado.

Para la Inteligencia Naval, en tanto, estos antecedentes no fueron sorpresa, pero ponen sus alertas fuera de los puertos chilenos, ya que sus reportes sostienen que los cargamentos con drogas son instalados en los containers de los buques tras el paso por los terminales chilenos bajo la modalidad denominada “gancho ciego” o “RIP-OFF”.

Esta técnica consiste en vulnerar los sellos de seguridad de los contenedores en alguna parte del trayecto en alta mar. Y, por lo general, la embarcación completa está comprometida. Por el silencio de algunos de los tripulantes y por ayudar a introducir la droga al barco se pagan grandes sumas de dinero.

Un documento reservado sostiene que, en 2022 se vinculó cinco casos de decomisos en puertos europeos de contenedores que zarparon de puertos chilenos, en los que se incautaron más de seis toneladas de cocaína, bajo esta modalidad

Según la Armada, las organizaciones criminales “contaminan” los contenedores que salen de Chile, porque esos buques son menos sospechosos que las embarcaciones que salen directo desde Colombia, Perú y México.

El reporte clasificado sostiene que “en la cadena logística del comercio marítimo, un contenedor que sale de Chile puede ser desembarcado y permanecer un tiempo prolongado en un puerto intermedio de Centroamérica”, los cuales registran altos niveles de riesgo y baja seguridad que las mafias aprovechan para internar sus contrabando.

Un informe del Ministerio Público muestra que entre 2016 y 2021 se han detectado 36 de estos casos en diferentes puertos de Europa y Estados Unidos, sumando más de 37 mil kilos de cocaína incautada en contenedores que venían desde Chile.

Un ejemplo es un decomiso que ocurrió en 2020 en el Puerto Gioia Tauro en la Región de Calabria, en Italia. Un contenedor que salió desde el Puerto de Coronel con mariscos fue descubierto con 932 kilos de cocaína en su interior. Las alarmas llegaron de inmediato a las oficinas de la Polícia Marítima, donde se inició una investigación.

Tras unas semanas, la Armada pudo comprobar que ese contenedor fue “contaminado” con la modalidad del gancho ciego en un puerto intermedio de Panamá, donde se desembarcó la carga y se mantuvo en patios de acopio por un tiempo hasta su envío final a Italia.

Al revisar ese terminal, en unas bodegas se encontraron cajas de choritos abandonadas, lo que para las agentes navales eran pruebas suficiente que confirmaban el “gancho ciego”.

“(Las bandas) saben que en los puertos se establecen sistemas de perfilamiento, que miran cómo uno de los criterios es el origen de la carga, en consecuencia es bastante racional que ellos definan contaminar contenedores de Chile con maquinarias o vehículos. Esto es preocupante porque hay varios eventos con grandes cargamentos”, dice el fiscal Maximiliano Krausse, quien en sus investigaciones detectó que los “ganchos ciegos” en alta mar se realizan en zonas cercanas a la producción de drogas como son las costas de Perú, Ecuador y Colombia.

Cuando ocurren estos casos, explica Krausse, no se pueden abrir investigaciones en Chile, por ello, es determinante trabajar en coordinación con otros países y sistemas de persecución internacional para emitir alertas y compartir información que pueda desbaratar a los carteles de droga de América Latina.