Reuniones suspendidas y tensiones internas en el oficialismo marcaron el despliegue del gobierno esta semana en el Congreso. A las complejas negociaciones por el acuerdo de la mesa de la Cámara de Diputados, y que tiene en vilo la opción de que la testera sea liderada por Karol Cariola (PC), se sumaron otros episodios que dejaron en un pie incómodo al Ejecutivo.

Un clima que preocupa a La Moneda y que -admiten- dependerá en gran parte de cómo se resuelva el pacto administrativo, pero que saben que deben revertir justamente cuando están a días de ingresar la reforma de pensiones en un Parlamento sin mayorías.

Los ejes del proyecto -que fueron reafirmados ayer tras el consejo de gabinete que lideró el Presidente Gabriel Boric- ya han recibido críticas desde la oposición, desde donde piden al Ejecutivo que el 6% de cotización adicional vaya a las cuentas individuales y no a un fondo colectivo. Por eso, el gobierno llamó ayer a un debate con altura de miras y recalcó que la “tercera es la vencida”.

“Estamos hoy día acá ad portas de un momento bien relevante para nuestro gobierno (...), y es el ingreso de una de las reformas más importantes para todos los chilenos y chilenas, que es la reforma de pensiones”, dijo ayer el Mandatario, al inicio del encuentro con sus ministros.

Un tenso almuerzo tuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá, con la bancada de diputados del PC este martes. Para nadie es un secreto que sus parlamentarios han prorrogado el estado de excepción en la Macrozona Sur a contrapelo de sus convicciones. Pero esta semana, cuando el gobierno propuso una décima extensión, la paciencia de los legisladores se agotó.

Si bien el Ejecutivo se ha acostumbrado a cuestionamientos que durante todo este año han hecho figuras como Lorena Pizarro, esta vez el golpe vino de figuras más “moderadas” de la colectividad oficialista. La incomodidad la manifestó la diputada Alejandra Placencia. “A casi ocho meses de instalado el gobierno, el uso del estado de excepción es una medida que se ha vuelto permanente y no es algo que nos parece positivo”, dijo.

Pero no fue el único momento incómodo que vivió Tohá en su paso por el Parlamento. Los diputados Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI) se restaron de una reunión que había convocado la secretaria de Estado para abordar un acuerdo transversal por la seguridad. El gesto tenía un objetivo: entregar una señal de distancia por los reparos que tiene el sector respecto del plan de La Moneda para enfrentar la crisis. En la derecha cuestionan que el gobierno no le ponga urgencia a iniciativas que ya están en el Parlamento, como la reforma a la Ley Antiterrorista.

La querella interpuesta por la Comisión Chilena de DD.HH. y víctimas del estallido social en contra del exdirector del INDH Sergio Micco también provocó tensiones entre la oposición y el gobierno.

Un proyecto de resolución impulsado por la UDI -y que terminó siendo aprobado por la sala de la Cámara Baja- para “respaldar al señor Micco ante la injusta e ideologizada querella”, fue duramente criticado por la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres), generando un tenso intercambio con la colectividad liderada por el senador Javier Macaya.

La secretaria de Estado -y vínculo del Ejecutivo con el Congreso- lamentó una acción que calificó como “irrespetuosa” respecto del gobierno y el propio Presidente Boric. “No hay una falta de respeto en exponer hechos que son de público conocimiento”, dijo el líder de la tienda de Suecia, respuesta a la que se sumaron diputados impulsores de la ofensiva.

Uriarte -además- tuvo roces con la oposición por el activo rol que ha asumido para salvar la presidencia de la Cámara de Diputados.

Las gestiones directas que ha realizado Uriarte con distintos sectores del Congreso generó molestia en Chile Vamos y así lo hicieron saber al gobierno (ver página 25).

La propia Uriarte, sin embargo, ha dicho que se jugará su capital político para que la administración de la corporación quede en manos del oficialismo y el acuerdo se cumpla. Un revés en ese objetivo haría más complejo aún para el Ejecutivo llevar adelante sus reformas, como la tributaria, que ya ha enfrentado escollos durante su tramitación.

Una indicación de la oposición obligó al gobierno a dilatar la tramitación del posnatal de emergencia. En un afán de extender la medida un mes más de lo propuesto por el Ejecutivo, es decir, hasta el 31 de diciembre, diputadas de Chile Vamos repusieron en sala una indicación que evitó que la medida fuera despachada.

La ofensiva opositora complicó la idea original del gobierno, que era aprobar el texto no solo en general -como ocurrió-, sino que también en su contenido particular. Para evitar que esa votación en sala se enredara, el Ejecutivo optó por retirarle la urgencia inmediata al proyecto, que tendrá que volver a comisión.

El hecho generó duros enfrentamientos entre la derecha -que acusó al gobierno de un “feminismo de cartón”- y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La secretaria de Estado demandó a Chile Vamos a no generar expectativas en las madres cuando el financiamiento del proyecto está asegurado solo hasta la fecha propuesta por el gobierno (20 de noviembre). Eso sí, se mostró abierta al diálogo para lograr un nuevo acuerdo en los plazos solicitados.

Otro traspié que lamentó Palacio fue la aprobación de la moción de censura en contra de la diputada Consuelo Veloso (RD) en su cargo de presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Gloria Naveillán (independiente-PDG) y René Alinco (Independiente-PPD) respaldaron la ofensiva de la UDI para remover a la frenteamplista, tensionando al oficialismo.

De hecho, desde el PPD, como medida de sanción, le quitó el cupo a Alinco en esa comisión y también en la de Obras Públicas.

Así, en el Ejecutivo reconocen que están en un escenario adverso, pero apuestan a darlo vuelta en las próximas semanas. b