Los reservados acuerdos de Chile con Pfizer, Sinovac y Janssen

Desde que comenzó la pandemia, el precio de una vacuna contra el Covid-19, el estado de las negociaciones, los nombres de los ejecutivos involucrados y hasta los funcionarios públicos que asistieron a las conversaciones han sido una incógnita.

A nivel internacional, diversas agrupaciones pro transparencia exigen acceder a los contratos, pero tanto las empresas que fabrican las vacunas como las autoridades rechazan sus peticiones. Chile no es la excepción. Hoy, el muro comienza a mostrar sus primeras fisuras.

A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ONG Chile Transparente accedió a tres de los cuatro contratos de vacunas contra el Covid-19 que ha firmado el Estado de Chile con los laboratorios. Esto, luego de que el Consejo para la Transparencia acogiera el amparo presentado por la agrupación y ordenara a las farmacéuticas remitir copia de dichos documentos, permitiéndoles tarjar la información que pudiera perjudicar sus intereses comerciales.

Las empresas que enviaron sus contratos fueron Sinovac (China), Pfizer-BionTech (EE.UU.) y Janssen (EE.UU.). Mientras que AstraZeneca (Reino Unido) optó por presentar una serie de reclamaciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago, advirtiendo los peligros que significa la divulgación de los antecedentes vinculados a la estructura de costos, ya que -a su parecer- “corresponde a información sensible o estratégica que afecta los derechos económicos y comerciales de los laboratorios que han mantenido negociaciones o suscrito acuerdos” con nuestro país.

En los documentos que ingresó el laboratorio, manifestó no estar de acuerdo con dar a conocer las cláusulas de su contrato con el Minsal. “La divulgación de la información solicitada conlleva la posibilidad de impactar negativamente en la ejecución y mantención de los acuerdos celebrados, comprometiendo con ello el interés general referido a la salud pública en los términos contemplados en el Artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia”, explicó AstraZeneca.

En tanto, en una de las respuestas de Transparencia la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, declinó entregar detalles sobre dichas tratativas, pues “su comunicación afecta el interés nacional, porque se refiere a materias que inciden directamente en la salud pública, ya que puede perjudicar las negociaciones y compra de los productos para la inoculación en la población para detener la proliferación de nuevos casos de Covid-19”.

De hecho, a fin de mantener la reserva en los contratos, la autoridad señaló que “el gobierno recibió una advertencia de Interpol por “posible actividad delictiva en relación con la falsificación, robo y publicidad ilegal de Covid-19 y vacunas contra la gripe, con una pandemia que ya ha desencadenado un comportamiento delictivo oportunista y depredador sin precedentes”.

En todo caso, en noviembre de 2020 se conocieron los términos de este contrato, los que fueron publicados por La Tercera. Se trató de la compra de cuatro millones de antídotos, por un valor total de US$ 16 millones y una fecha estipulada de llegada para el primer semestre de 2021. El documento incluyó cláusulas que exigieron un pago del 20% por adelantado.

Según cálculos del Consejo para la Transparencia, a la fecha el Fisco ha destinado US$ 425 millones al proceso de vacunación. Una cifra de la cual no se conoce del todo su detalle.

El 20 de diciembre de 2020, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, firmó un contrato con Sinovac en el que la gigante china se comprometió al envío, al 31 de marzo de 2021, de 10.098.000 dosis en la fase I por un total de US$ 115.632.000. Es decir, cada una de las vacunas compradas a Sinovac tuvo un costo promedio de $ 8.689 (US$ 11,4). El contrato también estableció una opción que posibilita al Estado de Chile a comprar 50 millones de dosis adicionales en línea con el acuerdo de cooperación firmado entre la Universidad Católica y la empresa china.

El convenio que lleva la firma de Qiang Gao, vicepresidente de investigación y desarrollo de Sinovac, consigna que cada dosis de la primera y segunda partida tuvo un valor de $ 9.260 (US$ 12,15). Mientras que en los otros despachos dicho valor bajó a $ 8.384 (US$ 11) cada vacuna. Si bien estos montos estaban tachados en los contratos, aparecieron al traspasarlos a un block de notas.

El contrato señala que los fondos por la compra deberán ser depositados en el Silicon Valley Bank Co. a través de una cuenta bancaria a nombre de Sinovac Life Science Co. Ltd. La operación requería de un banco intermediario y el escogido por los chinos fue el JP Morgan Chase Bank.

Otro de los documentos liberados es el “Acuerdo de Fabricación y Suministro entre Pfizer Chile S.A. y la Subsecretaría de Salud Pública” del Ministerio de Salud, de fecha 1 de diciembre de 2020.

Se trata de un escrito que cuenta con 33 páginas y que entre otros antecedentes detalla que los envíos del producto tendrán un volumen mínimo de 975 dosis. Además, establece que la empresa estadounidense podrá entregar el producto en cuotas independientes y “empleará esfuerzos comercialmente razonables para cumplir el cronograma de entregas”.

Sin embargo, el contrato establece que el laboratorio no está obligado a realizar las entregas conforme al mismo cronograma o a la orden de compra, ni tampoco está sujeto a sanciones por incumplimientos.

Por otro lado, el convenio estableció requisitos legales: Chile renuncia a su derecho a litigar en tribunales locales por eventuales discrepancias sobre el contrato con Pfizer. “Todas las diferencias se regirán por la legislación del estado de Nueva York, EE.UU.”, consignó el mismo documento.

A ello se suma que las controversias serán zanjadas ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC). “La sede del arbitraje será Nueva York, EE.UU., y el idioma del procedimiento será el inglés. Minsal renuncia a toda pretensión de inmunidad en relación con cualquier procedimiento para cumplir o hacer cumplir cualquier decisión”, se lee en el documento, que cuenta con una versión en inglés y otra en español.

Pero si el contrato con Pfizer-BionTech es explícito en cubrir sus intereses, el convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) va más allá. Este se enmarca en el convenio Covax, iniciativa de colaboración entre países y liderada por la Organización Mundial de la Salud, para asegurar la entrega equitativa de vacunas.

El libelo, que cuenta con ocho páginas, señala en una de sus cláusulas que “Chile hará frente, defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a la OPS y sus asesores, agentes, oficiales y empleados de toda reclamación, demanda y queja presentada por terceros y de responsabilidad derivada o relacionada con las operaciones o actividades previstas en el presente acuerdo”.

En el contrato se detalla que Chile se compromete a efectuar la compra de la vacuna contra el Covid-19 disponible en Covax cuando esté disponible, a través del Fondo Rotatorio de la OPS. En este caso sí aparece el monto involucrado en la operación: US$ 23.703.840. Estos tuvieron que ser depositados por el Estado de Chile en una cuenta del Citibank en Nueva York.

Por su parte, el laboratorio Janssen tarjó todas las cifras en su contrato, asegurando que la información proporcionada al gobierno reviste el carácter de “secreto comercial”.

Una de sus cláusulas del contrato estableció que “el gobierno comprador reconoce y acepta que la información es confidencial y propiedad exclusiva de Janssen y no debe ser divulgada a terceros en virtud de la legislación de acceso a la información y, como tal, el gobierno comprador tomará todas las medidas razonables para evitar la divulgación de cualquier información bajo dicha legislación”.

Al respecto, el director ejecutivo de la ONG Chile Transparente, Alberto Precht, explicó que esto no sería aplicable, pues por sobre ello está la Ley 20.285 y el artículo octavo de la Constitución Política de Chile. A su juicio, el acceso a mayor información sobre los contratos no pone en riesgo la salud de los chilenos, porque la reserva y el secreto es la excepción. “Lo que se debe determinar no es sólo la invocación de la causal de reserva, sino que se compruebe que puede afectarse, por ejemplo, el interés nacional o algún tipo de información sensible que afecte a terceros”.

Los últimos meses han sido intensos para el equipo del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Llamados a última hora de la noche con altos ejecutivos de farmacéuticas y viajes fuera de Chile forman parte de la bitácora del funcionario, cuyo trabajo resultó clave en la estrategia para conseguir las vacunas.

El equipo de Cancillería que ha sostenido las reuniones con los laboratorios es liderado por Yáñez. Le siguen la asesora del gabinete Bárbara Vallejos y Felipe Tagle, asistente de derecho internacional de la División de Asuntos Jurídicos. Además de la directora de dicha división, Eliana Muñoz. Hasta marzo de este año, el abogado Diego García también integró el grupo; ese mes lo dejó al asumir como encargado de Asuntos Legales de la embajada de Chile en Países Bajos.

También a través de una petición de Ley de Transparencia, La Tercera accedió al listado de reuniones que ha sostenido el subsecretario Yáñez y que no figuran en el Portal de Ley de Lobby, porque han sido solicitadas por la autoridad. En total son 42 videoconferencias realizadas entre 11 de agosto de 2020 al 21 de enero de 2021.

En el listado figuran encuentros con laboratorios con los que Chile no cuenta con acuerdos comerciales, como Arcturus Therapeutics, Novavax, SerumInstitute of India, Gamaleya, CureVac y Moderna. En el caso de esta última la situación podría cambiar en las próximas semanas: el gobierno evalúa adquirir entre seis y 10 millones de vacunas a la farmacéutica estadounidense.

La eventual transacción que se cerraría en las próximas dos semanas dependerá de las directrices que fije el Minsal sobre la aplicación de una tercera dosis.

En paralelo, el equipo de Cancillería está terminando una negociación con Pfizer que le permitirá al Estado de Chile ampliar su acuerdo de compra de vacunas. Esto también está supeditado a las órdenes del Minsal, que debe fijar la población que será vacunada con una nueva dosis y los plazos.

Si bien la subsecretaria Daza ha señalado septiembre como una fecha tentativa para iniciar los refuerzos en los grupos de riesgo -como adultos mayores-, fuentes de Salud aseguran que esta definición será antes, hacia fines de agosto.